Por Nicolás García Pedrajas
En los últimos tiempos la deriva hacia el racismo del Partido Popular era más que evidente. Desde la afirmación de que los inmigrantes no están cualificados ni siquiera para tomar una comanda del dirigente Arias Cañete [1], las repetidas acusaciones ridículas de que colapsan la educación o la sanidad, o el contrato de integración, toda la política del PP en el tema de la inmigración se basa en la criminalización del inmigrante, fomentando el odio al extranjero, que viene a robarnos el trabajo y aprovecharse de nuestro sistema educativo y sanitario.
Hasta ahora, estas acusaciones se hacían más o menos veladamente para evitar acusaciones de racismo. Sin embargo, Mariano Rajoy ha traspasado la línea de las alusiones equívocas, para situarse a la cabeza de la manifestación racista. Con sus declaraciones poniendo en cuestión el derecho de los inmigrantes a las prestaciones de desempleo y contraponiendo el paro de los españoles al cobro de estas prestaciones, no hay vuelta atrás, el PP es el partido del racismo.
Negar a un trabajador el derecho a una prestación social como la educación, la sanidad, o, ahora, el seguro de desempleo, a la que tiene derecho porque ha contribuido con sus impuestos, es simplemente negarle el derecho a ser un ciudadano más. Es considerarlo poco más que un esclavo, que tiene derecho a trabajar cuando se le necesita y a morirse de hambre cuando no.
Da usted asco Sr. Rajoy.
[1] http://www.elpais.com/articulo/espana/Arias/Canete/mano/obra/inmigrante/cualificada/hay/camareros/elpepuesp/20080207elpepunac_3/Tes
miércoles, 17 de diciembre de 2008
Opinión e información
Por Jesús García Pedrajas
En un nuevo alarde de objetividad y valentía informativa, el diario PUBLICO nos obsequia en su edición del día 20 de Septiembre con un número cercano al monográfico sobre el presidente venezolano, Hugo Chávez. En su afán informativo acerca de la noticia de la expulsión de la organización Human Rigths Watch, incluye en la misma página, una noticia crítica con la decisión del presidente, una entrevista con el subdirector de la organización y un artículo de opinión, tal vez no sea necesario afirmar que dicho artículo también censura al mandatario venezolano.
Simplemente veamos cada uno de estos tres elementos con tranquilidad; en primer lugar, la noticia de la expulsión de la ONG: podemos observar que entre el titular (“Chávez expulsa a Human Rights Watch por sus críticas”) y el encabezado (“La ONG dice que el presidente ha deteriorado las garantías democráticas”) nos encontramos con la opinión del periódico y de la agencia, pero no la del gobierno venezolano, al que se le hace, en la persona de su presidente, simple sujeto de la acción, y mostrando como causas de dicha acción la opinión del autor/es del artículo. La noticia, por otra parte aparece firmada por dos autores (“Agencias/I.Coello”) y dos lugares (“Caracas/Madrid”), no quedando claro, en ningún momento, qué parte de la misma pertenece a la información obtenida de las agencias (que tampoco se especifican) y cuál al autor persona física del artículo, sin poder establecer tampoco si se trata de un corresponsal (que ha viajado o trabaja en Caracas), si el autor reside en Madrid, o si hace ambas cosas; del mismo modo, no podemos saber si la agencia de noticias es española o venezolana. Desde luego, se trata de ejemplo claro de transparencia informativa. La noticia destaca como uno de las críticas principales del informe causante de la misma, la falta de separación de poderes, debido a la presunta elección de jueces afectos al presidente Chávez; es cuando menos curioso que esa crítica se haga desde un periódico español, donde acabamos de asistir al reparto amable de puestos en el CGPJ entre los principales partidos del gobierno y oposición.
En segundo lugar tenemos la entrevista con el subdirector de la ONG: no nos queda duda de que es la primera vez (y sobre todo en Latinoamérica) que alguien se atreve a expulsarlos de un país, dicha ONG, con sede en New York no debe de estar acostumbrada a ser expulsada del conocido como “patio trasero de EEUU”, principalmente en los últimos 50 años, empezando con el apoyo estadounidense al golpe de estado en Guatemala contra el presidente Jacobo Arbenz y terminando, por ahora, con el no menos declarado apoyo (público) y ayuda (privada) al golpe de estado en Venezuela en 2.002 por parte de la administración Bush. ¿Entenderemos como aceptable un informe hecho por una ONG venezolana sobre los abusos estadounidenses en Guantánamo? ¿Se considerarían válidas sus conclusiones? No podemos olvidar que este caso tan solo puede darse como hipótesis: el gobierno de EEUU no parece dispuesto a dejar que sus acciones en su país y fuera del mismo sufran ningún tipo de auditoría; tampoco permite que ningún gobierno extranjero financie agencias en su territorio (podemos entender que este territorio es el mundo entero), y que lo que el gobierno de EEUU puede hacer libremente es considerado una “injerencia en la política interna de un país” si lo intenta hace otro gobierno.
Por último tenemos el artículo de, en este caso completamente admisible, opinión, en el que autor hace de nuevo referencia a las declaraciones del director de la sección americana de HRW y, en ningún caso, considera necesario ofrecer la misma oportunidad al gobierno venezolano. Como continuación tiende a igualar las acciones del presidente Bush (suponemos que se refiera a la invasión de Irak, la de Afganistán, los embargos económicos, el bloqueo de resoluciones de la ONU, etc.) con las de su homólogo venezolano (…), dejando más o menos claro que el presidente Chávez se inventa un Némesis necesario en la persona del mandatario estadounidense, entendemos por que nunca hemos tenido noticia de intervenciones directas e indirectas del gobierno de EEUU en loas países latinoamericanos. El artículo también parece estar algo incompleto cuando habla del “cuento del lobo sin lobo”, en referencia a la denuncia del gobierno venezolano de intentos de golpe de estado alentados y apoyados por su vecino del norte: el golpe de estado de Abril de 2.002 no parece contar para el autor, tal vez sólo cuenten los golpes de estado realizados con éxito. A juicio personal del autor queda también la importancia internacional de las decisiones del presidente Chávez, por nuestra parte estamos seguros que es mucho mayor, sobre todo en el ámbito latinoamericano, de lo que el gobierno de EEUU desearía.
Enlace a la noticia original el la edición de PUBLICO en Internet:
http://www.publico.es/internacional/152609/chavez/expulsa/dirigentes/human/right/watch/criticar
En un nuevo alarde de objetividad y valentía informativa, el diario PUBLICO nos obsequia en su edición del día 20 de Septiembre con un número cercano al monográfico sobre el presidente venezolano, Hugo Chávez. En su afán informativo acerca de la noticia de la expulsión de la organización Human Rigths Watch, incluye en la misma página, una noticia crítica con la decisión del presidente, una entrevista con el subdirector de la organización y un artículo de opinión, tal vez no sea necesario afirmar que dicho artículo también censura al mandatario venezolano.
Simplemente veamos cada uno de estos tres elementos con tranquilidad; en primer lugar, la noticia de la expulsión de la ONG: podemos observar que entre el titular (“Chávez expulsa a Human Rights Watch por sus críticas”) y el encabezado (“La ONG dice que el presidente ha deteriorado las garantías democráticas”) nos encontramos con la opinión del periódico y de la agencia, pero no la del gobierno venezolano, al que se le hace, en la persona de su presidente, simple sujeto de la acción, y mostrando como causas de dicha acción la opinión del autor/es del artículo. La noticia, por otra parte aparece firmada por dos autores (“Agencias/I.Coello”) y dos lugares (“Caracas/Madrid”), no quedando claro, en ningún momento, qué parte de la misma pertenece a la información obtenida de las agencias (que tampoco se especifican) y cuál al autor persona física del artículo, sin poder establecer tampoco si se trata de un corresponsal (que ha viajado o trabaja en Caracas), si el autor reside en Madrid, o si hace ambas cosas; del mismo modo, no podemos saber si la agencia de noticias es española o venezolana. Desde luego, se trata de ejemplo claro de transparencia informativa. La noticia destaca como uno de las críticas principales del informe causante de la misma, la falta de separación de poderes, debido a la presunta elección de jueces afectos al presidente Chávez; es cuando menos curioso que esa crítica se haga desde un periódico español, donde acabamos de asistir al reparto amable de puestos en el CGPJ entre los principales partidos del gobierno y oposición.
En segundo lugar tenemos la entrevista con el subdirector de la ONG: no nos queda duda de que es la primera vez (y sobre todo en Latinoamérica) que alguien se atreve a expulsarlos de un país, dicha ONG, con sede en New York no debe de estar acostumbrada a ser expulsada del conocido como “patio trasero de EEUU”, principalmente en los últimos 50 años, empezando con el apoyo estadounidense al golpe de estado en Guatemala contra el presidente Jacobo Arbenz y terminando, por ahora, con el no menos declarado apoyo (público) y ayuda (privada) al golpe de estado en Venezuela en 2.002 por parte de la administración Bush. ¿Entenderemos como aceptable un informe hecho por una ONG venezolana sobre los abusos estadounidenses en Guantánamo? ¿Se considerarían válidas sus conclusiones? No podemos olvidar que este caso tan solo puede darse como hipótesis: el gobierno de EEUU no parece dispuesto a dejar que sus acciones en su país y fuera del mismo sufran ningún tipo de auditoría; tampoco permite que ningún gobierno extranjero financie agencias en su territorio (podemos entender que este territorio es el mundo entero), y que lo que el gobierno de EEUU puede hacer libremente es considerado una “injerencia en la política interna de un país” si lo intenta hace otro gobierno.
Por último tenemos el artículo de, en este caso completamente admisible, opinión, en el que autor hace de nuevo referencia a las declaraciones del director de la sección americana de HRW y, en ningún caso, considera necesario ofrecer la misma oportunidad al gobierno venezolano. Como continuación tiende a igualar las acciones del presidente Bush (suponemos que se refiera a la invasión de Irak, la de Afganistán, los embargos económicos, el bloqueo de resoluciones de la ONU, etc.) con las de su homólogo venezolano (…), dejando más o menos claro que el presidente Chávez se inventa un Némesis necesario en la persona del mandatario estadounidense, entendemos por que nunca hemos tenido noticia de intervenciones directas e indirectas del gobierno de EEUU en loas países latinoamericanos. El artículo también parece estar algo incompleto cuando habla del “cuento del lobo sin lobo”, en referencia a la denuncia del gobierno venezolano de intentos de golpe de estado alentados y apoyados por su vecino del norte: el golpe de estado de Abril de 2.002 no parece contar para el autor, tal vez sólo cuenten los golpes de estado realizados con éxito. A juicio personal del autor queda también la importancia internacional de las decisiones del presidente Chávez, por nuestra parte estamos seguros que es mucho mayor, sobre todo en el ámbito latinoamericano, de lo que el gobierno de EEUU desearía.
Enlace a la noticia original el la edición de PUBLICO en Internet:
http://www.publico.es/internacional/152609/chavez/expulsa/dirigentes/human/right/watch/criticar
Monarquía y democracia
Por Nicolás García Pedrajas
El hecho de que la base de la monarquía, en cualquiera de sus formas, es profundamente antidemocrática es difícil de discutir. Defender que en una sociedad moderna el jefe del estado lo sea por línea hereditaria requiere de argumentos que provocan risa. El hecho mismo de la existencia del monarca hace necesaria la introducción de leyes que entran en conflicto con los pilares básicos de la democracia. Así, la constitución española declara que todos los españoles son iguales, pero a la vez asigna el título de jefe del estado a una familia concreta. De la misma manera, declara que todos los españoles somos iguales ante la ley y sin emabrgo elimina cualquier responsabilidad legal del rey. La aberración es de tal calibre, que en España si el rey públicamente cometiera un asesinato no sería perseguible y quedaría impune.
Una vez el origen divino de la monarquía no puede usarse como argumento de su legitimación, el choque entre la monarquía y la democracia se hace aún más evidente. Dados los endebles argumentos para mantener la monarquía, todo el tinglado se basa en hacer del rey una figura incuestionable, inmaculada, adornada de todas las gracias y méritos. Dado que una figura así simplemente no existe, y más en personas acostumbradas desde niños a obtener todos sus caprichos, se impone la censura como única forma de conseguirlo. Si el príncipe da un espectáculo lamentable en un aeropuerto de EE.UU., la noticia se ignora, si el rey tiene “amigos” poco recomendables del mundo de las finanzas, la noticia se ignora, que un programa de televisión basura se ocupa de la vida de las infantas, se elimina, y así con todo lo que puede afectar a esa imagen idílica de la monarquía.
En los años posteriores a la democracia el miedo produjo la autocensura en la prensa. Pero el problema que está surgiendo actualmente es una nueva generación que no vivió con Franco y que está perdiendo el miedo a criticar a la monarquía y al rey. Y ahí es donde surge la tensión entre la democracia y la monarquía. Ahí surgen las condenas por quemar fotos del rey, hacer chistes sobre el príncipe o criticar su papel como jefe del estado. En los últimos días se ha llegado incluso a imputar al alcalde de Puerto Real [1] por criticar al rey. ¿Se imaginan lo que ocurriría si se tratara de imputara un político por criticar al Presidente del Gobierno, o a un humorista gráfico por hacer una viñeta de un ministro?
La situación es sencilla, si se levanta la censura sobre la monarquía, se empezarán a conocer muchas cosas que acabarán con esa imagen idílica del rey. Y entonces, ¿cuánto durará la monarquía en España?
¡Salud y república!
[1] http://www.elpais.com/articulo/espana/alcalde/Puerto/Real/tilda/rey/crapula/deleznable/elpepuesp/20080424elpepunac_2/Tes
El hecho de que la base de la monarquía, en cualquiera de sus formas, es profundamente antidemocrática es difícil de discutir. Defender que en una sociedad moderna el jefe del estado lo sea por línea hereditaria requiere de argumentos que provocan risa. El hecho mismo de la existencia del monarca hace necesaria la introducción de leyes que entran en conflicto con los pilares básicos de la democracia. Así, la constitución española declara que todos los españoles son iguales, pero a la vez asigna el título de jefe del estado a una familia concreta. De la misma manera, declara que todos los españoles somos iguales ante la ley y sin emabrgo elimina cualquier responsabilidad legal del rey. La aberración es de tal calibre, que en España si el rey públicamente cometiera un asesinato no sería perseguible y quedaría impune.
Una vez el origen divino de la monarquía no puede usarse como argumento de su legitimación, el choque entre la monarquía y la democracia se hace aún más evidente. Dados los endebles argumentos para mantener la monarquía, todo el tinglado se basa en hacer del rey una figura incuestionable, inmaculada, adornada de todas las gracias y méritos. Dado que una figura así simplemente no existe, y más en personas acostumbradas desde niños a obtener todos sus caprichos, se impone la censura como única forma de conseguirlo. Si el príncipe da un espectáculo lamentable en un aeropuerto de EE.UU., la noticia se ignora, si el rey tiene “amigos” poco recomendables del mundo de las finanzas, la noticia se ignora, que un programa de televisión basura se ocupa de la vida de las infantas, se elimina, y así con todo lo que puede afectar a esa imagen idílica de la monarquía.
En los años posteriores a la democracia el miedo produjo la autocensura en la prensa. Pero el problema que está surgiendo actualmente es una nueva generación que no vivió con Franco y que está perdiendo el miedo a criticar a la monarquía y al rey. Y ahí es donde surge la tensión entre la democracia y la monarquía. Ahí surgen las condenas por quemar fotos del rey, hacer chistes sobre el príncipe o criticar su papel como jefe del estado. En los últimos días se ha llegado incluso a imputar al alcalde de Puerto Real [1] por criticar al rey. ¿Se imaginan lo que ocurriría si se tratara de imputara un político por criticar al Presidente del Gobierno, o a un humorista gráfico por hacer una viñeta de un ministro?
La situación es sencilla, si se levanta la censura sobre la monarquía, se empezarán a conocer muchas cosas que acabarán con esa imagen idílica del rey. Y entonces, ¿cuánto durará la monarquía en España?
¡Salud y república!
[1] http://www.elpais.com/articulo/espana/alcalde/Puerto/Real/tilda/rey/crapula/deleznable/elpepuesp/20080424elpepunac_2/Tes
La herencia franquista en el PP
Por Nicolás García Pedrajas
Esperanza Aguirre ha negado la relación de su partido con la dictadura [1] a la vez que acusaba al PSOE de reivindicar un pasado violento por tener en sus sedes retratos de líderes políticos de la República. Aparte de la barbaridad que significa comparar los simbolos franquistas con los representantes elegidos democráticamente por el pueblo durante la República, surge la pregunta obligada, ¿es verdad que el PP no es el heredero del franquismo? Para contestarla repasemos un poco la historia de sus líderes:
Manuel Fraga. Fundador del partido y aún hoy ocupando el cargo de Presidente Fundador. Fue ministro con Franco y también con el gobierno predemocrático después de la muerte del dictador. Sobre su relación con la dictadura no es necesario añadir mucho más, ya que ocupó cargos en la dictadura desde 1951.
Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia con Aznar, es hija de Jaime Mariscal de Gante [2], miembro del Tribunal de Orden Público y Director General del Régimen Jurídico de la Prensa con la dictadura.
Rafael Arias-Salgado Montalvo, ministro de Relaciones con las Cortes (1979-1980), ministro adjunto al Presidente (1980), ministro de la Presidencia (1980-1981), ministro de Administración Territorial (1981-1982). Su padre fue nombrado tras la guerra Gobernador civil de Salamanca. Ocupó posteriormente los cargos de Vicesecretario de Educación Popular y simultáneamente Delegado Nacional de Prensa y Propaganda de Falange Española Tradicionalista y de las JONS (1941-1946). También fue Ministro de Información y Turismo desde 1951 hasta 1962.
Pío Cabanillas Alonso, fue Ministro portavoz del Gobierno (2000-2002). Su padre, Pío Cabanillas Gallas, fue secretario en el Ministerio de Información y Turismo con Manuel Fraga y más tarde nombrado Ministro de Información y Turismo en el gobierno de Carlos Arias Navarro (1974).
Enrique Fernández Miranda, Delegado del Gobierno para la Inmigración con Aznar es hijo de Torcuato Fernández Miranda que fue Presidente del Gobierno interino con la dictadura en diciembre de 1973.
José Manuel Romay Beccaría, exministro de Sanidad y Consumo en el primer Gobierno Aznar. Romay ostentó en la dictadura franquista los cargos de secretario general de Sanidad (1963), director del Instituto de Estudios de Administración Local (1973), subsecretario del Ministerio de Presidencia de Gobierno (1974) y subsecretario del Ministerio de Gobernación (1975) [3].
Jesús Posada, exministro de Administraciones Públicas, es hijo de Jesús Posadas Cacho, gobernador cívil de Soria durante la dictudura.
Federico Trillo, exministro de defensa y uno de los personajes más relevantes dentro del actual PP. Su padre fue togado militar, alcalde Cartagena, procurador en las Cortes franquistas y gobernador civil de Teruel y Burgos.
José María Aznar, expresidente del Gobierno y actualmente presidente de honor del partido. Su abuelo, Manuel Aznar Zubigaray, ocupó durante la dictadura la Dirección de la Agencia EFE (1958), la embajada española de Marruecos (1962) y hasta su fallecimiento en 1975, la presidencia del Consejo de Administración de EFE. Recibió el premio de periodismo “Francisco Franco” (1939) y presidió la Asociación de la Prensa de Madrid (1955). Su padre, Manuel Aznar Acedo, fue director de la Red de Emisoras de Radio Nacional de España (RNE) (1962), subdirector general de Radiodifusión (1964) o director de la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televisión (1967) durante el Gobierno franquista [3].
Rita Barberá actual alcaldesa de Valencia. Su padre, José Barberá Armelles, fue director desde 1953 del periódico Jornada, fundado por el Movimiento Nacional en 1941. También en 1953 fue elegido por los periodistas valencianos presidente de la Asociación de la Prensa, cargo en el que se mantuvo durante 30 años [4].
Es obvio que ser hijo de un alto cargo de la dictadura no significa que se sea menos demócrata. Pero también es obvio que cuando en un partido político coinciden en sus altos cargos tantos personajes de familias totalmente vinculadas a la dictadura la posición del partido estará claramente sesgada en favor del franquismo.
Si a esto añadimos las declaraciones reiteradas de los dirigentes del PP negándose a condenar el franquismo, como Mayor Oreja que se negó a condenarlo [5] y defendió su “extraordinaria placidez”. O que Aznar escribía en 1979 en el periódico La Nueva Rioja: “Vientos de revancha son los que parecen traer algunos de los Ayuntamientos recientemente constituidos. Las calles dedicadas a Franco y a José Antonio lo estarán a partir de ahora a la Constitución. En Valencia la Plaza del Caudillo pasará a llamarse del País Valenciá. Y no hemos hecho más que empezar. Se dedican a borrar la historia.” De la misma forma Ana Botella comparaba la revolución obrera de Asturias en 1934 con el golpe de estado del 36. La alcaldesa de Valencia Rita Barberá a la vez trata de borrar las fosas comunes más grandes del franquismo, con más de 26.000 muertos estimados, con una pretendida reforma del cementerio de Valencia. Asimismo, el PP acusaba al gobierno de radical por retirar una estatua de Franco [6]. Muchos más ejemplos se pueden encontrar sin esfuerzo en cualquier hemeroteca.
Después de todo esto, ¿alguien duda de cuál es la respuesta a la pregunta del inicio de este artículo?
[1] http://www.publico.es/175684/aguirre/psoe/pasado/violento
[2] http://www.udel.edu/leipzig/texts/elb25066.html
/p>
[3] http://www.franjadigital.com/page.jsp?noticia=23435
[4] http://www.elpais.com/articulo/agenda/BARBERa_NOLLA/_RITA_/ALCALDESA_DE_VALENCIA/PP/Jose/Barbera/periodista/padre/alcaldesa/Valencia/elpepigen/19931006elpepiage_3/Tes
[5] http://www.lavozdegalicia.es/espana/2007/10/14/0003_6226393.htm
[6] http://www.elmundo.es/elmundo/2005/03/17/madrid/1111065718.html
Esperanza Aguirre ha negado la relación de su partido con la dictadura [1] a la vez que acusaba al PSOE de reivindicar un pasado violento por tener en sus sedes retratos de líderes políticos de la República. Aparte de la barbaridad que significa comparar los simbolos franquistas con los representantes elegidos democráticamente por el pueblo durante la República, surge la pregunta obligada, ¿es verdad que el PP no es el heredero del franquismo? Para contestarla repasemos un poco la historia de sus líderes:
Manuel Fraga. Fundador del partido y aún hoy ocupando el cargo de Presidente Fundador. Fue ministro con Franco y también con el gobierno predemocrático después de la muerte del dictador. Sobre su relación con la dictadura no es necesario añadir mucho más, ya que ocupó cargos en la dictadura desde 1951.
Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia con Aznar, es hija de Jaime Mariscal de Gante [2], miembro del Tribunal de Orden Público y Director General del Régimen Jurídico de la Prensa con la dictadura.
Rafael Arias-Salgado Montalvo, ministro de Relaciones con las Cortes (1979-1980), ministro adjunto al Presidente (1980), ministro de la Presidencia (1980-1981), ministro de Administración Territorial (1981-1982). Su padre fue nombrado tras la guerra Gobernador civil de Salamanca. Ocupó posteriormente los cargos de Vicesecretario de Educación Popular y simultáneamente Delegado Nacional de Prensa y Propaganda de Falange Española Tradicionalista y de las JONS (1941-1946). También fue Ministro de Información y Turismo desde 1951 hasta 1962.
Pío Cabanillas Alonso, fue Ministro portavoz del Gobierno (2000-2002). Su padre, Pío Cabanillas Gallas, fue secretario en el Ministerio de Información y Turismo con Manuel Fraga y más tarde nombrado Ministro de Información y Turismo en el gobierno de Carlos Arias Navarro (1974).
Enrique Fernández Miranda, Delegado del Gobierno para la Inmigración con Aznar es hijo de Torcuato Fernández Miranda que fue Presidente del Gobierno interino con la dictadura en diciembre de 1973.
