Human Rights Watch en Venezuela: Mentiras, crímenes y encubrimientos

James Petras
Rebelión

Traducido del inglés para Rebelión por Juan Carlos Postigo Ríos y Sinfo Fernández.

Human Rights Watch (en adelante HRW), que es un grupo estadounidense que declara ser una organización no gubernamental pero que en realidad está financiado por fundaciones cuasi privadas vinculadas al gobierno de EEUU y por una organización de propaganda política financiada por el Congreso de ese país, la National Endowment for Democracy (Dotación Nacional para la Democracia), ha publicado un informe titulado “Una década bajo Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el avance de los Derechos Humanos en Venezuela” (21/09/08 hrw.org). La publicación del “Informe” dirigido por José Miguel Vivanco y por Daniel Walkinson, como subdirector, dio lugar a su expulsión de Venezuela por repetidas intervenciones de partidismo político en los asuntos internos del país.

Una lectura minuciosa del “Informe” revela un sorprendente número de flagrantes falsificaciones y puras invenciones, supresión de los principales hechos, omisiones deliberadas de los contextos clave, consideraciones comparativas y, sobre todo, un encubrimiento sistemático a largo plazo y a gran escala de las amenazas a la seguridad de la democracia venezolana que Washington representa.

Empezaremos con algunos de los principales hechos de fondo acerca de Vivanco y HRW, con el fin de destacar su papel y relaciones con el poder imperialista de EEUU. A continuación, comentaremos sus métodos, recogida y exposición de datos. Analizaremos cada una de las acusaciones de HRW y, finalmente, procederemos a evaluar su veracidad y valor propagandístico.

Antecedentes de Vivanco y HRW

José Miguel Vivanco actuó como apologista del sanguinario dictador chileno Augusto Pinochet ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1986-1989). Su comportamiento fue especialmente atroz durante la brutal represión del régimen contra el levantamiento popular en los asentamientos de okupas de Santiago en 1986 y 1987. Con la recuperación de la política electoral (democracia) en Chile, Vivanco voló a Washington donde creó su propia ONG, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, ocultando sus afinidades derechistas y haciéndose pasar por “defensor de los derechos humanos”. En 1994 fue reclutado por el ex fiscal federal de los EEUU, Kenneth Roth, para dirigir la “División América” de HRW. HRW demostró tener capacidad real para proporcionar un lustre de “derechos humanos” a la política de “imperialismo humanitario” del Presidente Clinton. Roth promovió y apoyó el bombardeo de dos meses de duración, la destrucción y desmembramiento de Yugoslavia. HRW encubrió la limpieza étnica de serbios en Kosovo por parte de los tristemente célebres terroristas albanos y gangsters del Ejército de Liberación de Kosovo y el brutal traslado sin precedentes de 200.000 serbios de la región de Trajina de Croacia. HRW respaldó las sanciones de Clinton contra Iraq que ocasionaron la muerte de 500.000 niños iraquíes. La palabra “genocidio” no apareció por ninguna parte en referencia a la destrucción masiva de Iraq, que causó cientos de miles de muertes prematuras, por parte de la administración estadounidense.

HRW apoyó la invasión y ocupación de Afganistán donde Kenneth Roth aconsejó a los generales estadounidenses sobre cómo asegurar la ocupación colonial evitando matanzas masivas de civiles. De palabra y obra, HRW ha jugado un insidioso papel asesorando y respaldando la intervención imperialista de Estados Unidos, aportando la cobertura humanitaria necesaria emitiendo informes intrascendentes e inofensivos criticando los excesos “ineficaces” que sirven para “socavar” el dominio imperialista.

La intervención más infame de HRW fue su afirmación de que la destrucción homicida llevada a cabo por Israel sobre la ciudad palestina de Yenin “no había sido un genocidio”, facilitando así el argumento clave para que EEUU e Israel bloquearan una misión humanitaria de la ONU y las consiguientes investigaciones esclarecedoras. Como en todas sus “investigaciones”, su informe estaba profundamente desvirtuado mediante entrevistas seleccionadas y observaciones que subestimaban la brutalidad y asesinatos de civiles palestinos por el estado israelí, aunque los fanáticos que dirigen las organizaciones principales pro-Israel acusaron a HRW de parcialidad por haber mencionado el asesinato de un solo palestino asesinado.

