Alberto Montero
El pasado martes, 11 de noviembre, se reunían nuevamente en La Moncloa el presidente del Gobierno y el ministro de Economía y Hacienda con los cuatro principales banqueros de este país: Emilio Botín (Santander), Francisco González (BBVA), Isidro Fainé (La Caixa) y Miguel Blesa (Caja Madrid).
De entrada, es sintomático que en el mismo día se reúna por la mañana con los banqueros y por la tarde lo haga con los representantes sindicales (UGT y CCOO) y los del resto del sector empresarial (CEOE y Cepyme).
Habida cuenta de que en política el orden de los factores sí que altera el producto, la expresión de las preferencias gubernamentales por los diferentes sectores afectados por la crisis se puso de manifiesto de forma palmaria ese mismo día. Circunstancia que, por otra parte, no tiene nada de novedosa: sólo hay que revisar la cronología y monto de las medidas anticrisis aprobadas durante las últimas semanas para refrendar con mayor intensidad la anterior afirmación.
En todo caso, lo que quería poner de manifiesto en este artículo no es el orden de preferencias de este gobierno, que bastante se retrata ya él solito, sino la hipocresía del discurso de los banqueros de este país, que no tienen en ningún reparo en alabar ahora lo que hace unos meses clamaban por eliminar. Me explico.
Desde el años dos mil, el Banco de España obliga a bancos y cajas de ahorro a dotar provisiones genéricas para, en caso de que se produjera un aumento de la morosidad, la posición financiera de las instituciones no se viera afectada. Esas reservas, que a principios de año ascendían a más de 30 mil millones de euros, son las que en estos momentos están permitiendo que la morosidad no haya dañado, aún más, sus balances y que su posición de solvencia parezca envidiable en un contexto como el actual.
Evidentemente, esta medida nunca fue del agrado de los banqueros quienes a principios de este año lanzaron una ofensiva para tratar de conseguir que el Banco de España levantara la obligación de mantener esos recursos inmovilizados. Ya entonces escribí sobre ello y advertía de que no tenía ningún sentido esa reclamación con una perspectiva de crisis como la que se avecinaba.
Es más, y de ello también escribí, los ocho principales bancos sí que consiguieron que se redujera la supervisión del Banco de España sobre sus niveles de riesgo y la provisión de reservas que hubieran de realizar en relación con los mismos.
Pues bien, todo esto viene al caso en estos momentos en los que se ensalza el modelo de supervisión del Banco de España sobre el sistema bancario y el presidente del Gobierno trata de exportarlo al resto del mundo en la cumbre del G-20 a donde, ingenuamente, cree que ha ido a contribuir a la conformación de un nuevo orden financiero internacional.
Y es que, por un lado, las tendencias del sistema de supervisión financiera español iban en la misma línea desreguladora que rige en el resto del mundo. Tan sólo que la crisis llegó justo a tiempo para frenarlas y, al menos, ha ofrecido la posibilidad de replantearse que una supervisión estricta sigue siendo del todo punto necesaria. Guste o no guste a los banqueros.
Pero, fundamentalmente, lo que todo esto viene a poner de manifiesto es la hipocresía de nuestros banqueros que no dudan ahora en deshacerse en elogios hacia un sistema de supervisión que han denunciado y tratado de eludir y desarmar en todo momento y que ahora, cuando de apuntarse méritos y de reclamar ayudas públicas se trata, pasan a defender.
Así que donde dije digo digo Diego y todos tan contentos. Como si en este país nadie tuviera memoria.
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lunes, 17 de noviembre de 2008
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