José Manuel Romay Beccaría, exministro de Sanidad y Consumo en el primer Gobierno Aznar. Romay ostentó en la dictadura franquista los cargos de secretario general de Sanidad (1963), director del Instituto de Estudios de Administración Local (1973), subsecretario del Ministerio de Presidencia de Gobierno (1974) y subsecretario del Ministerio de Gobernación (1975) [3].
Jesús Posada, exministro de Administraciones Públicas, es hijo de Jesús Posadas Cacho, gobernador cívil de Soria durante la dictudura.
Federico Trillo, exministro de defensa y uno de los personajes más relevantes dentro del actual PP. Su padre fue togado militar, alcalde Cartagena, procurador en las Cortes franquistas y gobernador civil de Teruel y Burgos.
José María Aznar, expresidente del Gobierno y actualmente presidente de honor del partido. Su abuelo, Manuel Aznar Zubigaray, ocupó durante la dictadura la Dirección de la Agencia EFE (1958), la embajada española de Marruecos (1962) y hasta su fallecimiento en 1975, la presidencia del Consejo de Administración de EFE. Recibió el premio de periodismo “Francisco Franco” (1939) y presidió la Asociación de la Prensa de Madrid (1955). Su padre, Manuel Aznar Acedo, fue director de la Red de Emisoras de Radio Nacional de España (RNE) (1962), subdirector general de Radiodifusión (1964) o director de la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televisión (1967) durante el Gobierno franquista [3].
Rita Barberá actual alcaldesa de Valencia. Su padre, José Barberá Armelles, fue director desde 1953 del periódico Jornada, fundado por el Movimiento Nacional en 1941. También en 1953 fue elegido por los periodistas valencianos presidente de la Asociación de la Prensa, cargo en el que se mantuvo durante 30 años [4].
Es obvio que ser hijo de un alto cargo de la dictadura no significa que se sea menos demócrata. Pero también es obvio que cuando en un partido político coinciden en sus altos cargos tantos personajes de familias totalmente vinculadas a la dictadura la posición del partido estará claramente sesgada en favor del franquismo.
Si a esto añadimos las declaraciones reiteradas de los dirigentes del PP negándose a condenar el franquismo, como Mayor Oreja que se negó a condenarlo [5] y defendió su “extraordinaria placidez”. O que Aznar escribía en 1979 en el periódico La Nueva Rioja: “Vientos de revancha son los que parecen traer algunos de los Ayuntamientos recientemente constituidos. Las calles dedicadas a Franco y a José Antonio lo estarán a partir de ahora a la Constitución. En Valencia la Plaza del Caudillo pasará a llamarse del País Valenciá. Y no hemos hecho más que empezar. Se dedican a borrar la historia.” De la misma forma Ana Botella comparaba la revolución obrera de Asturias en 1934 con el golpe de estado del 36. La alcaldesa de Valencia Rita Barberá a la vez trata de borrar las fosas comunes más grandes del franquismo, con más de 26.000 muertos estimados, con una pretendida reforma del cementerio de Valencia. Asimismo, el PP acusaba al gobierno de radical por retirar una estatua de Franco [6]. Muchos más ejemplos se pueden encontrar sin esfuerzo en cualquier hemeroteca.
Después de todo esto, ¿alguien duda de cuál es la respuesta a la pregunta del inicio de este artículo?
[1] http://www.publico.es/175684/aguirre/psoe/pasado/violento
[2] http://www.udel.edu/leipzig/texts/elb25066.html
/p>
[3] http://www.franjadigital.com/page.jsp?noticia=23435
[4] http://www.elpais.com/articulo/agenda/BARBERa_NOLLA/_RITA_/ALCALDESA_DE_VALENCIA/PP/Jose/Barbera/periodista/padre/alcaldesa/Valencia/elpepigen/19931006elpepiage_3/Tes
[5] http://www.lavozdegalicia.es/espana/2007/10/14/0003_6226393.htm
[6] http://www.elmundo.es/elmundo/2005/03/17/madrid/1111065718.html
Los republicanos y la crisis
C. Gabiria
Rebelión
Hacía años que el tiempo histórico no se aceleraba en nuestro país hasta el punto que estamos viendo en estos momentos. No hay duda que las noticias económicas modifican nuestra imagen de la actualidad por horas, si bien repitiendo todas un mismo patrón que refuerza aún más la angustia de millones de trabajadores. Sin embargo, en medio del fragor del desastre económico del capitalismo mundial, van asomando síntomas de que, a nivel interno, se desarrolla otro tipo de conflictos.
En efecto, la crisis económica está agudizando la sensación de inestabilidad y cambio en ámbitos muy diversos, a medida que pone en aprietos a cada vez más miles –millones– de trabajadores. Los ciudadanos van sufriendo en sus carnes las consecuencias de un modelo económico que, diseñado a la medida de unos pocos y a costa del endeudamiento de la inmensa mayoría, se nos quiso “vender” como «capitalismo popular» (1); ven la ineficacia de un Gobierno que llegó al poder envuelto en promesas de democracia y justicia social; y asisten, en fin, a una serie de dimes y diretes que, muy a pesar de sus protagonistas, van introduciendo dudas sobre más de una de las sacrosantas instituciones del régimen monárquico.
Porque no se puede decir que estemos viviendo una “crisis de hegemonía”, ni mucho menos, pero sí se está erosionando, de un tiempo a esta parte, la imagen de muchas instancias que hace unos años pretendían aparentar una solidez y credibilidad inquebrantables. Día a día, cualquier trabajador, ciudadano, mínimamente atento puede percibir los síntomas del derrumbamiento de los mitos de la Transición. Y es curioso, antes de nada, observar cómo al mismo tiempo se ha ido soterrando la que en los últimos años había sido la principal brecha en la estabilidad política del régimen: la cuestión de las nacionalidades. Ahora, en cambio, la necesidad de dar una respuesta cohesionada a la crisis económica ha puesto de acuerdo a las clases dominantes de los diferentes territorios, que han ido apagando fuegos hasta concluir con la aprobación de los Presupuestos del Estado. Un ejemplo de esa erosión que mencionábamos lo tenemos en la judicatura: sin duda, la inhibición de Garzón (que, por cierto, estaba “cantada”, vistos los términos de su investigación) respecto a las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas, y especialmente las presiones que ha recibido tanto desde la política como desde el propio cuerpo judicial, le habrá rechinado a más de uno: ¿no son los principios de Verdad, Justicia y Reparación asumidos sin discusión internacionalmente, en la resolución de casos similares (Latinoamérica, por ejemplo), pero cuantitativamente mucho menos significativos y, además, más próximos en el tiempo? De hecho, como señala Amnistía Internacional, el Ministerio Público no sólo no impulsa la investigación, sino que la obstaculiza (2).
Es posible que este amargo final fuera el deseado por sus protagonistas para consagrar la impunidad de los crímenes franquistas (3); pero ha dado alas a otras demandas que, incluso, podrían establecer jurídicamente la responsabilidad del Estado en ciertos episodios (4). Más allá de este importante conflicto de intereses, ha habido otros casos en que la magistratura se ha encontrado en el ojo del huracán. Por ejemplo, el examen a los candidatos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el Congreso, que el mismo diario “El País” calificó de «enjuague», por el bochornoso compadreo allí exhibido (5). También hay que mencionar, por tener un efecto sobre masas más amplias, la tremenda huelga llevada a cabo hace unos meses en los juzgados. O el televisivo “caso Mari Luz”, con el que, como en la huelga, se ha visto a las claras que, incluso al nivel puramente técnico (sin entrar en el carácter de nuestras leyes o en el personal que pulula en la judicatura), el hecho de que la justicia funcione mal (o que, para los trabajadores, simplemente no funcione) es un problema político. Veremos cómo lo resuelven en los próximos meses, cuando la crisis se agrave y la desesperación de muchos ciudadanos no halle más solución que la respuesta policial.
En cuanto a las Cortes, recientemente se publicó un informe acerca de las incompatibilidades que afectan a los diputados, donde se explicaba claramente por qué, una legislatura tras otra, son mayoría las sesiones de vacío casi total en el hemiciclo: sólo 45 de “sus señorías” se dedican en exclusiva a la tarea para la que fueron elegidos y por la que cobran unos emolumentos nada desdeñables (6). Habrá que ver cómo le sientan al trabajador parado, o a cualquier ciudadano en apuros, estas ausencias, en unos momentos en que todos miran con esperanza las diversas oposiciones para puestos públicos y cuando las magras economías se indignan más fácilmente contra todo signo de privilegio.
La misma monarquía ha visto cómo en poco tiempo iba perdiendo su aura de grandeza campechana, hasta el punto de tener que recurrir al secuestro de publicaciones para intentar detener ese deterioro. Ya no es sólo la prensa rosa la que ventila los problemas conyugales de los Borbones: incluso la reina, que ya según Patricia Sverlo es muy proclive a apoyar «las decisiones más militarotas», y seguramente animada por la rápida escalada carpetovetónica de los principales partidos del Congreso, no ha dudado en soltar últimamente toda la bilis reaccionaria que la carcomía contra el aborto, la homosexualidad y todo aquello que no entra en su aristocrática visión del mundo, lo que le ha hecho merecedora de una respuesta social inédita (7).
Además, recientemente se ha conocido un dato que enlaza con lo que comentábamos en el párrafo anterior: el Gobierno ha concedido 3,3 millones más a la Casa Real para emprender cambios en la Zarzuela, de los que 163.000 euros se destinarán a la reforma de la piscina (8). ¿Será por todo esto que no le están dando tanto bombo a la celebración del XXX aniversario de la Constitución del 78 como temíamos? A esta situación política, no crítica pero sí incómoda para la oligarquía, se suman movimientos más directamente relacionados con la crisis económica, pero que ponen en cuestión algunos principios del régimen. Por ejemplo, la previsible compra de una importante participación en Repsol-YPF por la rusa Lukoil ha dado paso a los vocingleros que claman por la conservación de esta empresa estratégica «en manos españolas»; y hemos asistido a una marea patriotera similar a propósito de la participación de R. Zapatero en la cumbre del G-20. Pero, ¿de qué patriotismo hablan estos vendepatrias? ¿Cómo se puede hablar de independencia nacional –como contempla el programa republicano de los Ocho Puntos–, dejando los sectores económicos más importantes en manos privadas, sean de la nacionalidad que sean? ¿Cómo se puede hablar del papel de España en las instituciones internacionales, cuando la desindustrialización de nacionalidades enteras, como Cataluña, se debe precisamente a los dictados de aquéllas? Sin duda, tanto “patriotismo” de cartón piedra responde a las necesidades del bloque de poder para afrontar la crisis, y a buen seguro una de las víctimas de ese desaforado españolismo será la población de origen inmigrante.
Por último, debemos hacer mención especial de los movimientos que, en los últimos meses, están surgiendo de las capas populares en defensa de los servicios públicos. Tanto en Madrid, como en Cataluña y el País Valenciano se están movilizando decenas de miles de personas para hacer frente a la degradación de la sanidad y la educación públicas, sobre todo, a lo que se une la movilización del sector del automóvil en Cataluña. A pesar de las “hipotecas” de ciertos sectores de la izquierda política y sindical en algunos casos, lo cierto es que en todas estas iniciativas se ve no sólo la resistencia a la marginación y privatización de lo público (una típica “solución” de las épocas de crisis, para salvar los muebles al capital); además, se está tomando conciencia de la necesidad de unificar luchas y reforzar los puntos de acuerdo y avance: los trabajadores de una marca con los de otra; los profesores con los padres y alumnos; médicos, enfermeros y usuarios… (9)
Pues bien, ¿qué hacemos los republicanos ante esto? No se nos escapa que todos los problemas que hemos ido apuntando están relacionados, de una manera u otra, con el Programa republicano: democracia, soberanía nacional, independencia respecto al imperialismo, República, memoria histórica, etc. Por tanto, una de nuestras tareas es denunciar y explicar la vinculación de todas esas cuestiones con el régimen político monárquico y su carácter caciquil y especulativo, que es la razón de nuestra demanda de un Estado republicano donde una nueva correlación de fuerzas permita a las clases populares recuperar la iniciativa. Pero no sólo eso: a los republicanos nos cabe intervenir, colaborar, “mojarnos” en todas las luchas populares, para contribuir a unificarlas (y, para ello, contamos con la Coordinadora Municipal Republicana), para señalar su carácter no sectorial, sino político, de manera que los pueblos de España tomen nuevamente conciencia de dónde ha estado su fuerza en todos los momentos clave de nuestra historia: en la unidad que les permita defender y hacer realidad sus legítimas aspiraciones.
Notas:
(1) En 2006, la Plataforma de Ciudadanos por la República editó un detallado documento sobre el problema de la vivienda, cuya relectura es muy clarificadora. En www.ciudadanosporlarepublica.info
(2) Público, 12/11/2008, en www.publico.es
(3) Véase la web de la asociación murciana Amigos de los Caídos por la Libertad (1939-1945), en www.galeon.com/murcia1939
(4) Nos referimos a las denuncias realizadas por el papel del Estado franquista en la deportación de republicanos españoles a los campos de exterminio nazis, como el “Convoy de los 927”, aprobado por Serrano Súñer.
(5) El País, 12/09/2008, en www.elpais.com
(6), El País, 27/10/2008, en www.elpais.com
(7) P. Sverlo, “Un rey golpe a golpe”, p. 155 de la edición en PDF. Público, 30/10/2008, en www.publico.es
(8) El Confidencial, 21/11/2008, en www.elconfidencial.com
(9) Véase las diferentes hojas publicadas por la Plataforma en www.ciudadanosporlarepublica.info
Rebelión
Hacía años que el tiempo histórico no se aceleraba en nuestro país hasta el punto que estamos viendo en estos momentos. No hay duda que las noticias económicas modifican nuestra imagen de la actualidad por horas, si bien repitiendo todas un mismo patrón que refuerza aún más la angustia de millones de trabajadores. Sin embargo, en medio del fragor del desastre económico del capitalismo mundial, van asomando síntomas de que, a nivel interno, se desarrolla otro tipo de conflictos.
En efecto, la crisis económica está agudizando la sensación de inestabilidad y cambio en ámbitos muy diversos, a medida que pone en aprietos a cada vez más miles –millones– de trabajadores. Los ciudadanos van sufriendo en sus carnes las consecuencias de un modelo económico que, diseñado a la medida de unos pocos y a costa del endeudamiento de la inmensa mayoría, se nos quiso “vender” como «capitalismo popular» (1); ven la ineficacia de un Gobierno que llegó al poder envuelto en promesas de democracia y justicia social; y asisten, en fin, a una serie de dimes y diretes que, muy a pesar de sus protagonistas, van introduciendo dudas sobre más de una de las sacrosantas instituciones del régimen monárquico.
Porque no se puede decir que estemos viviendo una “crisis de hegemonía”, ni mucho menos, pero sí se está erosionando, de un tiempo a esta parte, la imagen de muchas instancias que hace unos años pretendían aparentar una solidez y credibilidad inquebrantables. Día a día, cualquier trabajador, ciudadano, mínimamente atento puede percibir los síntomas del derrumbamiento de los mitos de la Transición. Y es curioso, antes de nada, observar cómo al mismo tiempo se ha ido soterrando la que en los últimos años había sido la principal brecha en la estabilidad política del régimen: la cuestión de las nacionalidades. Ahora, en cambio, la necesidad de dar una respuesta cohesionada a la crisis económica ha puesto de acuerdo a las clases dominantes de los diferentes territorios, que han ido apagando fuegos hasta concluir con la aprobación de los Presupuestos del Estado. Un ejemplo de esa erosión que mencionábamos lo tenemos en la judicatura: sin duda, la inhibición de Garzón (que, por cierto, estaba “cantada”, vistos los términos de su investigación) respecto a las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas, y especialmente las presiones que ha recibido tanto desde la política como desde el propio cuerpo judicial, le habrá rechinado a más de uno: ¿no son los principios de Verdad, Justicia y Reparación asumidos sin discusión internacionalmente, en la resolución de casos similares (Latinoamérica, por ejemplo), pero cuantitativamente mucho menos significativos y, además, más próximos en el tiempo? De hecho, como señala Amnistía Internacional, el Ministerio Público no sólo no impulsa la investigación, sino que la obstaculiza (2).
Es posible que este amargo final fuera el deseado por sus protagonistas para consagrar la impunidad de los crímenes franquistas (3); pero ha dado alas a otras demandas que, incluso, podrían establecer jurídicamente la responsabilidad del Estado en ciertos episodios (4). Más allá de este importante conflicto de intereses, ha habido otros casos en que la magistratura se ha encontrado en el ojo del huracán. Por ejemplo, el examen a los candidatos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el Congreso, que el mismo diario “El País” calificó de «enjuague», por el bochornoso compadreo allí exhibido (5). También hay que mencionar, por tener un efecto sobre masas más amplias, la tremenda huelga llevada a cabo hace unos meses en los juzgados. O el televisivo “caso Mari Luz”, con el que, como en la huelga, se ha visto a las claras que, incluso al nivel puramente técnico (sin entrar en el carácter de nuestras leyes o en el personal que pulula en la judicatura), el hecho de que la justicia funcione mal (o que, para los trabajadores, simplemente no funcione) es un problema político. Veremos cómo lo resuelven en los próximos meses, cuando la crisis se agrave y la desesperación de muchos ciudadanos no halle más solución que la respuesta policial.
En cuanto a las Cortes, recientemente se publicó un informe acerca de las incompatibilidades que afectan a los diputados, donde se explicaba claramente por qué, una legislatura tras otra, son mayoría las sesiones de vacío casi total en el hemiciclo: sólo 45 de “sus señorías” se dedican en exclusiva a la tarea para la que fueron elegidos y por la que cobran unos emolumentos nada desdeñables (6). Habrá que ver cómo le sientan al trabajador parado, o a cualquier ciudadano en apuros, estas ausencias, en unos momentos en que todos miran con esperanza las diversas oposiciones para puestos públicos y cuando las magras economías se indignan más fácilmente contra todo signo de privilegio.
La misma monarquía ha visto cómo en poco tiempo iba perdiendo su aura de grandeza campechana, hasta el punto de tener que recurrir al secuestro de publicaciones para intentar detener ese deterioro. Ya no es sólo la prensa rosa la que ventila los problemas conyugales de los Borbones: incluso la reina, que ya según Patricia Sverlo es muy proclive a apoyar «las decisiones más militarotas», y seguramente animada por la rápida escalada carpetovetónica de los principales partidos del Congreso, no ha dudado en soltar últimamente toda la bilis reaccionaria que la carcomía contra el aborto, la homosexualidad y todo aquello que no entra en su aristocrática visión del mundo, lo que le ha hecho merecedora de una respuesta social inédita (7).
Además, recientemente se ha conocido un dato que enlaza con lo que comentábamos en el párrafo anterior: el Gobierno ha concedido 3,3 millones más a la Casa Real para emprender cambios en la Zarzuela, de los que 163.000 euros se destinarán a la reforma de la piscina (8). ¿Será por todo esto que no le están dando tanto bombo a la celebración del XXX aniversario de la Constitución del 78 como temíamos? A esta situación política, no crítica pero sí incómoda para la oligarquía, se suman movimientos más directamente relacionados con la crisis económica, pero que ponen en cuestión algunos principios del régimen. Por ejemplo, la previsible compra de una importante participación en Repsol-YPF por la rusa Lukoil ha dado paso a los vocingleros que claman por la conservación de esta empresa estratégica «en manos españolas»; y hemos asistido a una marea patriotera similar a propósito de la participación de R. Zapatero en la cumbre del G-20. Pero, ¿de qué patriotismo hablan estos vendepatrias? ¿Cómo se puede hablar de independencia nacional –como contempla el programa republicano de los Ocho Puntos–, dejando los sectores económicos más importantes en manos privadas, sean de la nacionalidad que sean? ¿Cómo se puede hablar del papel de España en las instituciones internacionales, cuando la desindustrialización de nacionalidades enteras, como Cataluña, se debe precisamente a los dictados de aquéllas? Sin duda, tanto “patriotismo” de cartón piedra responde a las necesidades del bloque de poder para afrontar la crisis, y a buen seguro una de las víctimas de ese desaforado españolismo será la población de origen inmigrante.
Por último, debemos hacer mención especial de los movimientos que, en los últimos meses, están surgiendo de las capas populares en defensa de los servicios públicos. Tanto en Madrid, como en Cataluña y el País Valenciano se están movilizando decenas de miles de personas para hacer frente a la degradación de la sanidad y la educación públicas, sobre todo, a lo que se une la movilización del sector del automóvil en Cataluña. A pesar de las “hipotecas” de ciertos sectores de la izquierda política y sindical en algunos casos, lo cierto es que en todas estas iniciativas se ve no sólo la resistencia a la marginación y privatización de lo público (una típica “solución” de las épocas de crisis, para salvar los muebles al capital); además, se está tomando conciencia de la necesidad de unificar luchas y reforzar los puntos de acuerdo y avance: los trabajadores de una marca con los de otra; los profesores con los padres y alumnos; médicos, enfermeros y usuarios… (9)
Pues bien, ¿qué hacemos los republicanos ante esto? No se nos escapa que todos los problemas que hemos ido apuntando están relacionados, de una manera u otra, con el Programa republicano: democracia, soberanía nacional, independencia respecto al imperialismo, República, memoria histórica, etc. Por tanto, una de nuestras tareas es denunciar y explicar la vinculación de todas esas cuestiones con el régimen político monárquico y su carácter caciquil y especulativo, que es la razón de nuestra demanda de un Estado republicano donde una nueva correlación de fuerzas permita a las clases populares recuperar la iniciativa. Pero no sólo eso: a los republicanos nos cabe intervenir, colaborar, “mojarnos” en todas las luchas populares, para contribuir a unificarlas (y, para ello, contamos con la Coordinadora Municipal Republicana), para señalar su carácter no sectorial, sino político, de manera que los pueblos de España tomen nuevamente conciencia de dónde ha estado su fuerza en todos los momentos clave de nuestra historia: en la unidad que les permita defender y hacer realidad sus legítimas aspiraciones.
Notas:
(1) En 2006, la Plataforma de Ciudadanos por la República editó un detallado documento sobre el problema de la vivienda, cuya relectura es muy clarificadora. En www.ciudadanosporlarepublica.info
(2) Público, 12/11/2008, en www.publico.es
(3) Véase la web de la asociación murciana Amigos de los Caídos por la Libertad (1939-1945), en www.galeon.com/murcia1939
(4) Nos referimos a las denuncias realizadas por el papel del Estado franquista en la deportación de republicanos españoles a los campos de exterminio nazis, como el “Convoy de los 927”, aprobado por Serrano Súñer.
(5) El País, 12/09/2008, en www.elpais.com
(6), El País, 27/10/2008, en www.elpais.com
(7) P. Sverlo, “Un rey golpe a golpe”, p. 155 de la edición en PDF. Público, 30/10/2008, en www.publico.es
(8) El Confidencial, 21/11/2008, en www.elconfidencial.com
(9) Véase las diferentes hojas publicadas por la Plataforma en www.ciudadanosporlarepublica.info
martes, 16 de diciembre de 2008
Espiral de silencio ante los vuelos de la CIA en España
Atropellos a las libertades bajo el paraguas de la guerra contra el terrorismo
Roberto Montoya
Safe Democracy Foundation
Conozca qué se esconde tras los supuestos desconocimientos de las autoridades españolas en torno a los polémicos vuelos de la CIA sobre territorio español.
EL PASADO DÍA 6 DE DICIEMBRE los dirigentes de los principales partidos políticos españoles dejaron por un momento de lado sus batallas políticas cotidianas para brindar juntos con coincidentes palabras grandilocuentes sobre las cualidades de la democracia, al celebrarse el 30º aniversario de la Constitución de 1978, considerada por la inmensa mayoría de la población como un mojón clave en la recuperación de la democracia.
Pocos días después, el 10 de diciembre algunos de ellos volverían a coincidir en sus loas a un avance democrático de trascendencia histórica aún mayor, mundial, al cumplirse el 60º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas, tal día de 1948. Como digno homenaje a tal acontecimiento, el Gobierno de Rodríguez Zapatero anunciaba además un proyecto incluyendo 172 medidas de defensa a los derechos humanos y entre ellas importantes garantías para que se aplique un trato humanitario a todos los presos en España.