Método

Actualmente, HRW juega fuerte a partir de sus extensas entrevistas a una muestra representativa de la sociedad civil y política, del gobierno y de los grupos de oposición venezolanos, así como con sus consultas de la documentación más accesible. Sin embargo, el informe sobre Venezuela no refleja nada de eso. No hay una presentación cuidadosa ni honesta en la elaboración y justificación de las acciones del gobierno, ni críticas académicas de las acciones antidemocráticas de los medios de masas contra Chavez; ni discusión de los numerosos relatos de periodistas que revelan la intervención sistemática estadounidense. El informe simplemente recoge y reproduce sin sentido crítico alguno las quejas, argumentos y acusaciones de los principales publicistas de la oposición mientras descarta totalmente cualquier documentada demanda en sentido contrario. En otras palabras, Vivanco y compañía actúan como abogados de la oposición más que como investigadores objetivos que buscan realizar una evaluación equilibrada y convincente de la situación de la democracia en Venezuela.

El intento de propaganda política de Vivanco-HRW se hace evidente por la “oportunidad” de sus “investigaciones” y de la publicación de sus panfletos de propaganda. Todos y cada uno de los anteriores “informes” hostiles de HRW se publicó justo antes de que una serie de importantes conflictos amenazaran las instituciones democráticas venezolanas. Fue en febrero de 2002, apenas dos meses antes de que EEUU apoyara el golpe militar contra el gobierno de Chávez, alegando que socavaba la “separación de poderes”, y pidiera la intervención de la Organización de Estados Americanos. Tras el fracaso del golpe por la acción de millones de ciudadanos venezolanos y oficiales del ejército leales al régimen, HRW se dio prisa en no dejar rastro de sus acciones denunciando el golpe, aunque posteriormente defendió de las acusaciones a los magnates de los medios, a los burócratas sindicales y a las elites patronales que apoyaron el golpe, afirmando que los golpistas estaban sencillamente ejerciendo sus “derechos humanos”. HRW proporciona un nuevo significado a los “derechos humanos” cuando incluye el derecho a derrocar violentamente a un gobierno democrático mediante un golpe de estado militar.

Tras el golpe militar de 2002 y los cierres patronales de 2003, HRW publicó un informe que condenaba los esfuerzos para imponer limitaciones constitucionales a los medios de comunicación de masas implicados directamente en el fomento de actos violentos por grupos de oposición y terroristas. La “Ley de responsabilidad social en radio y televisión” daba mayores garantías constitucionales para la libertad de expresión que la mayoría de las democracias capitalistas de Europa Occidental y fue mucho menos restrictiva que las medidas aprobadas e impuestas en el Acta Patriótica de los Estados Unidos de Bush, a la que HRW no se ha enfrentado nunca y mucho menos organizado campaña alguna en su contra.

Justo antes del referéndum político de 2004 y 2007, HRW puso en marcha nuevos ataques propagandísticos que eran casi idénticos en sus formulaciones a los de la oposición (de hecho, los “informes” de HRW fueron ampliamente publicados y difundidos por todos los medios de comunicación de la oposición). HRW defendió el “derecho” de la Dotación Nacional para la Democracia estadounidense a destinar millones de dólares en la financiación de ONG de la oposición, tales como SUMATE, acusando al gobierno de Chavez de socavar las organizaciones de la “sociedad civil”. Ni que decir tiene que una actividad similar en EEUU por parte de una ONG en nombre de algún gobierno extranjero (con la única excepción de Israel) hubiera necesitado que dicha ONG se registrara como agente extranjero bajo las muy estrictas leyes federales estadounidenses; si no lo hiciera así, se vería sometida a enjuiciamiento federal y a un período de encarcelamiento que podría llegar hasta cinco años. Aparentemente, la “credibilidad” autopromocionada de HRW como organización “humanitaria” internacional le protege de ser así odiosamente comparada a un mero agente de la propaganda imperialista.

HRW: Cinco dimensiones propagandísticas

El informe de HRW sobre Venezuela se centra en cinco áreas de la política y la sociedad en las que plantea que la democracia en Venezuela está siendo socavada por la presidencia de Hugo Chavez: discriminación política, los tribunales, los medios, la fuerza laboral organizada y la sociedad civil.