Los partidos mayoritarios españoles, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), hacían así una tregua temporal antes de iniciar lo que muchos auguraban como la apertura de un nuevo tema de enfrentamiento, visto el primer cruce de acusaciones mutuas que había tenido lugar pocos días antes entre los dos partidos. En este caso no afectaba a la polémica abierta por la ley de la Memoria Histórica, sino a otra página negra de la historia de España, pero a una historia recientísima. A esa página en la que se vio salpicada de lleno –desde enero de 2002 hasta 2007 al menos– por los métodos ilegales utilizados por la Administración Bush en su cruzada planetaria contra el terror.
Si se celebrara el próximo 12 de agosto el 50º aniversario de la promulgación de los Cuatro Convenios de Ginebra, seguramente los máximos dirigentes políticos volverían a hacer elogios a la democracia, al derecho humanitario internacional… y al respeto de los prisioneros que éstas consagran. Y lo harían seguramente con sinceridad, sin sentir ni por un momento que la defensa de esas importantes conquistas de la humanidad es contradictoria con mantener una actitud cómplice con la guerra sucia de Estados Unidos, ni con los derechos conculcados a los prisioneros clandestinos transportados en esos aviones que pasaron por España. En definitiva, ser cómplices con el terrorismo de Estado estadounidense aplicado fuera de sus fronteras.
Hasta hoy tanto el PSOE como el PP habían mantenido un pacto de silencio sobre un tema tan embarazoso como ése y, todo apunta a que ambos intenten evitar que el tema se descontrole, a pesar de su duro cruce de acusaciones.
LOS VUELOS DE LA DISCORDIA
La vuelta al hemiciclo del tema de los vuelos de la CIA se originó por la aparición a inicios de diciembre en la prensa de una prueba documental clave, que reabrió la polémica surgida en 2005 y que parecía cerrada para siempre. El Gobierno del PP puso en marcha ya desde 2001 la colaboración con Estados Unidos que permitió sin más la utilización de los aeropuertos españoles para escalas de aviones transportando prisioneros clandestinos, pero el Gobierno del PSOE no la cortó ni denunció cuando llegó al poder en 2004, sino que la continuó al menos hasta 2007.
La prueba aparecida ahora con el sello de Muy secreto, es la carta que el entonces director general de Política Exterior para América del Norte y Seguridad y Desarme, Miguel Aguirre de Cárcer, dirigiera al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en la que le notificaba que el consejero político militar de la embajada de Estados Unidos le había solicitado autorización para posibles escalas de emergencia de sus aviones que transportaban prisioneros talibán o de Al Qaeda hacia la base de Guantánamo. Cárcer, quien actualmente es embajador especial para Asuntos de Desarme, notificó igualmente a Javier Jiménez-Ugarte, entonces secretario general de Política de Defensa y mano derecha del ministro de Defensa, Federico Trillo, hoy día responsable del PP en temas de política antiterrorista.
La carta es del 10 de enero de 2002, precisamente en vísperas de que la opinión pública mundial se conmocionara al conocer las fotografías de esos prisioneros que habían pasado por el espacio aéreo español. A estos se los veía arrodillados y maniatados frente a sus celdas al aire libre, enfundados en monos naranja, con mascarillas quirúrgicas, gafas ciegas, grotescos guantes y orejas tapadas, siguiendo la táctica de insensibilidad sensorial.
Cárcer notificó igualmente del reclamo de la embajada de Estados Unidos al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Miquel Nadal y Ramón Gil-Casares, director del departamento de Internacional y Seguridad del Gabinete del presidente del Gobierno, José María Aznar.
A través de la carta mencionada y otros memorandos conocidos ahora, se confirma la unánime respuesta positiva dada al reclamo de Estados Unidos y cómo se discutió al más alto nivel sobre cuáles eran los aeropuertos que podrían resultar más discretos. Se llegó a la conclusión que los más idóneos eran los de las bases militares de uso conjunto con Estados Unidos existentes en España.
LA GUERRA CONTRA EL TERROR
Ya para el momento en que se realizó ese primer vuelo a Guantánamo, organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Human Rights Watch habían denunciando en varios informes los atropellos que bajo el paraguas de la guerra contra el terror venía cometiendo Estados Unidos desde el 11-S; tanto abusos, detenciones arbitrarias y deportaciones de numerosos inmigrantes de origen musulmán que residían en el propio territorio estadounidense, como abusos y daños colaterales mortales entre la población civil afgana como consecuencia de los masivos bombardeos contra el régimen de Kabul.
Por otro lado, a pesar de ser la de Afganistán una operación militar en la que participaban numerosos países, Estados Unidos unilateralmente había decidido trasladar a una parte de los prisioneros capturados allí al limbo legal de su prisión en Guantánamo.
A ese vuelo de enero de 2002 le seguirían numerosos más, con escalas fundamentalmente en aeropuertos civiles (Vigo, Santiago, Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid-Barajas, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife y Valencia) pero también, presumiblemente, en los aeropuertos de las bases militares de Rota y Morón de la Frontera. El mundo entero iba conociendo mientras tanto que cientos de prisioneros de 40 nacionalidades diferentes se agolpaban en Guantánamo, donde permanecían privados de todo tipo derechos, sometidos a extenuantes interrogatorios y torturas. En 2002 el Gobierno de Aznar envió ya agentes a interrogar a al menos 13 detenidos, que una y otra vez denunciaban ante ellos las situaciones extremas a las que estaban sometidos.
Según testimonios de algunas de las víctimas, algunas de esas visitas de agentes españoles se produjeron incluso tras el cambio de Gobierno de 2004, bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Posteriores investigaciones exhaustivas de comisiones del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo lograron confirmar que los aviones de la CIA hicieron más de 1.200 escalas en aeropuertos europeos, decenas de ellas en España.
LA COLABORACIÓN DEL PSOE
En el caso del Gobierno de José María Aznar, esa fluida colaboración se inscribía dentro de la nunca negada afinidad total con la política exterior y antiterrorista de George W. Bush, manifestada abiertamente desde los primeros pasos de andadura de la Administración de éste, a partir del 20 de enero de 2001, casi ocho meses antes del 11-S. Nada de extraño; fue una política de apoyo acrítico, ratificada luego ante la guerra de Irak y justificada incluso luego, mucho después de que se revelaran todas las mentiras inventadas por la Administración Bush para justificar la invasión.
En el caso del PSOE evidentemente las razones eran otras. Ni bien llegar al poder en marzo de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero cumplió con su promesa de retirar las tropas de Irak, lo que provocó la ira de la Casa Blanca y el enfriamiento total de las relaciones entre ambos países. El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero cambiaba así drásticamente la postura que había mantenido otro gobierno socialista anterior, el de Felipe González, frente a la primera de guerra contra Sadam Husein, la Guerra del Golfo, durante 1990-91.
Desde que el primer Gobierno de González, a inicios de los 80, había dejado de lado uno de los lemas de su campaña electoral, ¡¡OTAN no, bases fuera!!, incorporando a España en la OTAN y teniendo hasta a uno de sus dirigentes como secretario general, Javier Solana, la colaboración del PSOE con Estados Unidos en materia de política exterior había sido inmejorable.
Muchos han querido ver precisamente en la continuidad de los vuelos de la CIA durante la época Zapatero, un intento de éste por no irritar más a un aliado tan poderoso como Estados Unidos después de la retirada de las tropas españolas de Irak, para tratar de volver a la normalidad.
Simplemente José Bono, quien sustituiría durante el primer Gobierno de Zapatero en Defensa a Federico Trillo, renovaría sin más el Protocolo de Enmienda al Convenio de Cooperación para la Defensa firmado el 10 de abril de 2002 por Federico Trillo y Donald Rumsfeld en nombre de España y Estados Unidos respectivamente. Ese documento oficializaba en parte de su articulado el no control a las operaciones estadounidenses en territorio español.
Bono y Rumsfeld reactivaron en 2005 en Washington el Comité Bilateral de Alto Nivel creado entre los dos países en 2002 y se estableció una agenda de reuniones periódicas entre ambos.
EL VINCULO ESPAÑOL CON LAS EXTRAORDINARY RENDITIONS
Desde que la trama española de esos vuelos, de esas extraordinary renditions –como llama Estados Unidos a su programa– se destapó a inicios de 2005, el PSOE y el PP cerraron filas para impedir que prosperara una investigación que afectaba a ambos gobiernos.
Estas escalas tuvieron lugar entre enero de 2002 y al menos hasta ya entrado 2007. A pesar de que, en el caso de las escalas en aeropuertos civiles, la CIA utilizara aviones civiles de distinto tipo y matrículas cambiantes, registrados a nombre de empresas fantasma como Premier Executive Transport Services Inc. y otras (al menos 27 de esos aparatos quedaron fichados), su paso por España –como por muchos otros países– dejaron su rastro en los archivos de las autoridades aeroportuarias.
Esta operación encubierta de la CIA, complementaria de las actividades de las fuerzas armadas y otros servicios de Inteligencia estadounidenses, se puso en práctica pocas semanas después del 11-S, convirtiéndose en su programa estrella. Recuperaba las experiencias puntuales realizadas en distintos países ya en la era Clinton por la célula encargada de buscar y capturar a Osama bin Laden que dirigió el súper agente Michael Scheuer, quien lo reconocería con orgullo ante las cámaras de la CBS en 2004, días después de dejar la agencia tras 20 años de servicio.
Una importante investigación de Newsweek publicada el 28 de febrero de 2005 sobre el secuestro por parte de la CIA en Macedonia del alemán de origen libanés Jaled el-Masri, permitió descubrir, a través de la reconstrucción de los hechos realizada por éste tras ser liberado, que el avión camuflado que lo había trasladado desde Macedonia hasta Irak, había partido el día anterior del aeropuerto de Mallorca, el 23 de enero de 2003. Esa primera pista e investigaciones posteriores de periodistas de Mallorca, permitieron descubrir la trama española. Pronto se sabría que ese no era el primer caso, sino que por aeropuertos de Canarias y Mallorca habían pasado varios de los aparatos de la CIA que ya habían sido fichados en diferentes países como protagonistas en traslados de personas secuestradas, varias de ellas en suelo europeo.
ACUSACIONES DESDE EL GOBIERNO BALEAR
Un grupo de personas de Mallorca decidió presentar una denuncia judicial en marzo. La Fiscalía de Mallorca abrió una investigación el 16 de marzo de ese año. Dos días antes, el 14, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, presentaba varias preguntas al respecto al Gobierno a través de la Mesa del Congreso de los Diputados:
(…) ¿Ha solicitado el Gobierno de Estados Unidos autorización al Gobierno español para utilizar el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca) como base de las operaciones de secuestro de presuntos terroristas en aviones sin ningún tipo de garantías de cumplimiento de los derechos humanos? ¿Se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial la realización de las operaciones de secuestro de dos presuntos terroristas llevadas a cabo por la CIA en el aeropuerto de Son San Joan o cualquier otro aeropuerto nacional desde el año 2002 hasta la fecha para este tipo de secuestro? ¿Ha dado algún tipo de instrucción el Gobierno a la Fiscalía para abrir una investigación por la presunta vulneración de derechos humanos en las operaciones de secuestro llevadas a cabo por la CIA en aviones que utilizaban el aeropuerto de Son Sant Joan como base? (…).
En el escenario político de las islas Baleares el tema dio lugar a fuertes discusiones. Haciéndose eco del malestar provocado en Mallorca por el paso de las cárceles aéreas de la CIA, los representantes de Esquerra Unida (EU), Partido Socialista (PSM) y Unió Mallorquina (UM) en el Parlament balear, presentaron en abril de 2005 una proposición no de ley para que la Cámara instara al Govern a ponerse en contacto con el Gobierno central a fin de requerirle, al igual que ya había hecho Llamazares, que con urgencia se pudiera investigar la utilización por parte de la CIA de los aeropuertos de las islas Baleares para escalas de sus aviones de transporte ilegal de prisioneros.
Asimismo se pedía en la misma propuesta, que el Gobierno de Madrid tomara las medidas oportunas frente a ese problema violatorio de los derechos humanos.
En defensa de esa propuesta, el portavoz de EU-EV, Miquel Ramón, recordó que en definitiva lo que estaba pasando en las Baleares no era nada nuevo, porque ya las fiscalías de otros países europeos, en concreto las de Suecia, Alemania e Italia, habían tenido que actuar ante las probadas acciones de la CIA en sus propios territorios después del 11-S en operaciones igualmente ilegales.
Ramón dijo en aquel momento:
Ahora es fácil criticar lo que ocurrió con las dictaduras argentina o chilena con la ayuda de la CIA, pero parece que no es tan fácil actuar ante lo que ahora hace el Gobierno estadounidense.
Por su parte, Eduard Riudavets, diputado de PSM dijo, en claro respaldo a las posiciones de Ramón: Cerca de este Parlament han aterrizado aviones que llevan a gente a países donde se practica la tortura; eso ocurre aquí, en casa, no en Argentina o Chile.
SOCIALISTAS Y POPULARES BOICOTEAN LA INVESTIGACION
Los representantes de EU, PSM y UM se encontraron en el Parlament ante el rechazo del frente formado para la ocasión por el PP y por el PSIB, quienes unieron sus votos para impedir que prosperara la proposición no de ley.
Por parte del Partido Popular, Francesc Molina acusó por ejemplo a EU de mantener una postura demagógica y antiamericana, asegurando que en definitiva los aviones de Estados Unidos a que se hacía referencia estaban en regla y que por lo tanto no había ningún problema con ellos.
En Canarias tanto los nacionalistas como los Verdes se sumaron a los que pedían explicaciones al Gobierno por la presencia de los aviones de la CIA en sus aeropuertos.
Sin embargo, la postura del PP canario fue al menos inicialmente la de calificar la situación como de un tema muy delicado que tiene que ver con la seguridad y la de evitar tomar posición, mientras que el PSC-PSOE, siguiendo la postura mantenida a nivel nacional, tampoco se pronunció por prudencia y a falta de conocer más datos.
El Gobierno esquivó el tema durante muchos meses. El primer posicionamiento que hubo fue a través de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, cuando fue acosada por los medios de comunicación durante su visita a las Baleares en la Pascua de 2005. Es una denuncia que no tiene excesivo contenido, dijo.
El pedido de comparecencia de los ministros de Exteriores e Interior se producía precisamente en un momento delicado para las relaciones entre Estados Unidos y España. En ese mes de abril de 2005 el ministro Moratinos comparecía en la Comisión de Exteriores del Senado para explicar los avances logrados en las relaciones entre ambos países y para detallar los contactos que pocos días después mantendría en Washington con la Administración Bush. Por su parte, el ministro del Interior viajaba en esos mismos días para encontrarse nada menos que con los máximos directivos del FBI, de la agencia antidroga (DEA), de la CIA, con el fiscal general del Estado y responsables de la Seguridad Nacional.
No eran evidentemente esas visitas ocasiones muy oportunas para hablar de operaciones ilegales de la CIA a través de suelo español, si lo que se pretendía era cerrar las heridas abiertas con Estados Unidos por haber retirado las tropas de Irak.
ESQUIVANDO RESPUESTAS
El diputado Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, llegó a requerir una explicación del propio presidente Rodríguez Zapatero en la sesión de control del 19 de mayo de 2005 en el Palacio de Congreso de los Diputados:
(…) Pues bien, hay una parte de nuestro territorio donde nada de esto rige; no rige la soberanía y no rige el derecho internacional. Y no solamente es que el comandante James Jones haya dicho que en España pretenden una base de utilización para operaciones especiales, no es solamente eso, con lo que a nosotros nos preocupa esa materia teniendo en cuenta además lo que se denomina operaciones especiales por parte del Pentágono y el hecho de que algunos aviones hayan utlizado aeropuertos civiles españoles para trasladar a centros de tortura a ciudadanos de otros países -a ocurrido en Palma y el Gobierno no ha tomado una decisión en esa materia-. sino que básicamente nuestra preocupación es por la información que nos acaba de dar el Gobierno con respecto a la utilización de la base de Rota. (…)
El presidente esquivó la pregunta de Llamazares. Sin embargo, éste recibió al día siguiente una escueta respuesta de parte del Gobierno español, para compensar al menos lo que ni siquiera había mencionado el presidente. Estos son los términos de la respuesta, firmada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes:
Los Ministerios del Interior y de Defensa no han tenido conocimiento de que el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca) sea utilizado para ningún tipo de actividades de secuestro por ningún país. Los hechos en base a los cuales se forma la pregunta coinciden con referencias que aparecieron relatadas en la prensa local y regional, y en esa misma prensa se ha informado de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha abierto las oportunas diligencias informativas en orden a la averiguación de los mismos, por si pudiera derivarse a la presunta comisión de hechos delictivos de los que la jurisdicción penal de nuestro país deba conocer. […]
No fue hasta noviembre de 2005 cuando el gobierno español terminó por dar finalmente una explicación sobre las siniestras escalas de los aviones de la CIA en aeropuertos de las islas Baleares y las islas Canarias. Una cierta guerra interna entre ministerios, Interior, Exteriores y Defensa, con sus respectivas filtraciones en algunos medios de comunicación, influyeron en gran medida a que se produjera una gran presión sobre el gobierno. El gobierno delegó la misión de explicar al Congreso a su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien se limitó a seguir un guión preestablecido. Según Moratinos, el Gobierno hizo las averiguaciones necesarias cuando se produjeron las denuncias de las escalas de aviones de la CIA y comprobó que no se había cometido ninguna violación de la legalidad.
En junio del año siguiente, el 16 de junio de 2006, el propio Moratinos publicaba un artículo de opinión en el diario El País, titulado La verdad como método, en el que el intentaba descalificar a los 11 ciudadanos involucrados judicialmente en la acusación popular sobre el tema ante los tribunales de Palma de Mallorca. Lo que está en cuestión no es si hubo o no vuelos de la CIA para realizar las llamadas rendiciones de presos, escribía Moratinos. Estados Unidos ha reconocido hace años que forman parte de su política de lucha contra el terrorismo internacional. Lo que está en cuestión es si el Gobierno español, el actual y el anterior, del Partido Popular, colaboraron con los mismos de manera activa o simplemente no dándose por enterados de los mismos a pesar de conocer o sospechar violaciones de la legislación española en nuestro territorio.
SIN PRUEBAS NI EXPLICACIONES
En marzo de 2007 habría una demostración más del nulo interés del Gobierno para que se esclareciera la verdad sobre los vuelos de la CIA en suelo español. Cuando el Centro Nacional (CNI, el servicio secreto español), remitió al juez Ismael Moreno el informe interno que había elaborado sobre los vuelos de la CIA, al menos una cuarta parte del mismo estaba cubierta por borrones y tachaduras, por cuestiones de seguridad. El resto del informe, compuesto por una serie de documentos de textos confeccionados en distintas fechas de 2005 y alguna de 2006, no aportaba absolutamente nada a la investigación. Por un lado confirmaba informaciones que ya habían publicado medios de comunicación y por otro se añadía coletillas del tipo: no hay pruebas sobre las denuncias, o hasta se llegaba a decir que no había seguridad de que los vuelos de aviones civiles de la CIA denunciados con lujo de detalles y corroborados por las autoridades aeroportuarias, tuvieran algo que ver con actividades relacionadas con la agencia de Inteligencia norteamericana o con organismos oficiales de Estados Unidos.
Cuando a inicios de diciembre de 2005 la secretaria de Estado norteamericana llegó de gira a Europa para tranquilizar precisamente a sus aliados europeos que se habían visto obligados a pedirle explicaciones sobre las prisiones y los aviones de la CIA se dieron muy rápido por satisfechos con las explicaciones de Condoleeza Rice.
En ningún momento ésta se preocupó en desmentir que esos aviones civiles camuflados fueran de la CIA. Simplemente sostuvo que ese tipo de operativos eran imprescindibles para salvar vidas y que eran parte sustancial de la guerra contra el terror recordando a sus aliados europeos, al igual que a los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN que todos estaban en la misma barca. Por otro lado, dio garantías de que su país no torturaba a los detenidos, ni dentro de Estados Unidos ni en el exterior. El propio representante español en la reunión, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Bernardino León (que sustituía al ministro Miguel Ángel Moratinos, de gira en África), sostuvo tras el encuentro: Condoleeza Rice dejó claro que no se torturó y que la legislación internacional se aplica en Estados Unidos como en el resto de la comunidad internacional.
Ni Bernardino León ni ninguno de los otros ministros de Exteriores ni los representantes de la OTAN que se vieron con Condoleezza Rice que se quedaron tan conformes con las explicaciones de ésta, dijeron por qué si todas esas operaciones se ajustaban al derecho internacional se hacían con aviones civiles registrados a nombre de compañías fantasma. Tampoco explicaron por qué no se identificaba en los países en los que se hacía escala a los detenidos que se transportaba o por qué no se los llevaba ante tribunales de Estados Unidos, en vez de trasladarlos a las mazmorras de países que en la mayoría de los casos figuraban en las propias listas del Departamento de Justicia norteamericano como países que violaban los derechos humanos.
OTRA VEZ SE REHUYE EL DEBATE
Cuando a inicios de diciembre de 2008 la prensa española reveló el citado documento sobre la autorización que el Gobierno Aznar había dado a la escala en España de aviones de Estados Unidos transportando prisioneros a Guantánamo, algunos dirigentes del PSOE creyeron que el tema se circunscribiría a ese periodo del Gobierno del Partido Popular y se permitieron hacer declaraciones acusatorias contra él. Diputados y dirigentes del PP contraatacaron rápidamente tratando de demostrar que había habido más escalas de aviones de la CIA desde la llegada del PSOE al poder en 2004, que durante el Gobierno de Aznar. Ambos partidos reclamaron transparencia, que se supiera toda la verdad sobre el tema.
La comparecencia del ministro Moratinos precisamente el día en que se celebraba el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, defraudó sin embargo a la opinión pública… pero tranquilizó al PP. Moratinos confirmó que Aznar había dado esa autorización a Estados Unidos, pero aseguró que las escalas previstas para eventuales casos de emergencia para las que se habían previsto los aeropuertos militares de Morón de la Frontera y Rota no fueron finalmente necesarias. Moratinos facilitó las cosas al PP al sostener que entendía que ese tipo de colaboración eran parte de los compromisos asumidos por España por la resolución 1.386 de la ONU contra el terrorismo aprobada tras los atentados del 11-S.
Y con esto zanjó el tema, por lo que el PP se dio por sumamente satisfecho y su responsable en política exterior, Gustavo de Arístegui, saludó efusivamente al ministro y declaró que desde antes estaba seguro de que esas iban a ser las conclusiones de Moratinos, de que en ningún caso se habían violado los derechos humanos.
De esta manera ambos partidos volvían a cerrar el tema que había vuelto a abrir la prensa, tan inoportunamente para ellos. Nadie, ni del PSOE ni del PP, mencionó siquiera durante el debate en el Congreso español ese 10 de diciembre, las otras escalas, las decenas de escalas que hicieron aviones de la CIA en aeropuertos civiles españoles, a pesar de que ninguno de los partidos se atrevía ya a negarlas.
Sólo la aparición de algún otro documento aún más comprometedor y/o conclusiones a las que pueda llegar el juez Ismael Moreno, que prosigue, a pesar de los obstáculos que se le ponen, con la investigación de los vuelos de la CIA y la identificación de los agentes que actuaron en territorio español utilizando identidades falsas, podrían hacer que esos secretos de Estado terminen saliendo finalmente a la luz.
Mientras tanto, la omertá garantiza el silencio.
Roberto Montoya
Safe Democracy Foundation
Conozca qué se esconde tras los supuestos desconocimientos de las autoridades españolas en torno a los polémicos vuelos de la CIA sobre territorio español.
EL PASADO DÍA 6 DE DICIEMBRE los dirigentes de los principales partidos políticos españoles dejaron por un momento de lado sus batallas políticas cotidianas para brindar juntos con coincidentes palabras grandilocuentes sobre las cualidades de la democracia, al celebrarse el 30º aniversario de la Constitución de 1978, considerada por la inmensa mayoría de la población como un mojón clave en la recuperación de la democracia.
Pocos días después, el 10 de diciembre algunos de ellos volverían a coincidir en sus loas a un avance democrático de trascendencia histórica aún mayor, mundial, al cumplirse el 60º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas, tal día de 1948. Como digno homenaje a tal acontecimiento, el Gobierno de Rodríguez Zapatero anunciaba además un proyecto incluyendo 172 medidas de defensa a los derechos humanos y entre ellas importantes garantías para que se aplique un trato humanitario a todos los presos en España.
Los partidos mayoritarios españoles, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), hacían así una tregua temporal antes de iniciar lo que muchos auguraban como la apertura de un nuevo tema de enfrentamiento, visto el primer cruce de acusaciones mutuas que había tenido lugar pocos días antes entre los dos partidos. En este caso no afectaba a la polémica abierta por la ley de la Memoria Histórica, sino a otra página negra de la historia de España, pero a una historia recientísima. A esa página en la que se vio salpicada de lleno –desde enero de 2002 hasta 2007 al menos– por los métodos ilegales utilizados por la Administración Bush en su cruzada planetaria contra el terror.
Si se celebrara el próximo 12 de agosto el 50º aniversario de la promulgación de los Cuatro Convenios de Ginebra, seguramente los máximos dirigentes políticos volverían a hacer elogios a la democracia, al derecho humanitario internacional… y al respeto de los prisioneros que éstas consagran. Y lo harían seguramente con sinceridad, sin sentir ni por un momento que la defensa de esas importantes conquistas de la humanidad es contradictoria con mantener una actitud cómplice con la guerra sucia de Estados Unidos, ni con los derechos conculcados a los prisioneros clandestinos transportados en esos aviones que pasaron por España. En definitiva, ser cómplices con el terrorismo de Estado estadounidense aplicado fuera de sus fronteras.
Hasta hoy tanto el PSOE como el PP habían mantenido un pacto de silencio sobre un tema tan embarazoso como ése y, todo apunta a que ambos intenten evitar que el tema se descontrole, a pesar de su duro cruce de acusaciones.
LOS VUELOS DE LA DISCORDIA
La vuelta al hemiciclo del tema de los vuelos de la CIA se originó por la aparición a inicios de diciembre en la prensa de una prueba documental clave, que reabrió la polémica surgida en 2005 y que parecía cerrada para siempre. El Gobierno del PP puso en marcha ya desde 2001 la colaboración con Estados Unidos que permitió sin más la utilización de los aeropuertos españoles para escalas de aviones transportando prisioneros clandestinos, pero el Gobierno del PSOE no la cortó ni denunció cuando llegó al poder en 2004, sino que la continuó al menos hasta 2007.
La prueba aparecida ahora con el sello de Muy secreto, es la carta que el entonces director general de Política Exterior para América del Norte y Seguridad y Desarme, Miguel Aguirre de Cárcer, dirigiera al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en la que le notificaba que el consejero político militar de la embajada de Estados Unidos le había solicitado autorización para posibles escalas de emergencia de sus aviones que transportaban prisioneros talibán o de Al Qaeda hacia la base de Guantánamo. Cárcer, quien actualmente es embajador especial para Asuntos de Desarme, notificó igualmente a Javier Jiménez-Ugarte, entonces secretario general de Política de Defensa y mano derecha del ministro de Defensa, Federico Trillo, hoy día responsable del PP en temas de política antiterrorista.
La carta es del 10 de enero de 2002, precisamente en vísperas de que la opinión pública mundial se conmocionara al conocer las fotografías de esos prisioneros que habían pasado por el espacio aéreo español. A estos se los veía arrodillados y maniatados frente a sus celdas al aire libre, enfundados en monos naranja, con mascarillas quirúrgicas, gafas ciegas, grotescos guantes y orejas tapadas, siguiendo la táctica de insensibilidad sensorial.
Cárcer notificó igualmente del reclamo de la embajada de Estados Unidos al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Miquel Nadal y Ramón Gil-Casares, director del departamento de Internacional y Seguridad del Gabinete del presidente del Gobierno, José María Aznar.
A través de la carta mencionada y otros memorandos conocidos ahora, se confirma la unánime respuesta positiva dada al reclamo de Estados Unidos y cómo se discutió al más alto nivel sobre cuáles eran los aeropuertos que podrían resultar más discretos. Se llegó a la conclusión que los más idóneos eran los de las bases militares de uso conjunto con Estados Unidos existentes en España.
LA GUERRA CONTRA EL TERROR
Ya para el momento en que se realizó ese primer vuelo a Guantánamo, organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Human Rights Watch habían denunciando en varios informes los atropellos que bajo el paraguas de la guerra contra el terror venía cometiendo Estados Unidos desde el 11-S; tanto abusos, detenciones arbitrarias y deportaciones de numerosos inmigrantes de origen musulmán que residían en el propio territorio estadounidense, como abusos y daños colaterales mortales entre la población civil afgana como consecuencia de los masivos bombardeos contra el régimen de Kabul.
Por otro lado, a pesar de ser la de Afganistán una operación militar en la que participaban numerosos países, Estados Unidos unilateralmente había decidido trasladar a una parte de los prisioneros capturados allí al limbo legal de su prisión en Guantánamo.
A ese vuelo de enero de 2002 le seguirían numerosos más, con escalas fundamentalmente en aeropuertos civiles (Vigo, Santiago, Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid-Barajas, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife y Valencia) pero también, presumiblemente, en los aeropuertos de las bases militares de Rota y Morón de la Frontera. El mundo entero iba conociendo mientras tanto que cientos de prisioneros de 40 nacionalidades diferentes se agolpaban en Guantánamo, donde permanecían privados de todo tipo derechos, sometidos a extenuantes interrogatorios y torturas. En 2002 el Gobierno de Aznar envió ya agentes a interrogar a al menos 13 detenidos, que una y otra vez denunciaban ante ellos las situaciones extremas a las que estaban sometidos.
Según testimonios de algunas de las víctimas, algunas de esas visitas de agentes españoles se produjeron incluso tras el cambio de Gobierno de 2004, bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Posteriores investigaciones exhaustivas de comisiones del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo lograron confirmar que los aviones de la CIA hicieron más de 1.200 escalas en aeropuertos europeos, decenas de ellas en España.
LA COLABORACIÓN DEL PSOE
En el caso del Gobierno de José María Aznar, esa fluida colaboración se inscribía dentro de la nunca negada afinidad total con la política exterior y antiterrorista de George W. Bush, manifestada abiertamente desde los primeros pasos de andadura de la Administración de éste, a partir del 20 de enero de 2001, casi ocho meses antes del 11-S. Nada de extraño; fue una política de apoyo acrítico, ratificada luego ante la guerra de Irak y justificada incluso luego, mucho después de que se revelaran todas las mentiras inventadas por la Administración Bush para justificar la invasión.
En el caso del PSOE evidentemente las razones eran otras. Ni bien llegar al poder en marzo de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero cumplió con su promesa de retirar las tropas de Irak, lo que provocó la ira de la Casa Blanca y el enfriamiento total de las relaciones entre ambos países. El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero cambiaba así drásticamente la postura que había mantenido otro gobierno socialista anterior, el de Felipe González, frente a la primera de guerra contra Sadam Husein, la Guerra del Golfo, durante 1990-91.
Desde que el primer Gobierno de González, a inicios de los 80, había dejado de lado uno de los lemas de su campaña electoral, ¡¡OTAN no, bases fuera!!, incorporando a España en la OTAN y teniendo hasta a uno de sus dirigentes como secretario general, Javier Solana, la colaboración del PSOE con Estados Unidos en materia de política exterior había sido inmejorable.
Muchos han querido ver precisamente en la continuidad de los vuelos de la CIA durante la época Zapatero, un intento de éste por no irritar más a un aliado tan poderoso como Estados Unidos después de la retirada de las tropas españolas de Irak, para tratar de volver a la normalidad.
Simplemente José Bono, quien sustituiría durante el primer Gobierno de Zapatero en Defensa a Federico Trillo, renovaría sin más el Protocolo de Enmienda al Convenio de Cooperación para la Defensa firmado el 10 de abril de 2002 por Federico Trillo y Donald Rumsfeld en nombre de España y Estados Unidos respectivamente. Ese documento oficializaba en parte de su articulado el no control a las operaciones estadounidenses en territorio español.
Bono y Rumsfeld reactivaron en 2005 en Washington el Comité Bilateral de Alto Nivel creado entre los dos países en 2002 y se estableció una agenda de reuniones periódicas entre ambos.
EL VINCULO ESPAÑOL CON LAS EXTRAORDINARY RENDITIONS
Desde que la trama española de esos vuelos, de esas extraordinary renditions –como llama Estados Unidos a su programa– se destapó a inicios de 2005, el PSOE y el PP cerraron filas para impedir que prosperara una investigación que afectaba a ambos gobiernos.
Estas escalas tuvieron lugar entre enero de 2002 y al menos hasta ya entrado 2007. A pesar de que, en el caso de las escalas en aeropuertos civiles, la CIA utilizara aviones civiles de distinto tipo y matrículas cambiantes, registrados a nombre de empresas fantasma como Premier Executive Transport Services Inc. y otras (al menos 27 de esos aparatos quedaron fichados), su paso por España –como por muchos otros países– dejaron su rastro en los archivos de las autoridades aeroportuarias.
Esta operación encubierta de la CIA, complementaria de las actividades de las fuerzas armadas y otros servicios de Inteligencia estadounidenses, se puso en práctica pocas semanas después del 11-S, convirtiéndose en su programa estrella. Recuperaba las experiencias puntuales realizadas en distintos países ya en la era Clinton por la célula encargada de buscar y capturar a Osama bin Laden que dirigió el súper agente Michael Scheuer, quien lo reconocería con orgullo ante las cámaras de la CBS en 2004, días después de dejar la agencia tras 20 años de servicio.
Una importante investigación de Newsweek publicada el 28 de febrero de 2005 sobre el secuestro por parte de la CIA en Macedonia del alemán de origen libanés Jaled el-Masri, permitió descubrir, a través de la reconstrucción de los hechos realizada por éste tras ser liberado, que el avión camuflado que lo había trasladado desde Macedonia hasta Irak, había partido el día anterior del aeropuerto de Mallorca, el 23 de enero de 2003. Esa primera pista e investigaciones posteriores de periodistas de Mallorca, permitieron descubrir la trama española. Pronto se sabría que ese no era el primer caso, sino que por aeropuertos de Canarias y Mallorca habían pasado varios de los aparatos de la CIA que ya habían sido fichados en diferentes países como protagonistas en traslados de personas secuestradas, varias de ellas en suelo europeo.
ACUSACIONES DESDE EL GOBIERNO BALEAR
Un grupo de personas de Mallorca decidió presentar una denuncia judicial en marzo. La Fiscalía de Mallorca abrió una investigación el 16 de marzo de ese año. Dos días antes, el 14, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, presentaba varias preguntas al respecto al Gobierno a través de la Mesa del Congreso de los Diputados:
(…) ¿Ha solicitado el Gobierno de Estados Unidos autorización al Gobierno español para utilizar el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca) como base de las operaciones de secuestro de presuntos terroristas en aviones sin ningún tipo de garantías de cumplimiento de los derechos humanos? ¿Se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial la realización de las operaciones de secuestro de dos presuntos terroristas llevadas a cabo por la CIA en el aeropuerto de Son San Joan o cualquier otro aeropuerto nacional desde el año 2002 hasta la fecha para este tipo de secuestro? ¿Ha dado algún tipo de instrucción el Gobierno a la Fiscalía para abrir una investigación por la presunta vulneración de derechos humanos en las operaciones de secuestro llevadas a cabo por la CIA en aviones que utilizaban el aeropuerto de Son Sant Joan como base? (…).
En el escenario político de las islas Baleares el tema dio lugar a fuertes discusiones. Haciéndose eco del malestar provocado en Mallorca por el paso de las cárceles aéreas de la CIA, los representantes de Esquerra Unida (EU), Partido Socialista (PSM) y Unió Mallorquina (UM) en el Parlament balear, presentaron en abril de 2005 una proposición no de ley para que la Cámara instara al Govern a ponerse en contacto con el Gobierno central a fin de requerirle, al igual que ya había hecho Llamazares, que con urgencia se pudiera investigar la utilización por parte de la CIA de los aeropuertos de las islas Baleares para escalas de sus aviones de transporte ilegal de prisioneros.
Asimismo se pedía en la misma propuesta, que el Gobierno de Madrid tomara las medidas oportunas frente a ese problema violatorio de los derechos humanos.
En defensa de esa propuesta, el portavoz de EU-EV, Miquel Ramón, recordó que en definitiva lo que estaba pasando en las Baleares no era nada nuevo, porque ya las fiscalías de otros países europeos, en concreto las de Suecia, Alemania e Italia, habían tenido que actuar ante las probadas acciones de la CIA en sus propios territorios después del 11-S en operaciones igualmente ilegales.
Ramón dijo en aquel momento:
Ahora es fácil criticar lo que ocurrió con las dictaduras argentina o chilena con la ayuda de la CIA, pero parece que no es tan fácil actuar ante lo que ahora hace el Gobierno estadounidense.
Por su parte, Eduard Riudavets, diputado de PSM dijo, en claro respaldo a las posiciones de Ramón: Cerca de este Parlament han aterrizado aviones que llevan a gente a países donde se practica la tortura; eso ocurre aquí, en casa, no en Argentina o Chile.
SOCIALISTAS Y POPULARES BOICOTEAN LA INVESTIGACION
Los representantes de EU, PSM y UM se encontraron en el Parlament ante el rechazo del frente formado para la ocasión por el PP y por el PSIB, quienes unieron sus votos para impedir que prosperara la proposición no de ley.
Por parte del Partido Popular, Francesc Molina acusó por ejemplo a EU de mantener una postura demagógica y antiamericana, asegurando que en definitiva los aviones de Estados Unidos a que se hacía referencia estaban en regla y que por lo tanto no había ningún problema con ellos.
En Canarias tanto los nacionalistas como los Verdes se sumaron a los que pedían explicaciones al Gobierno por la presencia de los aviones de la CIA en sus aeropuertos.
Sin embargo, la postura del PP canario fue al menos inicialmente la de calificar la situación como de un tema muy delicado que tiene que ver con la seguridad y la de evitar tomar posición, mientras que el PSC-PSOE, siguiendo la postura mantenida a nivel nacional, tampoco se pronunció por prudencia y a falta de conocer más datos.
El Gobierno esquivó el tema durante muchos meses. El primer posicionamiento que hubo fue a través de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, cuando fue acosada por los medios de comunicación durante su visita a las Baleares en la Pascua de 2005. Es una denuncia que no tiene excesivo contenido, dijo.
El pedido de comparecencia de los ministros de Exteriores e Interior se producía precisamente en un momento delicado para las relaciones entre Estados Unidos y España. En ese mes de abril de 2005 el ministro Moratinos comparecía en la Comisión de Exteriores del Senado para explicar los avances logrados en las relaciones entre ambos países y para detallar los contactos que pocos días después mantendría en Washington con la Administración Bush. Por su parte, el ministro del Interior viajaba en esos mismos días para encontrarse nada menos que con los máximos directivos del FBI, de la agencia antidroga (DEA), de la CIA, con el fiscal general del Estado y responsables de la Seguridad Nacional.
No eran evidentemente esas visitas ocasiones muy oportunas para hablar de operaciones ilegales de la CIA a través de suelo español, si lo que se pretendía era cerrar las heridas abiertas con Estados Unidos por haber retirado las tropas de Irak.
ESQUIVANDO RESPUESTAS
El diputado Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, llegó a requerir una explicación del propio presidente Rodríguez Zapatero en la sesión de control del 19 de mayo de 2005 en el Palacio de Congreso de los Diputados:
(…) Pues bien, hay una parte de nuestro territorio donde nada de esto rige; no rige la soberanía y no rige el derecho internacional. Y no solamente es que el comandante James Jones haya dicho que en España pretenden una base de utilización para operaciones especiales, no es solamente eso, con lo que a nosotros nos preocupa esa materia teniendo en cuenta además lo que se denomina operaciones especiales por parte del Pentágono y el hecho de que algunos aviones hayan utlizado aeropuertos civiles españoles para trasladar a centros de tortura a ciudadanos de otros países -a ocurrido en Palma y el Gobierno no ha tomado una decisión en esa materia-. sino que básicamente nuestra preocupación es por la información que nos acaba de dar el Gobierno con respecto a la utilización de la base de Rota. (…)
El presidente esquivó la pregunta de Llamazares. Sin embargo, éste recibió al día siguiente una escueta respuesta de parte del Gobierno español, para compensar al menos lo que ni siquiera había mencionado el presidente. Estos son los términos de la respuesta, firmada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes:
Los Ministerios del Interior y de Defensa no han tenido conocimiento de que el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca) sea utilizado para ningún tipo de actividades de secuestro por ningún país. Los hechos en base a los cuales se forma la pregunta coinciden con referencias que aparecieron relatadas en la prensa local y regional, y en esa misma prensa se ha informado de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha abierto las oportunas diligencias informativas en orden a la averiguación de los mismos, por si pudiera derivarse a la presunta comisión de hechos delictivos de los que la jurisdicción penal de nuestro país deba conocer. […]
No fue hasta noviembre de 2005 cuando el gobierno español terminó por dar finalmente una explicación sobre las siniestras escalas de los aviones de la CIA en aeropuertos de las islas Baleares y las islas Canarias. Una cierta guerra interna entre ministerios, Interior, Exteriores y Defensa, con sus respectivas filtraciones en algunos medios de comunicación, influyeron en gran medida a que se produjera una gran presión sobre el gobierno. El gobierno delegó la misión de explicar al Congreso a su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien se limitó a seguir un guión preestablecido. Según Moratinos, el Gobierno hizo las averiguaciones necesarias cuando se produjeron las denuncias de las escalas de aviones de la CIA y comprobó que no se había cometido ninguna violación de la legalidad.
En junio del año siguiente, el 16 de junio de 2006, el propio Moratinos publicaba un artículo de opinión en el diario El País, titulado La verdad como método, en el que el intentaba descalificar a los 11 ciudadanos involucrados judicialmente en la acusación popular sobre el tema ante los tribunales de Palma de Mallorca. Lo que está en cuestión no es si hubo o no vuelos de la CIA para realizar las llamadas rendiciones de presos, escribía Moratinos. Estados Unidos ha reconocido hace años que forman parte de su política de lucha contra el terrorismo internacional. Lo que está en cuestión es si el Gobierno español, el actual y el anterior, del Partido Popular, colaboraron con los mismos de manera activa o simplemente no dándose por enterados de los mismos a pesar de conocer o sospechar violaciones de la legislación española en nuestro territorio.
SIN PRUEBAS NI EXPLICACIONES
En marzo de 2007 habría una demostración más del nulo interés del Gobierno para que se esclareciera la verdad sobre los vuelos de la CIA en suelo español. Cuando el Centro Nacional (CNI, el servicio secreto español), remitió al juez Ismael Moreno el informe interno que había elaborado sobre los vuelos de la CIA, al menos una cuarta parte del mismo estaba cubierta por borrones y tachaduras, por cuestiones de seguridad. El resto del informe, compuesto por una serie de documentos de textos confeccionados en distintas fechas de 2005 y alguna de 2006, no aportaba absolutamente nada a la investigación. Por un lado confirmaba informaciones que ya habían publicado medios de comunicación y por otro se añadía coletillas del tipo: no hay pruebas sobre las denuncias, o hasta se llegaba a decir que no había seguridad de que los vuelos de aviones civiles de la CIA denunciados con lujo de detalles y corroborados por las autoridades aeroportuarias, tuvieran algo que ver con actividades relacionadas con la agencia de Inteligencia norteamericana o con organismos oficiales de Estados Unidos.
Cuando a inicios de diciembre de 2005 la secretaria de Estado norteamericana llegó de gira a Europa para tranquilizar precisamente a sus aliados europeos que se habían visto obligados a pedirle explicaciones sobre las prisiones y los aviones de la CIA se dieron muy rápido por satisfechos con las explicaciones de Condoleeza Rice.
En ningún momento ésta se preocupó en desmentir que esos aviones civiles camuflados fueran de la CIA. Simplemente sostuvo que ese tipo de operativos eran imprescindibles para salvar vidas y que eran parte sustancial de la guerra contra el terror recordando a sus aliados europeos, al igual que a los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN que todos estaban en la misma barca. Por otro lado, dio garantías de que su país no torturaba a los detenidos, ni dentro de Estados Unidos ni en el exterior. El propio representante español en la reunión, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Bernardino León (que sustituía al ministro Miguel Ángel Moratinos, de gira en África), sostuvo tras el encuentro: Condoleeza Rice dejó claro que no se torturó y que la legislación internacional se aplica en Estados Unidos como en el resto de la comunidad internacional.
Ni Bernardino León ni ninguno de los otros ministros de Exteriores ni los representantes de la OTAN que se vieron con Condoleezza Rice que se quedaron tan conformes con las explicaciones de ésta, dijeron por qué si todas esas operaciones se ajustaban al derecho internacional se hacían con aviones civiles registrados a nombre de compañías fantasma. Tampoco explicaron por qué no se identificaba en los países en los que se hacía escala a los detenidos que se transportaba o por qué no se los llevaba ante tribunales de Estados Unidos, en vez de trasladarlos a las mazmorras de países que en la mayoría de los casos figuraban en las propias listas del Departamento de Justicia norteamericano como países que violaban los derechos humanos.
OTRA VEZ SE REHUYE EL DEBATE
Cuando a inicios de diciembre de 2008 la prensa española reveló el citado documento sobre la autorización que el Gobierno Aznar había dado a la escala en España de aviones de Estados Unidos transportando prisioneros a Guantánamo, algunos dirigentes del PSOE creyeron que el tema se circunscribiría a ese periodo del Gobierno del Partido Popular y se permitieron hacer declaraciones acusatorias contra él. Diputados y dirigentes del PP contraatacaron rápidamente tratando de demostrar que había habido más escalas de aviones de la CIA desde la llegada del PSOE al poder en 2004, que durante el Gobierno de Aznar. Ambos partidos reclamaron transparencia, que se supiera toda la verdad sobre el tema.
La comparecencia del ministro Moratinos precisamente el día en que se celebraba el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, defraudó sin embargo a la opinión pública… pero tranquilizó al PP. Moratinos confirmó que Aznar había dado esa autorización a Estados Unidos, pero aseguró que las escalas previstas para eventuales casos de emergencia para las que se habían previsto los aeropuertos militares de Morón de la Frontera y Rota no fueron finalmente necesarias. Moratinos facilitó las cosas al PP al sostener que entendía que ese tipo de colaboración eran parte de los compromisos asumidos por España por la resolución 1.386 de la ONU contra el terrorismo aprobada tras los atentados del 11-S.
Y con esto zanjó el tema, por lo que el PP se dio por sumamente satisfecho y su responsable en política exterior, Gustavo de Arístegui, saludó efusivamente al ministro y declaró que desde antes estaba seguro de que esas iban a ser las conclusiones de Moratinos, de que en ningún caso se habían violado los derechos humanos.
De esta manera ambos partidos volvían a cerrar el tema que había vuelto a abrir la prensa, tan inoportunamente para ellos. Nadie, ni del PSOE ni del PP, mencionó siquiera durante el debate en el Congreso español ese 10 de diciembre, las otras escalas, las decenas de escalas que hicieron aviones de la CIA en aeropuertos civiles españoles, a pesar de que ninguno de los partidos se atrevía ya a negarlas.
Sólo la aparición de algún otro documento aún más comprometedor y/o conclusiones a las que pueda llegar el juez Ismael Moreno, que prosigue, a pesar de los obstáculos que se le ponen, con la investigación de los vuelos de la CIA y la identificación de los agentes que actuaron en territorio español utilizando identidades falsas, podrían hacer que esos secretos de Estado terminen saliendo finalmente a la luz.