Discriminación Política:
El Informe acusa al gobierno de despedir y poner en una lista negra a los opositores de algunas agencias estatales y de la compañía petrolífera nacional.
De negar el acceso a programas sociales a determinados ciudadanos en base a sus opiniones políticas.
De discriminar a algunos medios de comunicación, sindicatos y sociedad civil como respuesta a sus críticas o actividades políticas legítimas.
Entre diciembre de 2002 y 2003, tras el fracaso del golpe militar del anterior mes de abril, las mayores organizaciones patronales, altos ejecutivos de la compañía petrolífera estatal y sectores de la burocracia sindical organizaron un cierre patronal en la industria petrolífera, paralizando la producción saboteando sus operaciones por ordenador y cadenas de distribución, en un esfuerzo, como públicamente se declaró, de imposibilitar que el gobierno percibiera ingresos (el 80% de los mismos provienen de las exportaciones de petróleo) y de derrocar a un gobierno democráticamente elegido. Después de tres meses y unas pérdidas estimadas en 20.000 millones de dólares y cientos de millones de dólares en daños a la maquinaria, se puso fin al “cierre” patronal con la ayuda de la mayoría de los trabajadores y técnicos de la producción. Se despidió a los funcionarios y empleados implicados en el político cierre patronal y en la destrucción de equipamiento y ordenadores. El gobierno continuó con el proceso normal con el apoyo de la mayoría de los trabajadores del sector, que se oponían al cierre, y despidió a los ejecutivos y a sus seguidores en defensa del patrimonio nacional y social y los programas de inversión frente a los autodeclarados enemigos de un gobierno electo. Ningún abogado constitucional, competente y en su sano juicio, ningún abogado internacional de los derechos humanos, ningún comisionado de Naciones Unidas ni ningún funcionario del Tribunal Internacional consideró que la acción del gobierno de Venezuela en este asunto constituía “discriminación política”. Incluso el Departamento de Estado de EEUU, en aquel momento, no puso objeción alguna a los despidos de sus aliados implicados en el sabotaje económico. Por otra parte, es sabido que HRW es más papista que el Papa.

Nada refleja más el ridículo extremismo de HRW que su acusación de que a determinados ciudadanos se les niega el acceso a programas sociales. Cada organización internacional implicada en el asesoramiento y desarrollo de amplios programas sociales, incluyendo la UNESCO, la OMS y la FAO, han elogiado la amplitud y calidad de la cobertura de los programas sociales instituidos por el gobierno de Chavez, que amparan al 60% de la población y casi al 100% de los pobres. Ya que aproximadamente entre el 20-30% de los más desfavorecidos todavía votan a la oposición, está claro que los ciudadanos necesitados que se muestran críticos con el gobierno tienen igualdad de acceso a los programas sociales, incluidos los subsidios alimentarios, sanidad y educación gratuitas. Esta red de seguridad social es más inclusiva que nunca antes en la historia de Venezuela. De hecho, algunos suburbios pobres de Caracas, como Catia, que rechazó el referéndum del 2007, son los receptores más importantes de los programas de asistencia a largo plazo y a gran escala.

Sólo los sinvergüenzas o los mal informados podrían convencerse de las acusaciones de discriminación de HRW contra los medios de comunicación de masas, los sindicatos y los grupos de la sociedad civil. La oposición controla el 95% de los periódicos, la mayoría de las cadenas y frecuencias de televisión y radio de mayor circulación nacional. El gobierno ha “roto” el monopolio de la clase dirigente sobre la información financiando dos importantes cadenas de televisión y un número creciente de estaciones de radio de base comunitaria.

Hay más miembros en los sindicatos y mayor participación sindical en las empresas, debates internos y elecciones libres que nunca antes con los regímenes anteriores. Las listas rivales y la intensa competición por el poder entre las listas pro y anti-gubernamentales son normales en la confederación de sindicatos (UNT). Todo el “informe” de HRW se basa en las quejas de los autoritarios burócratas de la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela), que han perdido la mayoría de sus partidarios y están desacreditados debido al papel jugado al apoyar el sangriento golpe de abril de 2002. Son despreciados por todos; los trabajadores militantes no han olvidado su corrupción y sus tácticas propias de gangster cuando colaboraron con los anteriores regímenes y patronos derechistas.