Mientras tanto, la omertá garantiza el silencio.
lunes, 15 de diciembre de 2008
La buena suerte no es sólo cuestión de azar: el Gordo también se compra
La mayoría de los jugadores de lotería deben conformarse cada año con la manida frase de ''lo importante es la salud''. Sin embargo, algunos nombres conocidos pueden presumir de haber sido agraciados con premios importantes, incluso en más de una ocasión. Es el caso del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; el ex concejal del PP en Madrid Ángel Matanzo; el ex alcalde socialista de Seseña José Luis Martín o los implicados en el caso Malaya.
En algunas ocasiones se trata de simple fortuna, pero en otras hay sospechas de que no es una cuestión de azar. Martín fue denunciado en julio por la Fiscalía Anticorrupción por la aprobación del proyecto urbanístico de El Pocero. Entre 2002 y 2005, Martín llevó a cabo importantes transacciones económicas, que justificó ante la Fiscalía con un cupón de la ONCE premiado con 144.000 euros.
La investigación del caso Malaya destapó una red de compra de boletos premiados para el blanqueo de capitales. Según las pesquisas del juez instructor Miguel Ángel Torres, Juan Antonio Roca habría lavado 600.000 euros a través de billetes comprados con un extra del 15% para el agraciado original. El destino quiso además que José María del Nido, imputado en el caso Malaya y abogado de Julián Muñoz, se llevara 300.000 euros del Gordo de Navidad en 2006. Fue con el número 20.297, vendido en Santiponce (Sevilla).
Pero sin duda los casos más pintorescos de políticos afortunados son los de Fabra y Matanzo. Este último fue agraciado con 30 millones de pesetas en 1991, regalo de una lotera a la que le habían cerrado el local, y a quien este concejal del PP le permitió que continuara con el negocio. Tres años más tarde, Matanzo obtuvo 300.000 pesetas en el sorteo de la Lotería de Navidad en medio de una tormenta política que le llevó a ser expulsado del Partido Popular y a unirse al proyecto del empresario José María Ruiz Mateos.
Al controvertido Fabra le ha tocado la lotería en cuatro ocasiones y, como afirmó recientemente, este año buscará una quinta: ''He comprado el 27.931 y, si me toca, me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida''. Fabra respondió así a un fotomontaje en el que la imagen de Fabra aparece como la del famoso calvo de los anuncios de lotería, soplando los números 27.931. La apuesta de Fabra va en serio, ya que aseguró que había comprado una serie entera de este número en la administración 199 de Madrid.
La polémica por su fortuna en los juegos de azar se relaciona con el hecho de que el presidente de la Diputación de Castellón está siendo investigado por presuntos delitos contra la Administración y fraude fiscal. En sus investigaciones, la Agencia Tributaria localizó dos ingresos extraordinarios en 2004 que correspondían a sendos premios obtenidos en menos de tres meses.
En algunas ocasiones se trata de simple fortuna, pero en otras hay sospechas de que no es una cuestión de azar. Martín fue denunciado en julio por la Fiscalía Anticorrupción por la aprobación del proyecto urbanístico de El Pocero. Entre 2002 y 2005, Martín llevó a cabo importantes transacciones económicas, que justificó ante la Fiscalía con un cupón de la ONCE premiado con 144.000 euros.
La investigación del caso Malaya destapó una red de compra de boletos premiados para el blanqueo de capitales. Según las pesquisas del juez instructor Miguel Ángel Torres, Juan Antonio Roca habría lavado 600.000 euros a través de billetes comprados con un extra del 15% para el agraciado original. El destino quiso además que José María del Nido, imputado en el caso Malaya y abogado de Julián Muñoz, se llevara 300.000 euros del Gordo de Navidad en 2006. Fue con el número 20.297, vendido en Santiponce (Sevilla).
Pero sin duda los casos más pintorescos de políticos afortunados son los de Fabra y Matanzo. Este último fue agraciado con 30 millones de pesetas en 1991, regalo de una lotera a la que le habían cerrado el local, y a quien este concejal del PP le permitió que continuara con el negocio. Tres años más tarde, Matanzo obtuvo 300.000 pesetas en el sorteo de la Lotería de Navidad en medio de una tormenta política que le llevó a ser expulsado del Partido Popular y a unirse al proyecto del empresario José María Ruiz Mateos.
Al controvertido Fabra le ha tocado la lotería en cuatro ocasiones y, como afirmó recientemente, este año buscará una quinta: ''He comprado el 27.931 y, si me toca, me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida''. Fabra respondió así a un fotomontaje en el que la imagen de Fabra aparece como la del famoso calvo de los anuncios de lotería, soplando los números 27.931. La apuesta de Fabra va en serio, ya que aseguró que había comprado una serie entera de este número en la administración 199 de Madrid.
La polémica por su fortuna en los juegos de azar se relaciona con el hecho de que el presidente de la Diputación de Castellón está siendo investigado por presuntos delitos contra la Administración y fraude fiscal. En sus investigaciones, la Agencia Tributaria localizó dos ingresos extraordinarios en 2004 que correspondían a sendos premios obtenidos en menos de tres meses.
El Vaticano aberrante
Por Nicolás García Pedrajas
El Vaticano ha anunciado su oposición [1] a la propuesta de Francia de que se inste a todos los países que forman la ONU a despenalizar la homosexualidad, que es delito en más de 90. El representante del Vaticano en la ONU Celestino Migliore ha afirmado [2]:
”Con una declaración de valor político, suscrita por un grupo de países, se pide a los estados y a los mecanismos internacionales de actuación y control de los derechos humanos que añadan nuevas categorías protegidas de la discriminación, sin tener en cuenta que, si se adoptan, éstas mismas crearán nuevas e implacables discriminaciones”.
Aparte de lo absurdo de la afirmación, la obsesión del Vaticano con la homosexualidad es ya más una enfermedad mental que otra cosa. Es una lástima que el Vaticano no esté tan preocupado por otros temas, como la pena de muerte, que si contravienen de forma directa uno de los mandamientos de su secta.
Bien decía Marx que el prinicipio de toda crítica es la crítica de la religión.
Lo único bueno de todo esto es que las actitudes cada vez más retrógradas, intransigentes y enfermizas de la iglesia católica están haciendo nacer un ateísmo militante muy necesario para acabar con el oscurantismo religioso.
El Vaticano ha anunciado su oposición [1] a la propuesta de Francia de que se inste a todos los países que forman la ONU a despenalizar la homosexualidad, que es delito en más de 90. El representante del Vaticano en la ONU Celestino Migliore ha afirmado [2]:
”Con una declaración de valor político, suscrita por un grupo de países, se pide a los estados y a los mecanismos internacionales de actuación y control de los derechos humanos que añadan nuevas categorías protegidas de la discriminación, sin tener en cuenta que, si se adoptan, éstas mismas crearán nuevas e implacables discriminaciones”.
Aparte de lo absurdo de la afirmación, la obsesión del Vaticano con la homosexualidad es ya más una enfermedad mental que otra cosa. Es una lástima que el Vaticano no esté tan preocupado por otros temas, como la pena de muerte, que si contravienen de forma directa uno de los mandamientos de su secta.
Bien decía Marx que el prinicipio de toda crítica es la crítica de la religión.
Lo único bueno de todo esto es que las actitudes cada vez más retrógradas, intransigentes y enfermizas de la iglesia católica están haciendo nacer un ateísmo militante muy necesario para acabar con el oscurantismo religioso.
El "oso Mitrofán" regresa de nuevo a la Audiencia Nacional
Grande-Marlaska archivó esta causa en abril pero ahora el fiscal pide 10.950 euros para los autores de la viñeta en Gara y Deia
Efe/El Mundo
La Audiencia Nacional juzgará el próximo miércoles a los autores de la viñeta humorística publicada en los periódicos 'Gara' y 'Deia' conocida como "el oso Mitrofán", en la que se veía al Rey junto a un oso muerto -en alusión a una cacería en Rusia en la que participó-.
El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira considera injuriosa la caricatura humorística y, por este motivo, pide multas de 10.800 euros para sus autores.
La viñeta hacía referencia a una cacería en la que participó el Rey Juan Carlos en Rusia y en la que, según denunciaron algunas autoridades locales, se emborrachó a un oso pardo, de nombre Mitrofán, con vodka para que fuese capturado por el monarca.
El juez central de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia será el encargado de juzgar el próximo miércoles a José Antonio Rodríguez González, Javier Luis Ripa Jiménez y Nicolás Juan Lococo Cobo, a quienes el fiscal acusa de un delito de injurias graves al Rey.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, en sendos artículos aparecidos en octubre de 2006 en los diarios citados, Lococo Cobo hace una crítica sobre dicha cacería en la que se vierten una serie de expresiones "vejatorias, humillantes, atentatorias contra la dignidad y el honor del Jefe del Estado, manifiestamente superfluas e innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión".
De este modo, detalla el escrito, el acusado, utilizando como protagonista y orador al famoso 'oso Yogui' del parque norteamericano de Yellowstone, habla sobre la muerte de "Mitrofán", lo que aprovecha para imputar el "carácter de alcohólico" a don Juan Carlos, pues tras la frase "el Rey de España mata un oso borracho", afirma: "Por esta vez el rey de copas no es quien nosotros pensamos, sino nuestro congénere, el bueno de Mitrofán".
Para el fiscal, al referirse al monarca como "soberano irresponsable", el acusado -que se identifica como Nicola Lococo y dice ser filósofo- está haciendo referencia a "falta de capacidad de discernimiento", lo que "no puede dejar de ponerse en conexión" con la alusión anterior a la ingesta de bebidas alcohólicas.
"No estaría de más que se diera la voz de alarma a los ositos de peluche, incluidos los de Froilán y toda la cuchipanda, no sea que el mequetrefe de su abuelo, despechado por no encontrar ejemplares en la fauna, la emprenda a tiros con ellos", es otra de las expresiones que "de forma directa", según el fiscal, son "denigratorias" para el Rey y la Familia Real.
En otro de los párrafos, Lococo Cobo llama "sanguinario turista reincidente" a don Juan Carlos, una expresión que el fiscal Rubira considera "indudablemente ofensiva" y "no precisa" para criticar y recordar anteriores cacerías del monarca.
Para apoyar este artículo y hacerlo "más hiriente y vejatorio", los otros dos acusados -que se identifican a pie de foto como Rodríguez y Ripa- realizan una fotocomposición en la que se ve al Rey junto a un oso muerto que reposa sobre una barrica de alcohol.
Su afán, según el fiscal, es trasladar a los lectores la imagen del monarca como un alcohólico ya que, "no de otro modo se puede entender la frase 'Mitrofán era un oso de feria, lo metieron en una jaula y lo pusieron a tiro del rey tras emborracharlo con vodka y miel. ¿Lo harían para que estuviera en igualdad de condiciones?'".
"Ése y no otro es el sentido que se ha querido dar" también a la leyenda que aparece inscrita en la barrica y que dice: "Bodegas Caza-lla, para sentirse como un Rey".
El Ministerio Público considera que todas estas frases son "ofensivas, impropias, injustas y oprobiosas" y expresan un evidente menosprecio a don Juan Carlos y a la Corona, "superándose con mucho lo que pudieran considerarse críticas hirientes, molestas o desabridas".
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska archivó esta causa en el pasado mes de abril al considerar que los hechos estaban amparados en el derecho a la libertad de expresión, aunque la sala de lo penal le obligó el pasado mes de junio a reabrir esta investigación.
http://www.elconfidencial.com/fotos/noticias/2008061773caricatura-rey.jpg
Efe/El Mundo
La Audiencia Nacional juzgará el próximo miércoles a los autores de la viñeta humorística publicada en los periódicos 'Gara' y 'Deia' conocida como "el oso Mitrofán", en la que se veía al Rey junto a un oso muerto -en alusión a una cacería en Rusia en la que participó-.
El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira considera injuriosa la caricatura humorística y, por este motivo, pide multas de 10.800 euros para sus autores.
La viñeta hacía referencia a una cacería en la que participó el Rey Juan Carlos en Rusia y en la que, según denunciaron algunas autoridades locales, se emborrachó a un oso pardo, de nombre Mitrofán, con vodka para que fuese capturado por el monarca.
El juez central de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia será el encargado de juzgar el próximo miércoles a José Antonio Rodríguez González, Javier Luis Ripa Jiménez y Nicolás Juan Lococo Cobo, a quienes el fiscal acusa de un delito de injurias graves al Rey.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, en sendos artículos aparecidos en octubre de 2006 en los diarios citados, Lococo Cobo hace una crítica sobre dicha cacería en la que se vierten una serie de expresiones "vejatorias, humillantes, atentatorias contra la dignidad y el honor del Jefe del Estado, manifiestamente superfluas e innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión".
De este modo, detalla el escrito, el acusado, utilizando como protagonista y orador al famoso 'oso Yogui' del parque norteamericano de Yellowstone, habla sobre la muerte de "Mitrofán", lo que aprovecha para imputar el "carácter de alcohólico" a don Juan Carlos, pues tras la frase "el Rey de España mata un oso borracho", afirma: "Por esta vez el rey de copas no es quien nosotros pensamos, sino nuestro congénere, el bueno de Mitrofán".
Para el fiscal, al referirse al monarca como "soberano irresponsable", el acusado -que se identifica como Nicola Lococo y dice ser filósofo- está haciendo referencia a "falta de capacidad de discernimiento", lo que "no puede dejar de ponerse en conexión" con la alusión anterior a la ingesta de bebidas alcohólicas.
"No estaría de más que se diera la voz de alarma a los ositos de peluche, incluidos los de Froilán y toda la cuchipanda, no sea que el mequetrefe de su abuelo, despechado por no encontrar ejemplares en la fauna, la emprenda a tiros con ellos", es otra de las expresiones que "de forma directa", según el fiscal, son "denigratorias" para el Rey y la Familia Real.
En otro de los párrafos, Lococo Cobo llama "sanguinario turista reincidente" a don Juan Carlos, una expresión que el fiscal Rubira considera "indudablemente ofensiva" y "no precisa" para criticar y recordar anteriores cacerías del monarca.
Para apoyar este artículo y hacerlo "más hiriente y vejatorio", los otros dos acusados -que se identifican a pie de foto como Rodríguez y Ripa- realizan una fotocomposición en la que se ve al Rey junto a un oso muerto que reposa sobre una barrica de alcohol.
Su afán, según el fiscal, es trasladar a los lectores la imagen del monarca como un alcohólico ya que, "no de otro modo se puede entender la frase 'Mitrofán era un oso de feria, lo metieron en una jaula y lo pusieron a tiro del rey tras emborracharlo con vodka y miel. ¿Lo harían para que estuviera en igualdad de condiciones?'".
"Ése y no otro es el sentido que se ha querido dar" también a la leyenda que aparece inscrita en la barrica y que dice: "Bodegas Caza-lla, para sentirse como un Rey".
El Ministerio Público considera que todas estas frases son "ofensivas, impropias, injustas y oprobiosas" y expresan un evidente menosprecio a don Juan Carlos y a la Corona, "superándose con mucho lo que pudieran considerarse críticas hirientes, molestas o desabridas".
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska archivó esta causa en el pasado mes de abril al considerar que los hechos estaban amparados en el derecho a la libertad de expresión, aunque la sala de lo penal le obligó el pasado mes de junio a reabrir esta investigación.
http://www.elconfidencial.com/fotos/noticias/2008061773caricatura-rey.jpg
Consejos para desactivar la Seguridad Social
José Luis Carretero Miramar
Diagonal
Invertir en Bolsa parte del Fondo de Reserva de las Pensiones, fomentar pensiones privadas o buscar financiación privada para la Seguridad Social... son algunos de los puntos más polémicos promovidos el 18 de noviembre en la última comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Acordado en 1995 entre el Gobierno y los agentes sociales, el Pacto busca hacer viable la supuesta insostenibilidad de la Seguridad Social con fórmulas que diluyen su función de protección. José Luis Carretero, autor de El bienestar malherido, analiza en este texto las últimas sugerencias lanzadas desde el Pacto de las pensiones.
En 1995, los partidos parlamentarios acordaban el llamado Pacto de Toledo. Se trata de un acuerdo general conformado por 15 puntos sobre el siempre delicado tema de las pensiones. El acuerdo fue el fruto de una idea que se ha vuelto recurrente: la de que el sistema de Seguridad Social español (basado en el sistema de reparto, de solidaridad interpersonal e intergeneracional) es insostenible a largo plazo ante la transformación demográfica provocada por el descenso de la natalidad y la mortalidad.
Así, el Pacto de Toledo nació con la voluntad declarada de salvaguardar dicho sistema, operando las reformas imprescindibles en el mismo que garanticen su viabilidad futura. Sin embargo, bajo su paraguas, y en base a algunos de sus puntos, lo que se ha venido realmente produciendo es un asalto directo a la concepción misma de una Seguridad Social pública, suficiente y basada en la solidaridad.
Este Pacto de Toledo ha sido desarrollado por tres grandes acuerdos sucesivos entre los interlocutores sociales (Gobierno, sindicatos y patronal), que han modificado la legislación de Seguridad Social en la dirección marcada por las recomendaciones del Pacto (entre las que se encuentran cosas como la “instrumentación de las cotizaciones como medida de política de empleo” –Recomendación 8ª– o la “potenciación del sistema complementario de pensiones”, o sea, las pensiones privadas –Recomendación 14ª–).
Las reformas practicadas realmente desde la firma del Pacto, al amparo de la ofensiva ideológica neoliberal, se han sustentado en tres estrategias fundamentales, que explicita la misma Comisión Europea: aumentar la edad real de jubilación (se ha hablado de llegar hasta los 70 años); disminuir la cuantía de las prestaciones (lo que se ha implantado, sin prisa pero sin pausa, mediante una multiplicidad de normas); y fomentar (al amparo del punto 14 del Pacto de Toledo) las pensiones privadas, basadas en el llamado sistema de capitalización.
La viabilidad de estas tres estrategias fundamentales puede testarse sobre la base de las propuestas presentadas en la última reunión, el 18 de noviembre, de la Comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto: aunque no se habló de aumentar de inmediato la edad de jubilación, se hizo hincapié en que las iniciativas tomadas en esa dirección hasta la fecha no han dado los frutos que se esperaban y quizás habría que buscar nuevas formas para obtener el objetivo. Así mismo, parece ser que los partidos mayoritarios propusieran la ampliación progresiva de 15 a 20 años del período de cálculo de las pensiones de jubilación, lo que implicaría una reducción de al menos el 5%, unos 60 euros cada mes respecto de la pensión media, de su cuantía. Por último, aunque ante la crisis financiera generalizada no sea el momento de venderle a nadie la participación en los fondos de pensiones que ceban la maquinaria de la especulación, se habló nuevamente de intentar hacer partícipes de los mismos a nuevos sectores sociales, objetivo fundamental para cualquier futuro sorpasso que permitiese introducir a la protección social en el cada vez más desencantado mundo del mercado y los negocios privados, lo que permitiría la apertura de nuevos ámbitos de acumulación a unos capitales globalizados sobreabundantes.
La trampa de la viabilidad
Tan es así, que incluso el propio Gobierno ya propuso, a principios de año, que al menos el 10 % de las reservas públicas del sistema de Seguridad Social se pudiesen invertir en renta variable en Bolsa. Finalmente, en octubre de 2008 se informaba de que “la práctica totalidad” del Fondo de Reserva está invertido en activos financieros públicos y la cartera está distribuida en un 54% de activos emitidos por el Reino de España y un 46% de la deuda de Alemania, Francia y Países Bajos.
En definitiva, cuando se habla de la insostenibilidad del sistema de Seguridad Social lo que se realiza es un delicado silogismo: si esto no funcionará mañana, dádmelo ahora a mí. Pero lo que no termina de estar claro, tras cualquier tipo de hipótesis de futuro, por pesimista que sea, es por qué la Seguridad Social contributiva ha de financiarse a sí misma (sin ayuda del gasto público general) y no así muchos otros gastos estatales, como la existencia de la misma institución de la Corona.
Y no debemos olvidar que, si las estrategias mencionadas de desmantelamiento del sistema público de Seguridad Social no han tenido un éxito total hasta la fecha, ha sido, principalmente, por esa inesperada resistencia, difusa pero real, que el Estado del Bienestar lleva oponiendo a la deriva neoliberal los últimos decenios. En ello estamos.
José Luis Carretero Miramar, profesor y autor de El bienestar malherido.
Diagonal
Invertir en Bolsa parte del Fondo de Reserva de las Pensiones, fomentar pensiones privadas o buscar financiación privada para la Seguridad Social... son algunos de los puntos más polémicos promovidos el 18 de noviembre en la última comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Acordado en 1995 entre el Gobierno y los agentes sociales, el Pacto busca hacer viable la supuesta insostenibilidad de la Seguridad Social con fórmulas que diluyen su función de protección. José Luis Carretero, autor de El bienestar malherido, analiza en este texto las últimas sugerencias lanzadas desde el Pacto de las pensiones.
En 1995, los partidos parlamentarios acordaban el llamado Pacto de Toledo. Se trata de un acuerdo general conformado por 15 puntos sobre el siempre delicado tema de las pensiones. El acuerdo fue el fruto de una idea que se ha vuelto recurrente: la de que el sistema de Seguridad Social español (basado en el sistema de reparto, de solidaridad interpersonal e intergeneracional) es insostenible a largo plazo ante la transformación demográfica provocada por el descenso de la natalidad y la mortalidad.
Así, el Pacto de Toledo nació con la voluntad declarada de salvaguardar dicho sistema, operando las reformas imprescindibles en el mismo que garanticen su viabilidad futura. Sin embargo, bajo su paraguas, y en base a algunos de sus puntos, lo que se ha venido realmente produciendo es un asalto directo a la concepción misma de una Seguridad Social pública, suficiente y basada en la solidaridad.
Este Pacto de Toledo ha sido desarrollado por tres grandes acuerdos sucesivos entre los interlocutores sociales (Gobierno, sindicatos y patronal), que han modificado la legislación de Seguridad Social en la dirección marcada por las recomendaciones del Pacto (entre las que se encuentran cosas como la “instrumentación de las cotizaciones como medida de política de empleo” –Recomendación 8ª– o la “potenciación del sistema complementario de pensiones”, o sea, las pensiones privadas –Recomendación 14ª–).
Las reformas practicadas realmente desde la firma del Pacto, al amparo de la ofensiva ideológica neoliberal, se han sustentado en tres estrategias fundamentales, que explicita la misma Comisión Europea: aumentar la edad real de jubilación (se ha hablado de llegar hasta los 70 años); disminuir la cuantía de las prestaciones (lo que se ha implantado, sin prisa pero sin pausa, mediante una multiplicidad de normas); y fomentar (al amparo del punto 14 del Pacto de Toledo) las pensiones privadas, basadas en el llamado sistema de capitalización.
La viabilidad de estas tres estrategias fundamentales puede testarse sobre la base de las propuestas presentadas en la última reunión, el 18 de noviembre, de la Comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto: aunque no se habló de aumentar de inmediato la edad de jubilación, se hizo hincapié en que las iniciativas tomadas en esa dirección hasta la fecha no han dado los frutos que se esperaban y quizás habría que buscar nuevas formas para obtener el objetivo. Así mismo, parece ser que los partidos mayoritarios propusieran la ampliación progresiva de 15 a 20 años del período de cálculo de las pensiones de jubilación, lo que implicaría una reducción de al menos el 5%, unos 60 euros cada mes respecto de la pensión media, de su cuantía. Por último, aunque ante la crisis financiera generalizada no sea el momento de venderle a nadie la participación en los fondos de pensiones que ceban la maquinaria de la especulación, se habló nuevamente de intentar hacer partícipes de los mismos a nuevos sectores sociales, objetivo fundamental para cualquier futuro sorpasso que permitiese introducir a la protección social en el cada vez más desencantado mundo del mercado y los negocios privados, lo que permitiría la apertura de nuevos ámbitos de acumulación a unos capitales globalizados sobreabundantes.