Los tribunales:
HRW afirma que el Presidente Chavez ha “neutralizado eficazmente la rama judicial como rama independiente del gobierno”. La afirmación de que el poder judicial era “independiente” es un argumento nuevo para HRW, porque una década antes, cuando la constitución de 1999 de Chavez se aprobó por referéndum, HRW denunció la “venalidad, corrupción y parcialidad de todo el sistema judicial”. Después de años de proteger a los dirigentes del golpe de 2002, retrasando fallos y socavando la legislación positiva de las instituciones legislativas electas y después de las revelaciones de que altos y bajos tribunales habían recibido sobornos, el gobierno puso finalmente en marcha una serie de reformas democráticamente aprobadas, ampliando y renovando el sistema judicial. El hecho de que los nuevos nombramientos en los tribunales no sigan con las prácticas del pasado de jueces nombrados por la oposición ha provocado los gritos histéricos de HRW de que los recién reformados tribunales “amenazan los derechos fundamentales”. La afirmación más estrafalaria de HRW es que el Tribunal Supremo no se “opuso” a un paquete de reformas constitucionales. De hecho, el Tribunal Supremo aprobó reformas constitucionales en un referéndum popular en el que el gobierno de Chavez fue derrotado por escaso margen. El Tribunal Supremo venezolano respetó finalmente el veredicto popular, al contrario que el Tribunal Supremo de EEUU, que revocó el voto popular en las elecciones presidenciales de 2000 y 2004, un crimen constitucional contra la voluntad popular, que Kenneth Roth, Vivanco y el resto de gentes del HRW aún no han condenado.

Los medios de comunicación:
Todos los especialistas de los medios extranjeros se mostraron muy críticos por la defensa de las acciones violentas (que llevaron al golpe) y por las graves falsificaciones e “informes-libelo” (incluyendo epítetos racistas contra Hugo Chavez) propagados por los medios de comunicación masiva dominados por la clase dominante. Tan sólo se suspendió una de las muchas cadenas de una red de televisión de la oposición por apoyar abiertamente la toma del poder por el ejército de la oposición, una acción que en cualquier democracia capitalista occidental habría acabado en un violento levantamiento. En cambio, HRW no condenó, no ha condenado y no condenará el arresto de docenas de periodistas internacionales y estadounidenses, algunos brutalmente golpeados, que cubrían las Convenciones Presidenciales Republicanas y Demócratas. Nada siquiera remotamente parecido con los poderes extraordinarios de “detención preventiva” de periodistas por las fuerzas policiales estatales y locales/y de la seguridad interior de EEUU existe en Venezuela. La gratuita destrucción de las cámaras y cintas de los periodistas por la policía en la Convención del Partido Republicano estadounidense sería inimaginable hoy en Venezuela. En contraste, el único delito que en Venezuela se persigue contra los medios es el acto de apoyar y defender la violencia que tiene por objeto derrocar las instituciones democráticas. Al igual que todos los países, Venezuela tiene leyes acerca del libelo y la calumnia; estas son mucho más débiles que cualquier estatuto comparable de los países que mantienen la tradición de la Carta Magna. HRW falsifica descaradamente la realidad afirmando el control estatal sobre los medios escritos: Todo lo que uno necesita hacer es examinar detenidamente cualquier quiosco en Venezuela para ver una multiplicidad de chillonas cabeceras contra el gobierno, o sintonizar emisoras de radio o televisión y ver los relatos de noticias que compiten con la peor propaganda anti-Chavez encontrada en la Fox News o en la CNN de EEUU.

Fuerza de trabajo organizada:
HRW afirma que el gobierno de Venezuela ha violado los “principios básicos de libertad de asociación” porque se requiere la supervisión y certificación estatal de las elecciones sindicales y por negar el derecho a la negociación colectiva a las uniones no reconocidas, socavando así los derechos de los trabajadores para adherirse libremente al sindicato de su elección y luchar. Prácticamente, todos los gobiernos de Occidente tienen normas y regulaciones acerca de la supervisión y reconocimiento de las elecciones sindicales, ninguna más onerosa que la primera que se promulgó en EEUU con el Acta Taft-Hartley de la década de 1940 y las actuales Leyes sobre el “Derecho Laboral” de muchos estados, que han reducido el porcentaje de trabajadores sindicados en el sector privado a menos del 3%. En cambio, durante la Presidencia de Chavez, el número de trabajadores sindicados se ha duplicado con creces, en gran parte debido a la nueva legislación laboral y a los funcionarios laborales que han reducido las prerrogativas de los empleadores a la hora de despedir de forma arbitraria a trabajadores sindicados. Los únicos funcionarios sindicales que han sido “desacreditados” son los que estuvieron implicados en el violento golpe de abril de 2002 y en el cierre patronal que intentó derrocar al gobierno, suspender la constitución y socavar la existencia misma de sindicatos libres. Jose Miguel Vivanco pasó por alto el gangsterismo, el bandidaje y los procedimientos fraudulentos electorales, que campaban rampantes bajo la anterior confederación laboral derechista venezolana, la CTV. Fue precisamente para democratizar los procedimientos de votación y romper con el control absoluto de los jefes de la vieja guardia sindical por lo que los monitores del gobierno supervisaron las elecciones sindicales, muchas de las cuales tenían candidatos de todas las tendencias, debates sin restricciones y votaciones libres por vez primera.

Asistí a varias reuniones sindicales y entrevisté a funcionarios sindicales de alto nivel de la CTV en 1970, 1976 y 1978 y encontré altos niveles de compra descarada del voto, interferencia de patronos y gobierno y cooptación, colaboración con el American Institute of Free Labor Development, financiado por la CIA, y robos a gran escala de los fondos de pensiones sindicales, y nada de todo eso fue denunciado por HRW. Asistí a la fundación de la nueva confederación de sindicatos venezolana, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en 2003 y a su posterior congreso nacional. Fui testigo de un sindicalismo totalmente diferente, un giro desde el sindicalismo patronal “corporativo”, dirigido por el gobierno, a un sindicalismo fruto de un movimiento social independiente con un enfoque decididamente de clase. La UNT es una confederación que recoge múltiples tendencias en la cual compiten diversas corrientes con varios grados de apoyo y oposición al gobierno de Chavez. Hay pocas restricciones a las huelgas y un alto grado de acción política independiente sin que se inhiba siquiera a los trabajadores de recurrir a las huelgas para pedir la expulsión de funcionarios de trabajo favorables a la patronal.

Por ejemplo, este año, los trabajadores del metal de la firma SIDOR, de capital argentino, fueron a la huelga en varias ocasiones para protestar de los despidos en el sector privado (HRW, desde luego, nunca discutió las violaciones de los derechos de los trabajadores en el sector privado). Debido a que el Ministro de Trabajo venezolano tenía tendencia a ponerse del lado de la patronal, los trabajadores del metal se dirigieron a una reunión donde Chavez estaba hablando y le pidieron el cese de su Ministro. Después de reunirse con los líderes de los trabajadores, Chavez despidió al Ministro de Trabajo, expropió la planta de acero y aceptó las demandas de los trabajadores para llevar una gestión conjunta sindical. Nunca en la historia laboral venezolana los trabajadores ejercieron tanta influencia laboral en las plantas nacionalizadas. No hay duda que hay funcionarios del gobierno a los que les gustaría “integrar” a los sindicatos más próximos al estado; los nuevos sindicalistas gastan demasiado tiempo en debates internos y en luchas intestinas en lugar de organizar los sectores de los trabajadores temporales e informales. Pero un hecho se destaca: los trabajadores venezolanos sindicados y no sindicados han experimentado mayores pagos de la seguridad social, han aumentado sus niveles de vida, gozan de mayor protección laboral y de mayor y libre opción en la afiliación sindical que en ningún período anterior de su historia. Es irónico que Vivanco, que nunca dijo una palabra contra las políticas de Pinochet contra los trabajadores, que fue un apologista de la AFL-CIO (la decadente y menos eficaz confederación laboral en el Occidente industrializado) lanzara un ataque total contra el movimiento sindical militante, independiente y de más veloz crecimiento del hemisferio occidental. Ni que decir tiene que Vivanco evita cualquier análisis comparativo, y menos que nadie entre la situación de los trabajadores en Venezuela y en EEUU en cuanto a la extensión de la organización sindical, la democracia interna y la representación de los trabajadores en la industria, beneficios sociales e influencia en la política gubernamental. Ni tampoco se refiere HRW a la positiva valoración por parte de organizaciones laborales internacionales de los avances laborales y sindicales bajo la Presidencia de Chavez.