La trampa de la viabilidad
Tan es así, que incluso el propio Gobierno ya propuso, a principios de año, que al menos el 10 % de las reservas públicas del sistema de Seguridad Social se pudiesen invertir en renta variable en Bolsa. Finalmente, en octubre de 2008 se informaba de que “la práctica totalidad” del Fondo de Reserva está invertido en activos financieros públicos y la cartera está distribuida en un 54% de activos emitidos por el Reino de España y un 46% de la deuda de Alemania, Francia y Países Bajos.
En definitiva, cuando se habla de la insostenibilidad del sistema de Seguridad Social lo que se realiza es un delicado silogismo: si esto no funcionará mañana, dádmelo ahora a mí. Pero lo que no termina de estar claro, tras cualquier tipo de hipótesis de futuro, por pesimista que sea, es por qué la Seguridad Social contributiva ha de financiarse a sí misma (sin ayuda del gasto público general) y no así muchos otros gastos estatales, como la existencia de la misma institución de la Corona.
Y no debemos olvidar que, si las estrategias mencionadas de desmantelamiento del sistema público de Seguridad Social no han tenido un éxito total hasta la fecha, ha sido, principalmente, por esa inesperada resistencia, difusa pero real, que el Estado del Bienestar lleva oponiendo a la deriva neoliberal los últimos decenios. En ello estamos.
José Luis Carretero Miramar, profesor y autor de El bienestar malherido.
viernes, 12 de diciembre de 2008
¡Matemáticas en misa ya!
Por una educación pública, laica y de calidad
Rebelión
Somos un grupo de docentes de todos los niveles educativos que estamos muy preocupados por el bajo nivel cultural en nuestra sociedad, los altos índices de fracaso escolar y la proliferación de telebasura.
Para salir de esta situación queremos traspasar los muros de las escuelas, los institutos y las universidades, llevando la cultura y la educación a ámbitos en los que hasta la fecha hemos estado ausentes, en los que nuestra dejadez ha privado a muchos ciudadanos del derecho universal a la cultura.
Como primer paso, queremos llegar a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas para que nos cedan un diez por ciento del tiempo de las misas con el fin de que profesores especialistas en las distintas disciplinas puedan llegar más fácilmente a los creyentes mediante breves intervenciones didácticas.
Estamos estudiando cuál sería el momento idóneo para insertar en las misas contenidos científicos y culturales, tal vez inmediatamente después de la consagración o justo antes del padre nuestro.
Está claro que algunos feligreses podrían, con razón, objetar que ellos no tienen porqué aumentar sus conocimientos ni su cultura, ya que acuden a misa con el sólo fin de orar y escuchar la palabra de Dios.
Para solucionar este problema, y aunque pudiera parecer inconstitucional, a la entrada a la iglesia les haríamos rellenar un formulario para que manifestaran su preferencia por la religión o la cultura.
Una vez identificadas estas personas, podrían abandonar en el momento adecuado la nave principal de la iglesia y reunirse en las capillas laterales, la cripta o el salón parroquial. Con el fin de evitar agravios, estas personas podrían recibir durante ese rato charlas de carácter no cultural ni educativo pero muy relacionadas con los contenidos que se estén impartiendo en ese momento al resto de los fieles desde el altar.
Por ejemplo, los feligreses que no quieran repasar la tabla periódica, estudiarán los efectos perniciosos de los colorantes alimentarios, los que no quieran hacer ejercicios de educación física podrán ver un documental sobre la obesidad, y los que no quieran repasar los verbos irregulares ingleses podrían estudiar estadísticas sobre la importancia de hablar idiomas en el mundo moderno.
Los obispos nos han adelantado que no habría problema en computar el tiempo de cualquiera de estas actividades como tiempo equiparable al dedicado a escuchar la palabra de Dios, a la oración, a la contemplación, la penitencia o a la caridad y en ningún caso podrá discriminarse el acceso a la salvación eterna a los fieles en razón de sus preferencias religiosas o educativas.
Tampoco han puesto la más mínima objeción a la aparente contradicción derivada de que el contenido de las misas esté basado en la fe y las creencias, en contraste con la naturaleza científica y académica de los contenidos que habitualmente impartimos en las aulas.
En un primer momento, las clases se impartirían sólo durante las misas obligatorias de los domingos y fiestas de guardar, para más adelante extenderse a otros actos religiosos de asistencia no obligatoria como bautizos, bodas, comuniones, funerales, ejercicios espirituales, ordenaciones sacerdotales e incluso ceremonias de canonización o beatificación.
Pero, ¿de dónde saldría el dinero para pagar al profesorado que trabaje los domingos? Sin duda alguna de los donativos que los fieles depositan en los cepillos, del porcentaje de impuestos destinados al sostenimiento de la Iglesia Católica o, en general, de los presupuestos de la Iglesia.
Para garantizar la calidad de las enseñanzas impartidas, nuestra asociación gestionaría directamente el dinero aportado por la Iglesia y con él contrataría a profesores de sólida formación pedagógica y científica que se encargarían de impartir las clases durante las misas.
Naturalmente, dado el carácter eminentemente laico de las clases, no dudaríamos en despedir fulminantemente a aquellos profesores que no mantuvieran una coherencia laica entre su vida profesional y personal haciendo cosas como casarse por la iglesia, acudir a misa semanalmente o participar en cualquier tipo de actos religiosos.
Finalmente, llevaremos nuestras negociaciones hasta el mismo Vaticano, con cuyas autoridades firmaríamos un concordato que garantizara la continuidad de nuestra noble tarea docente en las iglesias durante los años venideros.
Entre tanto, puedes hacer llegar nuestra propuesta educativa a docentes, padres, alumnos, políticos, sindicalistas, medios de comunicación e incluso a las autoridades eclesiásticas. Tal vez así contribuyamos a que se entienda mejor lo que está ocurriendo en relación con la enseñanza de la religión en los centros sostenidos con dinero público.
Rebelión
Somos un grupo de docentes de todos los niveles educativos que estamos muy preocupados por el bajo nivel cultural en nuestra sociedad, los altos índices de fracaso escolar y la proliferación de telebasura.
Para salir de esta situación queremos traspasar los muros de las escuelas, los institutos y las universidades, llevando la cultura y la educación a ámbitos en los que hasta la fecha hemos estado ausentes, en los que nuestra dejadez ha privado a muchos ciudadanos del derecho universal a la cultura.
Como primer paso, queremos llegar a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas para que nos cedan un diez por ciento del tiempo de las misas con el fin de que profesores especialistas en las distintas disciplinas puedan llegar más fácilmente a los creyentes mediante breves intervenciones didácticas.
Estamos estudiando cuál sería el momento idóneo para insertar en las misas contenidos científicos y culturales, tal vez inmediatamente después de la consagración o justo antes del padre nuestro.
Está claro que algunos feligreses podrían, con razón, objetar que ellos no tienen porqué aumentar sus conocimientos ni su cultura, ya que acuden a misa con el sólo fin de orar y escuchar la palabra de Dios.
Para solucionar este problema, y aunque pudiera parecer inconstitucional, a la entrada a la iglesia les haríamos rellenar un formulario para que manifestaran su preferencia por la religión o la cultura.
Una vez identificadas estas personas, podrían abandonar en el momento adecuado la nave principal de la iglesia y reunirse en las capillas laterales, la cripta o el salón parroquial. Con el fin de evitar agravios, estas personas podrían recibir durante ese rato charlas de carácter no cultural ni educativo pero muy relacionadas con los contenidos que se estén impartiendo en ese momento al resto de los fieles desde el altar.
Por ejemplo, los feligreses que no quieran repasar la tabla periódica, estudiarán los efectos perniciosos de los colorantes alimentarios, los que no quieran hacer ejercicios de educación física podrán ver un documental sobre la obesidad, y los que no quieran repasar los verbos irregulares ingleses podrían estudiar estadísticas sobre la importancia de hablar idiomas en el mundo moderno.
Los obispos nos han adelantado que no habría problema en computar el tiempo de cualquiera de estas actividades como tiempo equiparable al dedicado a escuchar la palabra de Dios, a la oración, a la contemplación, la penitencia o a la caridad y en ningún caso podrá discriminarse el acceso a la salvación eterna a los fieles en razón de sus preferencias religiosas o educativas.
Tampoco han puesto la más mínima objeción a la aparente contradicción derivada de que el contenido de las misas esté basado en la fe y las creencias, en contraste con la naturaleza científica y académica de los contenidos que habitualmente impartimos en las aulas.
En un primer momento, las clases se impartirían sólo durante las misas obligatorias de los domingos y fiestas de guardar, para más adelante extenderse a otros actos religiosos de asistencia no obligatoria como bautizos, bodas, comuniones, funerales, ejercicios espirituales, ordenaciones sacerdotales e incluso ceremonias de canonización o beatificación.
Pero, ¿de dónde saldría el dinero para pagar al profesorado que trabaje los domingos? Sin duda alguna de los donativos que los fieles depositan en los cepillos, del porcentaje de impuestos destinados al sostenimiento de la Iglesia Católica o, en general, de los presupuestos de la Iglesia.
Para garantizar la calidad de las enseñanzas impartidas, nuestra asociación gestionaría directamente el dinero aportado por la Iglesia y con él contrataría a profesores de sólida formación pedagógica y científica que se encargarían de impartir las clases durante las misas.
Naturalmente, dado el carácter eminentemente laico de las clases, no dudaríamos en despedir fulminantemente a aquellos profesores que no mantuvieran una coherencia laica entre su vida profesional y personal haciendo cosas como casarse por la iglesia, acudir a misa semanalmente o participar en cualquier tipo de actos religiosos.
Finalmente, llevaremos nuestras negociaciones hasta el mismo Vaticano, con cuyas autoridades firmaríamos un concordato que garantizara la continuidad de nuestra noble tarea docente en las iglesias durante los años venideros.
Entre tanto, puedes hacer llegar nuestra propuesta educativa a docentes, padres, alumnos, políticos, sindicalistas, medios de comunicación e incluso a las autoridades eclesiásticas. Tal vez así contribuyamos a que se entienda mejor lo que está ocurriendo en relación con la enseñanza de la religión en los centros sostenidos con dinero público.
jueves, 11 de diciembre de 2008
Crónica del entierro de Alexandros (lo que El País no contó)
En Atenas el vandalismo es lo más noticioso
Noemí Sobregués
Rebelión
Dice esta mañana (10 de diciembre) la enviada especial de El País (por fin se han decidido a enviar a alguien, por cierto, ya que hasta ahora se habían limitado a reproducir noticias de la prensa griega, y, sea dicho de paso, de los periódicos más conservadores):
Pasadas las cuatro de la tarde, hora local (una hora menos en la España peninsular), el ataúd blanco con los restos de Alexis desapareció del plano. Las imágenes siguientes, minutos después, fueron ya de disturbios y enfrentamientos.
¿La enviada especial de El País se queda en el hotel viendo la tele? No importa. Algunos de nosotros estábamos allí.
El entierro tuvo lugar en Palio Faliro, un barrio a unos ocho kilómetros del centro de Atenas. A esas horas el Politejnío está relativamente en calma. No hay policía en los alrededores.
Frente a la iglesia se concentra una multitud de gente, en especial adolescentes, muchos de ellos con sus padres. Algo a lo lejos empieza a reunirse también gran cantidad de policía. Mis compañeros griegos insisten en que precise que no se trataba de antidisturbios, sino de motoristas. Iban armados.
De las calles adyacentes van llegando cada vez más chavales. Vemos a madres gritando desde el balcón a sus hijos que vuelvan a casa. En vano. Hablamos de chicos de clase media acomodada, vestidos con ropa de marca, que probablemente nunca han estado en Exarjia y nada saben de política.
De pronto un motorista saca un arma y dispara tres veces al cielo. (Posteriormente el policía afirma que sacó el arma por miedo, porque se sintieron amenazados –amenazados por tener frente a ellos a niños, y la vía libre a sus espaldas.) Se desata el caos. Los chavales corren a recoger los casquillos de las balas. La policía vuelve a disparar al cielo unas diez veces. Entonces, y sólo entonces, es cuando empiezan los disturbios y los enfrentamientos. Sí, se producen importantes destrozos en la zona y los alrededores.
Está filmado por cámaras de televisión. Es una lástima que la enviada especial de El País no sólo se limitara a quedarse viendo la tele, sino que además ni siquiera se tomara la molestia de echar un vistazo a los distintos canales.
Y sigue diciendo:
En la plaza Sintagma, el kilómetro cero de Atenas, se hizo de noche prematuramente en torno a las dos de la tarde. El humo negro producido por plásticos quemados se mezclaba con los botes de humo disparados por los antidisturbios.
Luego se pierde en comparaciones con la Intifada, en David y Goliat, en la desproporción del recurso a la fuerza por parte de ambos bandos, se da un paseo por Tesalónica y vuelve a la plaza Síntagma para decir que algunos manifestantes “no se conformaron con arrojar piedras, también usaron vallas, palos y papeleras. Y los más radicales cócteles molotov”. Sólo en el siguiente párrafo, tras haber mencionado la manifestación convocada por el partido comunista griego, deja caer, casi por descuido, que “la otra concentración” (la de Síntagma) era “mayoritariamente estudiantil” y “concentró a miles de participantes”.
Curiosa manera de contar lo sucedido. No decimos “falsa”. Decimos sólo “curiosa”. Lo que cuenta es cierto, pero tan parcial, tan absolutamente sesgado y tan estratégicamente expuesto, que al final poco tiene que ver con lo que presenciamos los que allí estábamos.
Era, efectivamente, una manifestación estudiantil. Hablamos de chicos de colegios e institutos entre once y dieciocho años, en su mayoría acompañados por sus profesores y sus padres. Habían llegado escuelas enteras de toda la ciudad y del Ática. Pretendía ser una manifestación pacífica.
Los manifestantes se sientan ante el Parlamento. Los más jóvenes, directamente niños, ocupan las primeras filas.
La policía los rodea totalmente. La plaza va llenándose de gente.
La policía intenta desalojar a los manifestantes a empujones y patadas (contra las primeras filas, las de los niños). Los chicos no se mueven. La policía saca sprays lacrimógenos y empiezan a rociarlos. Los profesores y los padres corren hacia las primeras filas y se enfrentan a la policía a gritos: “Pero ¿qué hacéis? ¿No veis que son niños? ¿Pretendéis matárnoslos a todos?”. Es cierto: alguna piedra empieza a caerles. La policía se pone nerviosa, se guarda los sprays y lanza por los aires un bote de gases lacrimógenos. Y es entonces, y sólo entonces, cuando se desata la batalla campal, cuando los que han ido concentrándose en los alrededores de la plaza no se conforman con lanzar piedras, sino que recurren a vallas, palos y papeleras.
Y sigue diciendo la enviada especial:
"Saludamos y damos la bienvenida a los jóvenes que no se cubren la cara”, era la consigna más repetida entre los profesores y los estudiantes que participaron en la primera marcha de la mañana.
Tampoco decimos que sea falso. No decimos que no haya encapuchados radicales y vándalos. Los hay. Pero no son tantos. Las calles están llenas de gente a todas horas, y por las noches, en los alrededores del Politejnío, todos podríamos pasar por encapuchados, entre otras cosas porque tenemos que salir con gorro (caen huevos, tomates, piedras e incluso algún cóctel molotov de balcones de casas particulares en cuanto pasa la policía), los ojos untados con vaselina, pañuelos mojados sobre la nariz y la boca, o mascarillas. Llevamos cuatro días largos respirando lacrimógenos (hay testimonios de que han lanzado botes estadounidenses caducados, lo cual ha complicado todavía más las cosas –el ministro de Sanidad pidió hace unos días a la policía que moderara el uso de lacrimógenos, comentó que incluso el personal médico tiene problemas para respirar cuando atiende a los heridos).
Y dice además:
Dos palabras se repiten sobremanera estos días en los medios de comunicación y en las calles: hooligans y vándalos. Otra frase favorita es: “Atenas parece Irak”.
Suponemos que esto es lo que se repite sobre todo en los medios de comunicación extranjeros. En cuanto a las calles, está claro que depende de con quién hable cada cual. La frase que más hemos oído nosotros incluso en los peores momentos, cuando todo el centro de Atenas ardía y la situación estaba totalmente fuera de control, era: “Iparji logos” (Hay motivos).
La situación es sorprendente. Desde el principio en las calles hay muchísima gente hasta bien avanzada la madrugada, pero cuanto más se empeñan los medios en que se trata sobre todo de pequeños grupos de vándalos radicales y anarquistas, más gente sale a la calle. Y los que al principio se limitaban a hacer acto de presencia empiezan ahora a animarse a lanzar alguna piedra que otra.
Está claro que en Atenas sólo los vándalos son fotogénicos.
Noemí Sobregués
Rebelión
Dice esta mañana (10 de diciembre) la enviada especial de El País (por fin se han decidido a enviar a alguien, por cierto, ya que hasta ahora se habían limitado a reproducir noticias de la prensa griega, y, sea dicho de paso, de los periódicos más conservadores):
Pasadas las cuatro de la tarde, hora local (una hora menos en la España peninsular), el ataúd blanco con los restos de Alexis desapareció del plano. Las imágenes siguientes, minutos después, fueron ya de disturbios y enfrentamientos.
¿La enviada especial de El País se queda en el hotel viendo la tele? No importa. Algunos de nosotros estábamos allí.
El entierro tuvo lugar en Palio Faliro, un barrio a unos ocho kilómetros del centro de Atenas. A esas horas el Politejnío está relativamente en calma. No hay policía en los alrededores.
Frente a la iglesia se concentra una multitud de gente, en especial adolescentes, muchos de ellos con sus padres. Algo a lo lejos empieza a reunirse también gran cantidad de policía. Mis compañeros griegos insisten en que precise que no se trataba de antidisturbios, sino de motoristas. Iban armados.
De las calles adyacentes van llegando cada vez más chavales. Vemos a madres gritando desde el balcón a sus hijos que vuelvan a casa. En vano. Hablamos de chicos de clase media acomodada, vestidos con ropa de marca, que probablemente nunca han estado en Exarjia y nada saben de política.
De pronto un motorista saca un arma y dispara tres veces al cielo. (Posteriormente el policía afirma que sacó el arma por miedo, porque se sintieron amenazados –amenazados por tener frente a ellos a niños, y la vía libre a sus espaldas.) Se desata el caos. Los chavales corren a recoger los casquillos de las balas. La policía vuelve a disparar al cielo unas diez veces. Entonces, y sólo entonces, es cuando empiezan los disturbios y los enfrentamientos. Sí, se producen importantes destrozos en la zona y los alrededores.
Está filmado por cámaras de televisión. Es una lástima que la enviada especial de El País no sólo se limitara a quedarse viendo la tele, sino que además ni siquiera se tomara la molestia de echar un vistazo a los distintos canales.
Y sigue diciendo:
En la plaza Sintagma, el kilómetro cero de Atenas, se hizo de noche prematuramente en torno a las dos de la tarde. El humo negro producido por plásticos quemados se mezclaba con los botes de humo disparados por los antidisturbios.
Luego se pierde en comparaciones con la Intifada, en David y Goliat, en la desproporción del recurso a la fuerza por parte de ambos bandos, se da un paseo por Tesalónica y vuelve a la plaza Síntagma para decir que algunos manifestantes “no se conformaron con arrojar piedras, también usaron vallas, palos y papeleras. Y los más radicales cócteles molotov”. Sólo en el siguiente párrafo, tras haber mencionado la manifestación convocada por el partido comunista griego, deja caer, casi por descuido, que “la otra concentración” (la de Síntagma) era “mayoritariamente estudiantil” y “concentró a miles de participantes”.
Curiosa manera de contar lo sucedido. No decimos “falsa”. Decimos sólo “curiosa”. Lo que cuenta es cierto, pero tan parcial, tan absolutamente sesgado y tan estratégicamente expuesto, que al final poco tiene que ver con lo que presenciamos los que allí estábamos.
Era, efectivamente, una manifestación estudiantil. Hablamos de chicos de colegios e institutos entre once y dieciocho años, en su mayoría acompañados por sus profesores y sus padres. Habían llegado escuelas enteras de toda la ciudad y del Ática. Pretendía ser una manifestación pacífica.
Los manifestantes se sientan ante el Parlamento. Los más jóvenes, directamente niños, ocupan las primeras filas.
La policía los rodea totalmente. La plaza va llenándose de gente.
La policía intenta desalojar a los manifestantes a empujones y patadas (contra las primeras filas, las de los niños). Los chicos no se mueven. La policía saca sprays lacrimógenos y empiezan a rociarlos. Los profesores y los padres corren hacia las primeras filas y se enfrentan a la policía a gritos: “Pero ¿qué hacéis? ¿No veis que son niños? ¿Pretendéis matárnoslos a todos?”. Es cierto: alguna piedra empieza a caerles. La policía se pone nerviosa, se guarda los sprays y lanza por los aires un bote de gases lacrimógenos. Y es entonces, y sólo entonces, cuando se desata la batalla campal, cuando los que han ido concentrándose en los alrededores de la plaza no se conforman con lanzar piedras, sino que recurren a vallas, palos y papeleras.
Y sigue diciendo la enviada especial:
"Saludamos y damos la bienvenida a los jóvenes que no se cubren la cara”, era la consigna más repetida entre los profesores y los estudiantes que participaron en la primera marcha de la mañana.
Tampoco decimos que sea falso. No decimos que no haya encapuchados radicales y vándalos. Los hay. Pero no son tantos. Las calles están llenas de gente a todas horas, y por las noches, en los alrededores del Politejnío, todos podríamos pasar por encapuchados, entre otras cosas porque tenemos que salir con gorro (caen huevos, tomates, piedras e incluso algún cóctel molotov de balcones de casas particulares en cuanto pasa la policía), los ojos untados con vaselina, pañuelos mojados sobre la nariz y la boca, o mascarillas. Llevamos cuatro días largos respirando lacrimógenos (hay testimonios de que han lanzado botes estadounidenses caducados, lo cual ha complicado todavía más las cosas –el ministro de Sanidad pidió hace unos días a la policía que moderara el uso de lacrimógenos, comentó que incluso el personal médico tiene problemas para respirar cuando atiende a los heridos).
Y dice además:
Dos palabras se repiten sobremanera estos días en los medios de comunicación y en las calles: hooligans y vándalos. Otra frase favorita es: “Atenas parece Irak”.
Suponemos que esto es lo que se repite sobre todo en los medios de comunicación extranjeros. En cuanto a las calles, está claro que depende de con quién hable cada cual. La frase que más hemos oído nosotros incluso en los peores momentos, cuando todo el centro de Atenas ardía y la situación estaba totalmente fuera de control, era: “Iparji logos” (Hay motivos).
La situación es sorprendente. Desde el principio en las calles hay muchísima gente hasta bien avanzada la madrugada, pero cuanto más se empeñan los medios en que se trata sobre todo de pequeños grupos de vándalos radicales y anarquistas, más gente sale a la calle. Y los que al principio se limitaban a hacer acto de presencia empiezan ahora a animarse a lanzar alguna piedra que otra.
Está claro que en Atenas sólo los vándalos son fotogénicos.
miércoles, 10 de diciembre de 2008
Los republicanos frente a la Constitución, 30 años de la Constitución española
Carlos Hermida
Rebelión
Al igual que ocurre con los productos de mala calidad, que necesitan cantidades ingentes de publicidad y propaganda para engañar al público y convencerle de sus supuestos beneficios y bondades, las reiteradas afirmaciones de los políticos y los medios de comunicación sobre las excelencias de la Constitución de 1978 intentan, empleando una expresión coloquial, darnos “gato por liebre”. Cuando se afirma que es la Constitución más democrática de la historia de España, lo que se quiere encubrir son sus elementos antidemocráticos; cuando se defiende que es la Constitución con mayor legitimidad por haberse redactado mediante una fórmula de consenso, se trata de ocultar su ilegitimidad de origen; y cuando se asegura que dentro de esa Constitución caben todas las opciones políticas no violentas, sencillamente se está mintiendo.