Sociedad civil y HRW: La madre de todas las perversidades:
José Miguel Vivanco, que no mostró inquietud alguna en la época del dictador chileno Pinochet ante los miles de manifestantes golpeados, encarcelados e incluso torturados y asesinados y los valientes grupos por los derechos humanos rutinariamente asaltados, afirma ahora sin vergüenza alguna que el Presidente Chavez ha adoptado “una actitud agresiva de confrontación con los defensores locales de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil”.

El Presidente Chavez ha promovido activamente una multitud de consejos comunitarios independientes y democráticamente elegidos que cuentan con tres millones de afiliados, en su mayoría pertenecientes a la mitad más pobre de la población. Ha devuelto a los consejos el poder de tomar decisiones, pudiendo eludir así a los funcionarios estatales y municipales bajo égida partidista, al contrario de los regímenes anteriores y de los programas de ayuda estadounidenses, que canalizaban los fondos a través de los clientes y patronos locales que les eran leales. Nunca Venezuela ha sido testigo de una organización sostenida, movilización y actividad de los movimientos sociales civiles tan intensa. Y esto trasciende a todo el espectro político, desde los grupos de clase alta, clases trabajadoras, asociaciones cívicas, barriadas pro-Chavez o pro-oligarquías. En ningún lugar del mundo como en Venezuela hay grupos financiados por EEUU implicados en confrontaciones abiertamente extra-parlamentarias e incluso violentas con funcionarios electos, a los que se tolera hasta el punto de que disfrutar de libertad de acción como tales. En EEUU, a las organizaciones financiadas desde el exterior (con la excepción de los grupos financiados por Israel) se les exige que se registren y que eviten implicarse en las campañas electorales, y menos aún en los esfuerzos por desestabilizar agencias gubernamentales legítimamente constitucionales. En cambio, Venezuela pidió el mínimo a las ONG financiadas por gobiernos extranjeros al requerirles que registraran su fuente de financiación y cumplieran las leyes de su constitución, es decir, que se quedaran al margen de las acciones políticas partidistas violentas. Hoy, como ayer, todas las organizaciones de la “sociedad civil”, incluidas las financiadas por EEUU, que rutinariamente atacan al gobierno de Chavez, pueden actuar libremente, publicar, reunirse y manifestarse sin ningún impedimento. Su queja fundamental, de la que HRW se hace eco, es que el gobierno Chavez y sus seguidores les critican: Según la nueva definición de HRW de libertad de la sociedad civil, la oposición tiene derecho a atacar al gobierno, pero no al contrario; todos los países pueden registrar organizaciones de financiación extranjera, pero no Venezuela; y todos los gobiernos pueden encarcelar a terroristas y golpistas, e identificar y criticar a sus cómplices, pero no Venezuela. El grotesco doble rasero, practicado por Human Rights Watch revela sus lealtades políticas: Ciego ante los vicios de EEUU que se desliza para convertirse en un estado policial e igualmente ciego ante las virtudes de una democracia cada vez más participante en Venezuela.

El “Informe” contiene omisiones mayúsculas. No menciona que Venezuela, con el Presidente Chavez, ha pasado por la experiencia de doce elecciones, incluyendo varias elecciones municipales, al congreso, presidenciales, referenda y convocatoria de elecciones, que fueron supervisadas y aprobadas internacionalmente. Estas han sido las elecciones más limpias de la historia venezolana y ciertamente con un recuento de votos mucho más honesto que el que uno encontraría en las competiciones presidenciales estadounidenses.

El “Informe” no alude a las graves amenazas a la seguridad, incluyendo la grabación de conversaciones telefónicas de altos oficiales del ejército retirados y en activo planeando apoderarse violentamente del poder y asesinar al Presidente Chavez. Bajo el extraordinario grado de tolerancia en Venezuela, no se ha suspendido ni un solo derecho constitucional. En EEUU, acciones y planes terroristas similares hubieran llevado al estado de emergencia y a la probable encarcelación preventiva masiva de miles de activistas y críticos del gobierno. HRW ignora y minimiza: las amenazas a la seguridad de la democracia venezolana, en forma de incursiones armadas de grupos paramilitares colombianos aliados con la oposición venezolana pro-EEUU; el asesinato del fiscal-jefe federal Danilo Anderson, que estaba investigando el papel de la oposición en el sangriento golpe de abril de 2002; el movimiento secesionista del estado de Zulia, apoyado por EEUU; la colusión de los medios de comunicación de masas con grupos de estudiantes violentos atacando a los seguidores de Chavez en los campus o el pánico y los sabotajes económicos provocados por las actuaciones acaparadoras de alimentos esenciales y otros productos por parte del sector privado en el período que precedió al referéndum de 2007.

Una de las omisiones más sangrantes de Vivanco es el contraste entre la actitud abierta de la sociedad venezolana hacia los cientos de miles de trabajadores inmigrantes indocumentados provenientes de Colombia y la autoritaria práctica estadounidense de criminalizar a esos trabajadores. Mientras la policía de Inmigración y Seguridad Interior de EEUU arresta masivamente, asalta y deporta a los cabezas de familia de las familias inmigrantes, dejando a sus mujeres y niños en situación de total vulnerabilidad, Chavez ha concedido tarjetas de residencia y la oportunidad de la ciudadanía a un millón de trabajadores indocumentados colombianos y a sus familiares.

HRW aún tiene que protestar por la brutal negativa de Washington en los últimos meses a reconocer derechos humanos a sus inmigrantes asiáticos y latinoamericanos. HRW no ha emitido una sola protesta cuando en Bolivia políticos oligarcas locales, funcionarios gubernamentales locales y bandas racistas, apoyados por EEUU, asaltaron y asesinaron a tres docenas de indefensos trabajadores campesinos indios. La selectiva difamación de Vivanco contra Venezuela sólo es superada por su miserable y sistemático silencio cuando los abusos señalan a los colaboradores de EEUU.

CONCLUSION

El Informe de Human Rights Watch sobre Venezuela es un documento de pura propaganda que, hasta en sus propios términos, carece de la más mínima apariencia de “equilibrio” que más sofisticados imperialistas “humanitarios” adoptaron en el pasado. Las omisiones son monumentales. No hay mención alguna a que los programas del Presidente Chavez han reducido el índice de pobreza de la pasada década que era de más de un 60% a menos de un 30%; no se reconoce el sistema sanitario universal que ha proporcionado atención sanitaria a 16 millones de ciudadanos venezolanos y residentes a los que anteriormente se negaba el acceso siquiera a lo más mínimo; y no se reconocen tampoco los subvencionados almacenes de comestibles estatales que satisfacen las necesidades del 60% de la población que puede ahora comprar comida al 40% del precio que tiene en los establecimientos privados al por menor.

El fallo sistemático de HRW a la hora de mencionar los avances experimentados por la mayoría de ciudadanos venezolanos, mientras trata de vender descaradas mentiras sobre represión civil, es característico de ese vocero del Imperio. Su grave distorsión acerca de los derechos de los trabajadores hace de ese informe un modelo para el estudio de la propaganda política en cualquier clase de instituto o facultad.

La amplia cobertura y promoción y citación del informe carentes de absoluto sentido crítico (y la expulsión de sus autores, que habitan en EEUU, por intervencionismo grave en nombre de la oposición) por todos los periódicos importantes desde el New York Times a Le Monde en Francia, al London Times, a La Stampa en Italia y a El País en España, dan fundamento a la acusación de que el Informe respondía a los esfuerzos estadounidenses para aislar a Venezuela más que a la búsqueda de objetivos legítimos humanitarios en Venezuela.

El principal propósito del “Informe” de HRW era intervenir en las próximas elecciones estatales y municipales de noviembre junto a la oposición de extrema derecha. El “Informe” se hace eco al pie de la letra de las infundadas acusaciones e histéricas afirmaciones de los candidatos apoyados por la extrema derecha y por la Administración Bush. HRW se las arregla siempre para escoger el momento adecuado para publicar sus propagandas venenosas. Sus informes coinciden misteriosamente con la intervención de EEUU en procesos electorales y campañas de desestabilización. En Venezuela, actualmente, el Informe se ha convertido en uno de los documentos de propaganda más ampliamente promocionados por los principales candidatos derechistas anti-Chavez.

Los combatientes por la democracia, los derechos humanos y la autodeterminación no deberían escatimar esfuerzos para denunciar el insidioso papel de HRW y de su propagandista Vivanco por lo que ellos son: propagandistas y promotores de los clientes de EEUU que han acabado convirtiendo los “derechos humanos” en un sucio nombre.