En primer lugar, esta Constitución presenta aspectos escandalosamente antidemocráticos. El artículo 8, punto 1, afirma que “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Esto es, simplemente, una aberración jurídica, porque se encomienda a una institución que pagamos todos los ciudadanos unas atribuciones que exclusivamente corresponden al pueblo español. Si los ciudadanos, en ejercicio de la soberanía que nos atribuye el artículo 1, punto 2, quisiéramos cambiar el orden constitucional o, sencillamente, alterar la configuración territorial del país, nos encontraríamos en la imposibilidad jurídica de hacerlo. Es más, el Ejército podría intervenir para impedirlo. ¿Y a esto le llaman democracia?
Pero no es el único déficit democrático. El artículo 16, punto 3, establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Esta declaración de no confesionalidad quedó inmediatamente desvirtuada gracias a la peculiar redacción del artículo. Así, las relaciones de cooperación con la Iglesia se concretaron en la firma en 1979 de unos acuerdos entre la Iglesia y el Estado que han convertido a aquélla en una institución al margen de la Constitución. Además de la financiación a cargo del Estado, la Iglesia tiene privilegios inadmisibles, como contratar y despedir a los profesores de religión, mientras la Administración se hace cargo de sus salarios. La inclusión de la asignatura de religión en la enseñanza primaria y secundaria, aunque tenga carácter voluntario, el ritual católico en los denominados funerales de Estado y la presencia de símbolos religiosos en la toma de posesión de los ministros, por citar algunos ejemplos, convierten al Estado español en prácticamente confesional.
Los españoles, según consta en el artículo 14, son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna de nacimiento raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sin embargo, el artículo 56, punto 3, declara que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. ¿No hay una contradicción flagrante entre ambos artículos? ¿Acaso el rey no es español? Y si lo es, ¿cómo es posible que no le alcance el contenido de la Constitución? Las atribuciones concedidas al monarca, como la jefatura de las Fuerzas Armadas y la sanción de las leyes, le convierten, debido a su inmunidad penal, en fuente potencial de actividades anticonstitucionales que quedarían impunes.
Consideramos también escasamente democráticos la moción de censura y los mecanismos de reforma constitucional , y en cuanto a la afirmación que asegura que es la Constitución más democrática de la historia de España, constituye un ejercicio de cinismo o de inmensa ignorancia. En la larga historia del constitucionalismo español, que se inicia con el Estatuto de Bayona, la Constitución republicana de 1931 ha sido indudablemente la de más hondo contenido democrático. Recordemos, a título de ejemplo, que el texto republicano legalizó el divorcio, concedió el voto a las mujeres, separó la Iglesia y el Estado y estableció la posibilidad de nacionalizar y socializar la propiedad.
En segundo lugar, los republicanos rechazamos que sea ésta una Constitución caracterizada por la legitimidad. Mas aún, consideramos que hay una ilegitimidad originaria. Y lo hacemos con un argumento decisivo: la Constitución establece en España la monarquía impuesta por Franco, sin que haya mediado un referéndum en el que el pueblo español pudiese decidir sobre la forma política del Estado. La Transición, con su política de consensos, pactos y traiciones, escamoteó a los ciudadanos la posibilidad de elegir entre monarquía o república. ¿Puede considerarse legítima una monarquía que es el resultado de la decisión personal de un dictador fascista? ¿Puede considerarse legítima una monarquía que emana de un régimen ilegal e ilegítimo en todas sus actuaciones? ¿Es acreedora de legitimidad una Constitución que acepta una institución emanada directamente del franquismo?
Y en cuanto a los que defienden que la Constitución fue votada mayoritariamente por el pueblo, será preciso recordar una vez más algunas cifras. En el referéndum constitucional los votos favorables llegaron al 58% del censo electoral, mientras que la abstención sumó el 32,9%, los votos en blanco el 2,4% y el “no” alcanzó el 5,3 % del censo electoral. Después de 36 años de fascismo y ayuno constitucional, hubiese sido razonable esperar un mayor entusiasmo. En el País Vasco, el rechazo al texto constitucional fue rotundo: en Guipúzcoa, el voto favorable sólo alcanzó el 27% del censo electoral; el 31,1% en Vizcaya; el 42,3% en Álava y el 50,2% en Navarra. Rechazada en una parte del territorio estatal y no ratificada por el 42,2% del censo electoral, incluso siendo muy generoso habría que concluir que la legitimidad de la Constitución es algo más que cuestionable. Además, fuerzas políticas que defendían una alternativa republicana y se oponían rotundamente a la constitución monárquica, como el PCE (m-l), no habían sido legalizadas y, por tanto, aunque hicieron oír su voz, tuvieron que enfrentarse a una fuerte represión del gobierno de UCD cuyo objetivo, con el apoyo del PSOE y del PCE de Carrillo, era silenciar las voces republicanas.
En tercer lugar, en esta Constitución no caben, como se dice frecuentemente, todas las opciones políticas. En esta Constitución no tiene cabida una reordenación del territorio en un sentido federal, ni tampoco las alternativas políticas que propone el lehendakari Ibarretxe. Esta Constitución es un corsé de hierro que frustra las aspiraciones políticas de las nacionalidades que componen el Estado español e impide la solución de los graves problemas que tiene nuestro país.
Creemos que todo lo referido es suficiente para deslegitimar la Constitución de 1978, pero hay algo aún de mayor gravedad, y es que la Constitución no se cumple. La teórica división de poderes se ha convertido en la práctica en la concentración de poderes en manos del ejecutivo. El poder judicial está mediatizado por el gobierno y las Cortes no son el centro de la vida política. En cuanto a los derechos de los españoles al trabajo y a la vivienda, parece que se redactaron para no cumplirlos.
La Constitución es hoy un simple decorado tras el que se esconde la realidad de un poder crecientemente autoritario, que limita las libertades, prohíbe partidos, cierra medios de comunicación en el País Vasco y organiza macroprocesos judiciales contra el denominado “entorno de ETA”, una extraña figura procesal, incompatible con el Estado de derecho, lo suficientemente amplia y ambigua para juzgar a todas las fuerzas políticas que se oponen al sistema político y económico.
Hoy no tenemos democracia en España porque no hay verdadero control sobre el gobierno; ni hay Constitución porque no existe verdadera separación de poderes. Vivimos en un proceso de involución de las libertades civiles extraordinariamente peligroso. Y la salida la actual situación no es, como apuntan algunos tímidamente, la reforma constitucional, sino su superación. Sólo la proclamación de la III República permitirá abordar la solución de los gravísimos problemas políticos, económicos y sociales que tiene nuestro país, así como recuperar la dignidad y soberanía nacional en política exterior, sacudiéndonos la relación vasallática respecto a Estados Unidos. La República devolverá la ilusión a una población desencantada que sólo ve en los políticos a una casta parasitaria que se enriquece con el dinero público, y nos situará en un horizonte de libertad y progreso material en el que nos sentiremos realmente ciudadanos.
Hace diez años se constituyó la Plataforma de Ciudadanos por la República. Un grupo de hombres y mujeres recogió las banderas republicanas que, unos por traición y otros por cansancio, habían arriado. Con enorme esfuerzo y sacrificio iniciaron un proyecto político que hoy ha fructificado. Las banderas republicanas vuelven a llenar las calles y plazas de España y el ideal republicano se extiende entre la juventud. Queda todavía un largo y difícil camino, pero tenemos voluntad y firmeza para recorrerlo. Camaradas, compañeros y amigos de la Plataforma: vamos a seguir luchando para que la III República, expresión de la libertad, la razón y la cultura, sea pronto una realidad en España.
Rebelión
Al igual que ocurre con los productos de mala calidad, que necesitan cantidades ingentes de publicidad y propaganda para engañar al público y convencerle de sus supuestos beneficios y bondades, las reiteradas afirmaciones de los políticos y los medios de comunicación sobre las excelencias de la Constitución de 1978 intentan, empleando una expresión coloquial, darnos “gato por liebre”. Cuando se afirma que es la Constitución más democrática de la historia de España, lo que se quiere encubrir son sus elementos antidemocráticos; cuando se defiende que es la Constitución con mayor legitimidad por haberse redactado mediante una fórmula de consenso, se trata de ocultar su ilegitimidad de origen; y cuando se asegura que dentro de esa Constitución caben todas las opciones políticas no violentas, sencillamente se está mintiendo.
En primer lugar, esta Constitución presenta aspectos escandalosamente antidemocráticos. El artículo 8, punto 1, afirma que “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Esto es, simplemente, una aberración jurídica, porque se encomienda a una institución que pagamos todos los ciudadanos unas atribuciones que exclusivamente corresponden al pueblo español. Si los ciudadanos, en ejercicio de la soberanía que nos atribuye el artículo 1, punto 2, quisiéramos cambiar el orden constitucional o, sencillamente, alterar la configuración territorial del país, nos encontraríamos en la imposibilidad jurídica de hacerlo. Es más, el Ejército podría intervenir para impedirlo. ¿Y a esto le llaman democracia?
Pero no es el único déficit democrático. El artículo 16, punto 3, establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Esta declaración de no confesionalidad quedó inmediatamente desvirtuada gracias a la peculiar redacción del artículo. Así, las relaciones de cooperación con la Iglesia se concretaron en la firma en 1979 de unos acuerdos entre la Iglesia y el Estado que han convertido a aquélla en una institución al margen de la Constitución. Además de la financiación a cargo del Estado, la Iglesia tiene privilegios inadmisibles, como contratar y despedir a los profesores de religión, mientras la Administración se hace cargo de sus salarios. La inclusión de la asignatura de religión en la enseñanza primaria y secundaria, aunque tenga carácter voluntario, el ritual católico en los denominados funerales de Estado y la presencia de símbolos religiosos en la toma de posesión de los ministros, por citar algunos ejemplos, convierten al Estado español en prácticamente confesional.
Los españoles, según consta en el artículo 14, son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna de nacimiento raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sin embargo, el artículo 56, punto 3, declara que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. ¿No hay una contradicción flagrante entre ambos artículos? ¿Acaso el rey no es español? Y si lo es, ¿cómo es posible que no le alcance el contenido de la Constitución? Las atribuciones concedidas al monarca, como la jefatura de las Fuerzas Armadas y la sanción de las leyes, le convierten, debido a su inmunidad penal, en fuente potencial de actividades anticonstitucionales que quedarían impunes.
Consideramos también escasamente democráticos la moción de censura y los mecanismos de reforma constitucional , y en cuanto a la afirmación que asegura que es la Constitución más democrática de la historia de España, constituye un ejercicio de cinismo o de inmensa ignorancia. En la larga historia del constitucionalismo español, que se inicia con el Estatuto de Bayona, la Constitución republicana de 1931 ha sido indudablemente la de más hondo contenido democrático. Recordemos, a título de ejemplo, que el texto republicano legalizó el divorcio, concedió el voto a las mujeres, separó la Iglesia y el Estado y estableció la posibilidad de nacionalizar y socializar la propiedad.
En segundo lugar, los republicanos rechazamos que sea ésta una Constitución caracterizada por la legitimidad. Mas aún, consideramos que hay una ilegitimidad originaria. Y lo hacemos con un argumento decisivo: la Constitución establece en España la monarquía impuesta por Franco, sin que haya mediado un referéndum en el que el pueblo español pudiese decidir sobre la forma política del Estado. La Transición, con su política de consensos, pactos y traiciones, escamoteó a los ciudadanos la posibilidad de elegir entre monarquía o república. ¿Puede considerarse legítima una monarquía que es el resultado de la decisión personal de un dictador fascista? ¿Puede considerarse legítima una monarquía que emana de un régimen ilegal e ilegítimo en todas sus actuaciones? ¿Es acreedora de legitimidad una Constitución que acepta una institución emanada directamente del franquismo?
Y en cuanto a los que defienden que la Constitución fue votada mayoritariamente por el pueblo, será preciso recordar una vez más algunas cifras. En el referéndum constitucional los votos favorables llegaron al 58% del censo electoral, mientras que la abstención sumó el 32,9%, los votos en blanco el 2,4% y el “no” alcanzó el 5,3 % del censo electoral. Después de 36 años de fascismo y ayuno constitucional, hubiese sido razonable esperar un mayor entusiasmo. En el País Vasco, el rechazo al texto constitucional fue rotundo: en Guipúzcoa, el voto favorable sólo alcanzó el 27% del censo electoral; el 31,1% en Vizcaya; el 42,3% en Álava y el 50,2% en Navarra. Rechazada en una parte del territorio estatal y no ratificada por el 42,2% del censo electoral, incluso siendo muy generoso habría que concluir que la legitimidad de la Constitución es algo más que cuestionable. Además, fuerzas políticas que defendían una alternativa republicana y se oponían rotundamente a la constitución monárquica, como el PCE (m-l), no habían sido legalizadas y, por tanto, aunque hicieron oír su voz, tuvieron que enfrentarse a una fuerte represión del gobierno de UCD cuyo objetivo, con el apoyo del PSOE y del PCE de Carrillo, era silenciar las voces republicanas.
En tercer lugar, en esta Constitución no caben, como se dice frecuentemente, todas las opciones políticas. En esta Constitución no tiene cabida una reordenación del territorio en un sentido federal, ni tampoco las alternativas políticas que propone el lehendakari Ibarretxe. Esta Constitución es un corsé de hierro que frustra las aspiraciones políticas de las nacionalidades que componen el Estado español e impide la solución de los graves problemas que tiene nuestro país.
Creemos que todo lo referido es suficiente para deslegitimar la Constitución de 1978, pero hay algo aún de mayor gravedad, y es que la Constitución no se cumple. La teórica división de poderes se ha convertido en la práctica en la concentración de poderes en manos del ejecutivo. El poder judicial está mediatizado por el gobierno y las Cortes no son el centro de la vida política. En cuanto a los derechos de los españoles al trabajo y a la vivienda, parece que se redactaron para no cumplirlos.
La Constitución es hoy un simple decorado tras el que se esconde la realidad de un poder crecientemente autoritario, que limita las libertades, prohíbe partidos, cierra medios de comunicación en el País Vasco y organiza macroprocesos judiciales contra el denominado “entorno de ETA”, una extraña figura procesal, incompatible con el Estado de derecho, lo suficientemente amplia y ambigua para juzgar a todas las fuerzas políticas que se oponen al sistema político y económico.
Hoy no tenemos democracia en España porque no hay verdadero control sobre el gobierno; ni hay Constitución porque no existe verdadera separación de poderes. Vivimos en un proceso de involución de las libertades civiles extraordinariamente peligroso. Y la salida la actual situación no es, como apuntan algunos tímidamente, la reforma constitucional, sino su superación. Sólo la proclamación de la III República permitirá abordar la solución de los gravísimos problemas políticos, económicos y sociales que tiene nuestro país, así como recuperar la dignidad y soberanía nacional en política exterior, sacudiéndonos la relación vasallática respecto a Estados Unidos. La República devolverá la ilusión a una población desencantada que sólo ve en los políticos a una casta parasitaria que se enriquece con el dinero público, y nos situará en un horizonte de libertad y progreso material en el que nos sentiremos realmente ciudadanos.
Hace diez años se constituyó la Plataforma de Ciudadanos por la República. Un grupo de hombres y mujeres recogió las banderas republicanas que, unos por traición y otros por cansancio, habían arriado. Con enorme esfuerzo y sacrificio iniciaron un proyecto político que hoy ha fructificado. Las banderas republicanas vuelven a llenar las calles y plazas de España y el ideal republicano se extiende entre la juventud. Queda todavía un largo y difícil camino, pero tenemos voluntad y firmeza para recorrerlo. Camaradas, compañeros y amigos de la Plataforma: vamos a seguir luchando para que la III República, expresión de la libertad, la razón y la cultura, sea pronto una realidad en España.
jueves, 4 de diciembre de 2008
Los supermercados y la crisis alimentaria mundial
Esther Vivas
Alai-amlatina
La crisis alimentaria ha dejado sin comida a miles de personas en todo el mundo. A la cifra de 850 millones de hambrientos, el Banco Mundial añade cien más fruto de la crisis actual. El “tsunami” del hambre no tiene nada de natural, sino que es resultado de las políticas neoliberales impuestas durante décadas por las instituciones internacionales. Hoy, el problema no es la falta de alimentos sino la imposibilidad para acceder a ellos debido a sus altos precios.
Esta crisis alimentaria deja tras sí a una larga lista de perdedores y de ganadores. Entre los más afectados, se encuentran mujeres, niños y niñas, campesinos y campesinas expulsados de sus tierras, pobres urbanos... En definitiva, aquellos que engrosan las filas de las y los oprimidos del sistema capitalista. Entre los ganadores, encontramos a las multinacionales de la industria agroalimentaria que controlan de origen a fin la cadena de producción, transformación y comercialización de los alimentos. De este modo, mientras la situación de crisis azota, principalmente, a los países del sur global, las multinacionales del sector ven multiplicar sus ganancias.
Monopolios
La cadena agroalimentaria está controlada en cada uno de sus tramos (semillas, fertilizantes, transformación, distribución, etc.) por multinacionales que consiguen grandes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y desregularizado. Un sistema que cuenta con el apoyo explícito de las élites políticas y de las instituciones internacionales que anteponen los beneficios de estas empresas a las necesidades alimenticias de las personas y el respeto al medio ambiente.
La gran distribución, al igual que otros sectores, cuenta con una alta concentración empresarial. En Europa, entre los años 1987 y 2005, la cuota de mercado de las diez mayores multinacionales de la distribución significaba un 45% del total y se pronosticaba que ésta podría llegar a un 75% en los próximos 10-15 años. En países como Suecia, tres cadenas de supermercados controlan alrededor del 95,1% de la cuota de mercado; y en países como Dinamarca, Bélgica, Estado español, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Argentina, unas pocas empresas dominan entre el 60% y el 45% del total. Las megafusiones son la dinámica habitual en el sector. De este modo, las grandes corporaciones, con su matriz en los países occidentales, absorben a cadenas más pequeñas en todo el planeta asegurándose su expansión a nivel internacional y, especialmente, en los países del sur global.
Este monopolio y concentración permite un fuerte control a la hora de determinar lo qué consumimos, a qué precio lo compramos, de quién procede, cómo ha sido elaborado, con qué productos, etc. En el año 2006, la segunda empresa más grande del mundo por volumen de ventas fue Wal-Mart y en el listado de las cincuenta mayores empresas mundiales se encontraban también, por orden de facturación, Carrefour, Tesco, Kroger, Royal Ahold y Costco. Nuestra alimentación depende cada día más de los intereses de estas grandes cadenas de venta al detalle y su poder se evidencia con toda crudeza en una situación de crisis.
De hecho, en abril del 2008 y frente a la situación de crisis alimentaria mundial, las dos mayores cadenas de supermercados de Estados Unidos, Sam’s Club (propiedad de Wal-Mart) y Costco (de venta a mayoristas), apostaron por racionar la venta de arroz en sus establecimientos aludiendo a una posible restricción en el suministro de este cereal. En Sam’s Club, se limitó la venta de tres variedades de arroz (basmati, jasmine y grano largo) así como la compra de sacos de arroz de nueve o más quilos a un total de cuatro por cliente; en Costco se restringió la venta de harina y de arroz frente al aumento de la demanda. En Gran Bretaña, Tilda (la principal importadora de arroz basmati a nivel mundial) también estableció restricciones a la venta de arroz en algunos establecimientos al por mayor. Con esta medida se puso en evidencia la capacidad de las grandes cadenas de distribución de incidir en la compra y venta de determinados productos, limitar su distribución e influir en la fijación de sus precios. Un hecho que ni siquiera se había producido en Estados Unidos tras la II Guerra Mundial, cuando sí se restringió el acopio de petróleo, neumáticos y bombillas, pero no de alimentos.
Cambio de hábitos
Otra dinámica que se ha puesto de relieve frente a la situación de crisis alimentaria ha sido el cambio de hábitos a la hora de hacer la compra. Ante la necesidad, por parte de los clientes, de abrocharse el cinturón y buscar aquellos establecimientos con precios más baratos, las cadenas de descuento han sido las que han salido ganando. En Italia, Gran Bretaña, Estado Español, Portugal y Francia, estos supermercados han visto aumentar sus ventas entre un 13% y un 9% el primer trimestre del 2008 respecto al año anterior.
Otro indicador del cambio de tendencia es el aumento de las ventas de marcas blancas que ya suponen, según datos del primer trimestre del 2008, en Gran Bretaña un 43,7% del volumen total de ventas, en el Estado Español un 32,8%, en Alemania un 31,6% y en Portugal y Francia alrededor del 30%. Cuando son, precisamente, las marcas blancas las que dan un mayor beneficio a las grandes cadenas de distribución y permiten una mayor fidelización de sus clientes.
Pero más allá del papel que la gran distribución pueda jugar en una situación de crisis (con restricciones a la venta de algunos de sus productos; cambios en los hábitos de compra, etc.), este modelo de distribución ejerce a nivel estructural un fuerte control e impacto negativo en los distintos actores que participan en la cadena de distribución de alimentos: campesinos/as, proveedores, consumidores/as, trabajadores/as, etc. De hecho, la aparición de los supermercados, hipermercados, cadenas de descuento, autoservicios..., en el transcurso del siglo XX, ha contribuido a la mercantilización del qué, el cómo y el dónde compramos supeditando la alimentación, la agricultura y el consumo a la lógica del capital y del mercado.
- Esther Vivas es miembro de la Red de Consumo Solidario y de la campaña No te comas el mundo. Es coautora del libro Supermercados, no gracias (Icaria editorial, 2007). Publicado en AAVV Introducción a la Crisis Alimentaria Global, Barcelona, No te comas el mundo.
Más información: http://alainet.org
Alai-amlatina
La crisis alimentaria ha dejado sin comida a miles de personas en todo el mundo. A la cifra de 850 millones de hambrientos, el Banco Mundial añade cien más fruto de la crisis actual. El “tsunami” del hambre no tiene nada de natural, sino que es resultado de las políticas neoliberales impuestas durante décadas por las instituciones internacionales. Hoy, el problema no es la falta de alimentos sino la imposibilidad para acceder a ellos debido a sus altos precios.
Esta crisis alimentaria deja tras sí a una larga lista de perdedores y de ganadores. Entre los más afectados, se encuentran mujeres, niños y niñas, campesinos y campesinas expulsados de sus tierras, pobres urbanos... En definitiva, aquellos que engrosan las filas de las y los oprimidos del sistema capitalista. Entre los ganadores, encontramos a las multinacionales de la industria agroalimentaria que controlan de origen a fin la cadena de producción, transformación y comercialización de los alimentos. De este modo, mientras la situación de crisis azota, principalmente, a los países del sur global, las multinacionales del sector ven multiplicar sus ganancias.
Monopolios
La cadena agroalimentaria está controlada en cada uno de sus tramos (semillas, fertilizantes, transformación, distribución, etc.) por multinacionales que consiguen grandes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y desregularizado. Un sistema que cuenta con el apoyo explícito de las élites políticas y de las instituciones internacionales que anteponen los beneficios de estas empresas a las necesidades alimenticias de las personas y el respeto al medio ambiente.
La gran distribución, al igual que otros sectores, cuenta con una alta concentración empresarial. En Europa, entre los años 1987 y 2005, la cuota de mercado de las diez mayores multinacionales de la distribución significaba un 45% del total y se pronosticaba que ésta podría llegar a un 75% en los próximos 10-15 años. En países como Suecia, tres cadenas de supermercados controlan alrededor del 95,1% de la cuota de mercado; y en países como Dinamarca, Bélgica, Estado español, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Argentina, unas pocas empresas dominan entre el 60% y el 45% del total. Las megafusiones son la dinámica habitual en el sector. De este modo, las grandes corporaciones, con su matriz en los países occidentales, absorben a cadenas más pequeñas en todo el planeta asegurándose su expansión a nivel internacional y, especialmente, en los países del sur global.
Este monopolio y concentración permite un fuerte control a la hora de determinar lo qué consumimos, a qué precio lo compramos, de quién procede, cómo ha sido elaborado, con qué productos, etc. En el año 2006, la segunda empresa más grande del mundo por volumen de ventas fue Wal-Mart y en el listado de las cincuenta mayores empresas mundiales se encontraban también, por orden de facturación, Carrefour, Tesco, Kroger, Royal Ahold y Costco. Nuestra alimentación depende cada día más de los intereses de estas grandes cadenas de venta al detalle y su poder se evidencia con toda crudeza en una situación de crisis.
De hecho, en abril del 2008 y frente a la situación de crisis alimentaria mundial, las dos mayores cadenas de supermercados de Estados Unidos, Sam’s Club (propiedad de Wal-Mart) y Costco (de venta a mayoristas), apostaron por racionar la venta de arroz en sus establecimientos aludiendo a una posible restricción en el suministro de este cereal. En Sam’s Club, se limitó la venta de tres variedades de arroz (basmati, jasmine y grano largo) así como la compra de sacos de arroz de nueve o más quilos a un total de cuatro por cliente; en Costco se restringió la venta de harina y de arroz frente al aumento de la demanda. En Gran Bretaña, Tilda (la principal importadora de arroz basmati a nivel mundial) también estableció restricciones a la venta de arroz en algunos establecimientos al por mayor. Con esta medida se puso en evidencia la capacidad de las grandes cadenas de distribución de incidir en la compra y venta de determinados productos, limitar su distribución e influir en la fijación de sus precios. Un hecho que ni siquiera se había producido en Estados Unidos tras la II Guerra Mundial, cuando sí se restringió el acopio de petróleo, neumáticos y bombillas, pero no de alimentos.
Cambio de hábitos
Otra dinámica que se ha puesto de relieve frente a la situación de crisis alimentaria ha sido el cambio de hábitos a la hora de hacer la compra. Ante la necesidad, por parte de los clientes, de abrocharse el cinturón y buscar aquellos establecimientos con precios más baratos, las cadenas de descuento han sido las que han salido ganando. En Italia, Gran Bretaña, Estado Español, Portugal y Francia, estos supermercados han visto aumentar sus ventas entre un 13% y un 9% el primer trimestre del 2008 respecto al año anterior.
Otro indicador del cambio de tendencia es el aumento de las ventas de marcas blancas que ya suponen, según datos del primer trimestre del 2008, en Gran Bretaña un 43,7% del volumen total de ventas, en el Estado Español un 32,8%, en Alemania un 31,6% y en Portugal y Francia alrededor del 30%. Cuando son, precisamente, las marcas blancas las que dan un mayor beneficio a las grandes cadenas de distribución y permiten una mayor fidelización de sus clientes.
Pero más allá del papel que la gran distribución pueda jugar en una situación de crisis (con restricciones a la venta de algunos de sus productos; cambios en los hábitos de compra, etc.), este modelo de distribución ejerce a nivel estructural un fuerte control e impacto negativo en los distintos actores que participan en la cadena de distribución de alimentos: campesinos/as, proveedores, consumidores/as, trabajadores/as, etc. De hecho, la aparición de los supermercados, hipermercados, cadenas de descuento, autoservicios..., en el transcurso del siglo XX, ha contribuido a la mercantilización del qué, el cómo y el dónde compramos supeditando la alimentación, la agricultura y el consumo a la lógica del capital y del mercado.
- Esther Vivas es miembro de la Red de Consumo Solidario y de la campaña No te comas el mundo. Es coautora del libro Supermercados, no gracias (Icaria editorial, 2007). Publicado en AAVV Introducción a la Crisis Alimentaria Global, Barcelona, No te comas el mundo.
Más información: http://alainet.org
miércoles, 3 de diciembre de 2008
Los eufemismos y la ministra Chacón
Koldo Campos Sagaseta
Rebelión
Aseguraba Carme Chacón, ministra de Defensa española, no haber sido nunca partidaria de eufemismos o dobles lenguajes. Lo advertía al tiempo que se declaraba pacifista, “y los ejércitos del siglo XXI también lo son”, y agregaba que “éstos no son tiempos para el intervencionismo militar”, antes de acabar insistiendo en que la presencia militar española en el país asiático no tiene otro propósito que “defender la libertad”.
Tal parece, sin embargo, que la defensa de tan noble derecho no está siendo muy exitosa. Los propios informes militares españoles dan cuenta de que en Badghis, la provincia bajo tutela española, los insurgentes han multiplicado por diez, sólo en un año, el número de sus efectivos.
“Hace un año, la insurgencia estaba a 100 kilómetros de la capital. Ahora, la tenemos en la puerta", explicaba un mando militar español destinado en esa región en declaraciones al periódico El Mundo.
Y ello, no obstante el esmero demostrado en la reconstrucción del país, la otra gran encomienda de las tropas españolas, a la que también se refería el militar español: “La mayoría es gente que no tiene donde caerse muerta y está dispuesta a luchar por unos pocos dólares. Por eso les hemos estado pagando por abrir zanjas y luego cerrarlas. El problema es que no puedes comprar a quienes han perdido un pariente a manos de tropas occidentales y aquí todo el mundo es familia”.
De que la población afgana pierda tantos parientes se ocupan, especialmente, las tropas estadounidenses, ya que, asegura la misma fuente, “mientras los españoles confían en ganarse poco a poco a la población, hacen la vista gorda con el narcotráfico y sonríen antes de preguntar, los estadounidenses desconfían de los nativos, ignoran su forma de vida y disparan ante la menor duda.”
En el distrito de Shindand, refiere el periódico, el mismo en el que murieron el 3 de noviembre dos soldados españoles, un bombardeo de EE UU mató en agosto a 96 civiles, incluidos 60 niños y 15 mujeres.
Y no ha sido el único desmán cometido por los pacíficos ejércitos occidentales, según la terminología de la ministra Chacón tan contraria al uso de eufemismos. El mismo periódico aportaba otro dato más en relación a las sosegadas artes que despliegan los pacificadores en Afganistán, y hasta se permitía hacerlo subrayando la escasa difusión que tuvo la noticia, como si semejante confesión absolviera su complicidad en el silenciado crimen: “Aunque no ha tenido tanta publicidad, el pasado 6 de noviembre, sólo tres días antes del atentado, un ataque aéreo de Estados Unidos mató a 13 insurgentes y a siete civiles en Ghormach, uno de los más conflictivos distritos de la provincia cuya reconstrucción corresponde a España”.
Nadie sabe cuantos parientes restan por morir y cuantas zanjas más habrán de ser abiertas y cerradas antes de que la pacificación reconstruya Afganistán pero ya la ministra, no lo dudo, debe estar investigando qué otros vocablos, que no parezcan eufemismos, caben para nombrar la desvergüenza.
Rebelión
Aseguraba Carme Chacón, ministra de Defensa española, no haber sido nunca partidaria de eufemismos o dobles lenguajes. Lo advertía al tiempo que se declaraba pacifista, “y los ejércitos del siglo XXI también lo son”, y agregaba que “éstos no son tiempos para el intervencionismo militar”, antes de acabar insistiendo en que la presencia militar española en el país asiático no tiene otro propósito que “defender la libertad”.
Tal parece, sin embargo, que la defensa de tan noble derecho no está siendo muy exitosa. Los propios informes militares españoles dan cuenta de que en Badghis, la provincia bajo tutela española, los insurgentes han multiplicado por diez, sólo en un año, el número de sus efectivos.
“Hace un año, la insurgencia estaba a 100 kilómetros de la capital. Ahora, la tenemos en la puerta", explicaba un mando militar español destinado en esa región en declaraciones al periódico El Mundo.
Y ello, no obstante el esmero demostrado en la reconstrucción del país, la otra gran encomienda de las tropas españolas, a la que también se refería el militar español: “La mayoría es gente que no tiene donde caerse muerta y está dispuesta a luchar por unos pocos dólares. Por eso les hemos estado pagando por abrir zanjas y luego cerrarlas. El problema es que no puedes comprar a quienes han perdido un pariente a manos de tropas occidentales y aquí todo el mundo es familia”.
De que la población afgana pierda tantos parientes se ocupan, especialmente, las tropas estadounidenses, ya que, asegura la misma fuente, “mientras los españoles confían en ganarse poco a poco a la población, hacen la vista gorda con el narcotráfico y sonríen antes de preguntar, los estadounidenses desconfían de los nativos, ignoran su forma de vida y disparan ante la menor duda.”
En el distrito de Shindand, refiere el periódico, el mismo en el que murieron el 3 de noviembre dos soldados españoles, un bombardeo de EE UU mató en agosto a 96 civiles, incluidos 60 niños y 15 mujeres.
Y no ha sido el único desmán cometido por los pacíficos ejércitos occidentales, según la terminología de la ministra Chacón tan contraria al uso de eufemismos. El mismo periódico aportaba otro dato más en relación a las sosegadas artes que despliegan los pacificadores en Afganistán, y hasta se permitía hacerlo subrayando la escasa difusión que tuvo la noticia, como si semejante confesión absolviera su complicidad en el silenciado crimen: “Aunque no ha tenido tanta publicidad, el pasado 6 de noviembre, sólo tres días antes del atentado, un ataque aéreo de Estados Unidos mató a 13 insurgentes y a siete civiles en Ghormach, uno de los más conflictivos distritos de la provincia cuya reconstrucción corresponde a España”.
Nadie sabe cuantos parientes restan por morir y cuantas zanjas más habrán de ser abiertas y cerradas antes de que la pacificación reconstruya Afganistán pero ya la ministra, no lo dudo, debe estar investigando qué otros vocablos, que no parezcan eufemismos, caben para nombrar la desvergüenza.
Los niños soldados de EE.UU.
EE.UU. recluta niños para que sirvan en las fuerzas armadas
Sherwood Ross
Global Research
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
En violación de su compromiso con Naciones Unidas de no reclutar niños para las fuerzas armadas, el Pentágono “apunta regularmente a niños menores de 17 años,” dice la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
El Pentágono “recluta en gran medida en campus de escuelas secundarias, seleccionando a estudiantes para reclutarlos lo antes posible y generalmente sin límites en la edad de los estudiantes que contactan,” declara la ACLU en un informe de 46 páginas intitulado “Soldados de desaventura.”
Esto viola la ratificación en 2002 por el Senado de EE.UU. del Protocolo Opcional de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.
Los reclutadores del Pentágono están enrolando a niños de hasta 14 años en el Cuerpo Junior de Oficiales de Reserva (JROTC) en 3.000 colegios para niños de 12 a 14 años, escuelas primarias de 7 a 11 años, y secundarias, llevando a alistarse a cerca de un 45% del cuarto de millón de estudiantes enrolados de esa manera, una tasa mucho más elevada que en la población estudiantil general. Claramente, es el resultado de una orientación hacia menores de edad.
En algunas ciudades, como en Los Ángeles, los administradores de escuelas secundarias han estado enrolando involuntariamente a estudiantes renuentes en el JROTC ¡como una alternativa a clases de gimnasia abarrotadas! En la escuela secundaria de Lincoln, los enrolados no fueron informados de que el JROTC era involuntario. En Buffalo, Nueva York, toda la clase entrante de novatos en la Escuela Técnica Secundaria Central Hutchinson (edad promedio 14), fue involuntariamente enrolada en el JROTC. En Chicago, se permitió que los graduados de octavo año que se recibían (edad promedio 13) se sumaran a cualquiera de los 45 programas del JROTC.
“Las cuotas de alistamiento de tiempos de guerra (para Iraq y Afganistán) han aumentado la presión sobre los reclutadores militares para repletar las filas de los servicios armados,” dice un informe de la ACLU. El intento de cumplir con sus cuotas sin reinstalar un servicio militar obligatorio “ha contribuido a un aumento en… las afirmaciones sobre mal comportamiento y abuso por los reclutadores” que “a menudo no son controlados”.
El Pentágono también gasta unos 6 millones al año para repetir hasta la saciedad un videojuego en línea llamado “El Ejército de EE.UU.” para atraer niños de hasta 13 años, “entrenarlos para usar armas, y participar en combate virtual y otras misiones militares… aprender cómo disparar armas realistas del Ejército como ser rifles automáticos y lanzagranadas y aprender cómo saltar de aviones,” informa la ACLU. Hasta septiembre de 2006, 7,5 millones de usuarios estaban registrados en el sitio en la Red del juego, que está vinculado al principal sitio de la Red de reclutamiento del Ejército.
Y cuando los reclutadores del Pentágono registran a los de 17 años en las reservas inactivas bajo el Future Soldiers Training Program [Programa de Entrenamiento de Futuros Soldados], (con la idea de dejar que ganen su diploma de secundaria), frecuentemente no dicen a los niños que pueden retirarse sin penalización.
“Durante años, hemos tenido informes de estudiantes a los que se dijo que si cambian de opinión, serían considerados como desertores en tiempos de guerra y serían perseguidos y fusilados, “dijo Youth Activists-Youth Allies, basada en la Ciudad de Nueva York. A una joven se le dijo que si se retiraba de su enrolamiento, su familia sería deportada. Y Bill Galvin, del Centro sobre Conciencia y Guerra, dijo que a un joven que cambió de opinión sobre su alistamiento, su reclutador le dijo: “Si no te presentas, es traición y te fusilarán.”
El Pentágono ha escogido para las campañas de reclutamiento intensivo centros urbanos como Los Ángeles y Nueva York. En esta última, donde los estudiantes de bajos ingresos representan un 51% de todos los matriculados en colegios secundarios y donde un 71% son negros o latinos, están tres de los principales 32 distritos para alistamiento en el Ejército. En Los Ángeles, un 91% de los estudiantes son personas de color y un 75% tienen bajos ingresos.
La Coalición Contra el Militarismo en Nuestras Escuelas dice que 30 programas de JROTC en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (con 4.754 estudiantes) están “ubicados en las comunidades de peor situación económica de la ciudad.”
Los afroestadounidenses representan un 16% de la población civil de edad militar, pero un 22% del personal alistado del Ejército, señala la ACLU. Acusa sin ambages: “La práctica de los militares de EE.UU. de apuntar a jóvenes de bajos ingresos y a estudiantes de color, en combinación con promesas exageradas de remuneraciones financieras por el alistamiento, debilitan la voluntariedad de su alistamiento…”
JROTC también tiene un Cuerpo de Cadetes de Escuela Media para niños desde los 11 años, que los militariza incluso antes de que se gradúen de la escuela primaria. “Florida, Texas, y Chicago, ofrecen programas postescolares dirigidos por los militares a estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado… (que) involucran entrenamiento con rifles de madera y cantinelas militares… e historia militar.” Los niños llevan uniformes a la escuela una vez a la semana para ser inspeccionados.
Aunque EE.UU. afirma que “nadie bajo los 17 años es elegible para reclutamiento,” la base de datos Conjunta de Publicidad, Investigación de Mercado y Estudios del Pentágono (JAMRS) reúne datos sobre estudiantes de grado once, típicamente de sólo 16 años. JAMRS tiene datos sobre 30 millones de estadounidenses entre las edades de 16 y 25 años con fines de reclutamiento.
La ACLU dice que esos datos incluyen “direcciones de correo electrónico, promedios de puntaje de grado, intenciones universitarias, información sobre altura y peso, asistencia a escuelas, cursos de estudio, intereses militares, y datos raciales y étnicos” así como números de la Seguridad Social.
Ante los sombríos informes sobre bajas de Oriente Próximo, los reclutadores del Pentágono parecen cada vez más desesperados por llenar sus cuotas. Se ha establecido que uno de cada cinco, informó el New York Times en 2004, realizaron “incorrecciones en el reclutamiento” que iban de “amenazas y coerción a falsas promesas a jóvenes, de que no serían enviados a Iraq.”
Considerando como el régimen de Bush se ha precipitado a criminales guerras de agresión que desafían el derecho Internacional y las convenciones de Ginebra, no hay motivo para que se permita el reclutamiento militar de cualquier tipo en algún campus universitario, y mucho menos en escuelas secundarias. Si EE.UU. deseara verdaderamente difundir la democracia (en lugar de apoderarse de campos petrolíferos), asignaría vastas cantidades de reclutadores para el Cuerpo de Paz a los campus universitarios, y se trastocarían los presupuestos del Cuerpo de Paz y del Departamento de Defensa.
Como Eugene Debs, el candidato socialista a la presidencia que fue a la cárcel por pronunciarse contra la Primera Guerra Mundial (obtuvo 913.000 votos en 1920) dijo una vez: “No enseñaría a los niños entrenamiento militar, tal como tampoco les enseñaría a incendiar, robar o asesinar.”
El hecho de que el Pentágono tenga actualmente tantas dificultades para repletar sus filas mientras libra una guerra ilegal, dice mucho sobre la inteligencia del pueblo estadounidense. No es una excusa, sin embargo, para que el Departamento de Defensa reclute ilegalmente a niños impresionables.
---------
Sherwood Ross es un consultor de relaciones públicas y columnista basado en Miami quien trabajó previamente para el Chicago Daily News, como comentarista en la radio, y como columnista para servicios noticiosos. Para contactos: sherwoodr1@yahoo.com
Sherwood Ross es un colaborador frecuente de Global Research.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11210
Sherwood Ross
Global Research
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
En violación de su compromiso con Naciones Unidas de no reclutar niños para las fuerzas armadas, el Pentágono “apunta regularmente a niños menores de 17 años,” dice la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
El Pentágono “recluta en gran medida en campus de escuelas secundarias, seleccionando a estudiantes para reclutarlos lo antes posible y generalmente sin límites en la edad de los estudiantes que contactan,” declara la ACLU en un informe de 46 páginas intitulado “Soldados de desaventura.”
Esto viola la ratificación en 2002 por el Senado de EE.UU. del Protocolo Opcional de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.
Los reclutadores del Pentágono están enrolando a niños de hasta 14 años en el Cuerpo Junior de Oficiales de Reserva (JROTC) en 3.000 colegios para niños de 12 a 14 años, escuelas primarias de 7 a 11 años, y secundarias, llevando a alistarse a cerca de un 45% del cuarto de millón de estudiantes enrolados de esa manera, una tasa mucho más elevada que en la población estudiantil general. Claramente, es el resultado de una orientación hacia menores de edad.
En algunas ciudades, como en Los Ángeles, los administradores de escuelas secundarias han estado enrolando involuntariamente a estudiantes renuentes en el JROTC ¡como una alternativa a clases de gimnasia abarrotadas! En la escuela secundaria de Lincoln, los enrolados no fueron informados de que el JROTC era involuntario. En Buffalo, Nueva York, toda la clase entrante de novatos en la Escuela Técnica Secundaria Central Hutchinson (edad promedio 14), fue involuntariamente enrolada en el JROTC. En Chicago, se permitió que los graduados de octavo año que se recibían (edad promedio 13) se sumaran a cualquiera de los 45 programas del JROTC.
“Las cuotas de alistamiento de tiempos de guerra (para Iraq y Afganistán) han aumentado la presión sobre los reclutadores militares para repletar las filas de los servicios armados,” dice un informe de la ACLU. El intento de cumplir con sus cuotas sin reinstalar un servicio militar obligatorio “ha contribuido a un aumento en… las afirmaciones sobre mal comportamiento y abuso por los reclutadores” que “a menudo no son controlados”.
El Pentágono también gasta unos 6 millones al año para repetir hasta la saciedad un videojuego en línea llamado “El Ejército de EE.UU.” para atraer niños de hasta 13 años, “entrenarlos para usar armas, y participar en combate virtual y otras misiones militares… aprender cómo disparar armas realistas del Ejército como ser rifles automáticos y lanzagranadas y aprender cómo saltar de aviones,” informa la ACLU. Hasta septiembre de 2006, 7,5 millones de usuarios estaban registrados en el sitio en la Red del juego, que está vinculado al principal sitio de la Red de reclutamiento del Ejército.
Y cuando los reclutadores del Pentágono registran a los de 17 años en las reservas inactivas bajo el Future Soldiers Training Program [Programa de Entrenamiento de Futuros Soldados], (con la idea de dejar que ganen su diploma de secundaria), frecuentemente no dicen a los niños que pueden retirarse sin penalización.
“Durante años, hemos tenido informes de estudiantes a los que se dijo que si cambian de opinión, serían considerados como desertores en tiempos de guerra y serían perseguidos y fusilados, “dijo Youth Activists-Youth Allies, basada en la Ciudad de Nueva York. A una joven se le dijo que si se retiraba de su enrolamiento, su familia sería deportada. Y Bill Galvin, del Centro sobre Conciencia y Guerra, dijo que a un joven que cambió de opinión sobre su alistamiento, su reclutador le dijo: “Si no te presentas, es traición y te fusilarán.”
El Pentágono ha escogido para las campañas de reclutamiento intensivo centros urbanos como Los Ángeles y Nueva York. En esta última, donde los estudiantes de bajos ingresos representan un 51% de todos los matriculados en colegios secundarios y donde un 71% son negros o latinos, están tres de los principales 32 distritos para alistamiento en el Ejército. En Los Ángeles, un 91% de los estudiantes son personas de color y un 75% tienen bajos ingresos.
La Coalición Contra el Militarismo en Nuestras Escuelas dice que 30 programas de JROTC en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (con 4.754 estudiantes) están “ubicados en las comunidades de peor situación económica de la ciudad.”
Los afroestadounidenses representan un 16% de la población civil de edad militar, pero un 22% del personal alistado del Ejército, señala la ACLU. Acusa sin ambages: “La práctica de los militares de EE.UU. de apuntar a jóvenes de bajos ingresos y a estudiantes de color, en combinación con promesas exageradas de remuneraciones financieras por el alistamiento, debilitan la voluntariedad de su alistamiento…”
JROTC también tiene un Cuerpo de Cadetes de Escuela Media para niños desde los 11 años, que los militariza incluso antes de que se gradúen de la escuela primaria. “Florida, Texas, y Chicago, ofrecen programas postescolares dirigidos por los militares a estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado… (que) involucran entrenamiento con rifles de madera y cantinelas militares… e historia militar.” Los niños llevan uniformes a la escuela una vez a la semana para ser inspeccionados.
Aunque EE.UU. afirma que “nadie bajo los 17 años es elegible para reclutamiento,” la base de datos Conjunta de Publicidad, Investigación de Mercado y Estudios del Pentágono (JAMRS) reúne datos sobre estudiantes de grado once, típicamente de sólo 16 años. JAMRS tiene datos sobre 30 millones de estadounidenses entre las edades de 16 y 25 años con fines de reclutamiento.
La ACLU dice que esos datos incluyen “direcciones de correo electrónico, promedios de puntaje de grado, intenciones universitarias, información sobre altura y peso, asistencia a escuelas, cursos de estudio, intereses militares, y datos raciales y étnicos” así como números de la Seguridad Social.
Ante los sombríos informes sobre bajas de Oriente Próximo, los reclutadores del Pentágono parecen cada vez más desesperados por llenar sus cuotas. Se ha establecido que uno de cada cinco, informó el New York Times en 2004, realizaron “incorrecciones en el reclutamiento” que iban de “amenazas y coerción a falsas promesas a jóvenes, de que no serían enviados a Iraq.”
Considerando como el régimen de Bush se ha precipitado a criminales guerras de agresión que desafían el derecho Internacional y las convenciones de Ginebra, no hay motivo para que se permita el reclutamiento militar de cualquier tipo en algún campus universitario, y mucho menos en escuelas secundarias. Si EE.UU. deseara verdaderamente difundir la democracia (en lugar de apoderarse de campos petrolíferos), asignaría vastas cantidades de reclutadores para el Cuerpo de Paz a los campus universitarios, y se trastocarían los presupuestos del Cuerpo de Paz y del Departamento de Defensa.
Como Eugene Debs, el candidato socialista a la presidencia que fue a la cárcel por pronunciarse contra la Primera Guerra Mundial (obtuvo 913.000 votos en 1920) dijo una vez: “No enseñaría a los niños entrenamiento militar, tal como tampoco les enseñaría a incendiar, robar o asesinar.”
El hecho de que el Pentágono tenga actualmente tantas dificultades para repletar sus filas mientras libra una guerra ilegal, dice mucho sobre la inteligencia del pueblo estadounidense. No es una excusa, sin embargo, para que el Departamento de Defensa reclute ilegalmente a niños impresionables.
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Sherwood Ross es un consultor de relaciones públicas y columnista basado en Miami quien trabajó previamente para el Chicago Daily News, como comentarista en la radio, y como columnista para servicios noticiosos. Para contactos: sherwoodr1@yahoo.com
Sherwood Ross es un colaborador frecuente de Global Research.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11210
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