por César Vilar*
La crisis económica que atraviesa nuestro país y el conjunto de los principales países de nuestro entorno está resquebrajando los planes de los Gobiernos occidentales. Sin duda alguna, estamos ante una crisis económica de primer orden con muchas variables que la hacen diferente a otras.
La crisis en el sector de la construcción, el aumento de las cifras de desempleo y la desaceleración brusca en el consumo interno fueron las primeras manifestaciones de un fenómeno que empezó a fraguarse antes de las elecciones de Marzo, sin que el Gobierno del PSOE le prestase al problema la más mínima atención. Ya se sabe que en periodos electorales reconocer una desaceleración económica le puede costar a uno el puesto, y si no, que se lo digan al Partido Republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos la semana pasada.
La especulación financiera ha aparecido como el principal origen de esta gran crisis, especulación que está en la base del modelo económico que ha contado desde siempre con el apoyo decidido de las principales fuerzas políticas, ya sea en su versión neoliberal (PP) o en su versión social-liberal (PSOE).
La crisis se ha concretado en varias manifestaciones, a cada cual más nefasta para los intereses de la mayoría de la ciudadanía.
Entre estos devastadores efectos, destacamos las escandalosas subidas de precios de productos básicos; la subida de las hipotecas estrangula a innumerables familias que se ven con enormes dificultades para llegar a fin de mes; la escalada inflacionista con una correlativa pérdida de poder adquisitivo de los salarios, salarios que han visto reducido su peso en la renta nacional (pérdida de más de 13 puntos en las últimas tres décadas, pasando del 67% al 54%) en un contexto de aumento de los beneficios empresariales. Así desde el año 1999 estos beneficios han aumentado en más de un 70% mientras que el salario medio ha perdido aproximadamente un 4% de poder adquisitivo. La acumulación desorbitada de ganancias empresariales se edifica sobre la explotación y la exclusión sociales.
La temporalidad, la precariedad y la siniestralidad laboral siguen siendo el rasgo más definitorio del mercado laboral español, un mercado que condena a la mayoría de los ciudadanos, en especial a las mujeres y a los jóvenes, a salarios de miseria, a horarios interminables, a un mayor número de accidentes y a un futuro laboral incierto, consolidando la exclusión y la explotación infame de la mano de obra inmigrante.
A estos fenómenos tradicionales en el mercado laboral español, la crisis añade los famosos expedientes de regulación de empleo (EREs), práctica que se está generalizando en sectores productivos tradicionalmente potentes, despidos masivos en grandes empresas que reciben subvenciones estatales por permanecer en nuestro país, sin que se cumplan las promesas de permanencia (SEAT y NISSAN entre otras), emigrando a otras latitudes en las que la obtención de plusvalía sea más fácil. El marco legal emanado de los consensos parlamentarios y de la paz social posibilitan los despidos masivos sin que UGT y CCOO muevan un dedo. Las subvenciones o la decencia; la burocracia sindical ya eligió hace tiempo su catálogo de valores.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha puesto en el centro de sus prioridades políticas una mayor estabilidad y seguridad en el empleo, mostrando más interés en bonificar a las grandes empresas y fortunas con la reducción del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como la desaparición del impuesto sobre el patrimonio. Mientras las grandes rentas disfrutan de ayudas ilimitadas, el pueblo llano sufre la subida de precios a través del IVA en los productos de primera necesidad y el estado se queda sin fuentes de financiación en una etapa tan delicada. Cuando uno acepta la deriva derechista del modelo comunitario pueden pasar estas cosas.
Eso sí, no hay izquierda más allá del PSOE, ladran los intelectuales orgánicos del progresismo. Detrás de la propaganda casposa de la socialdemocracia política y mediática se esconde una dura y triste realidad: ni el PSOE ahora, ni el PP mañana salvarán a la población de la crisis. El modelo económico que han defendido y defienden se lo impide.
El nivel de gasto social en nuestro país (20% del PIB) es manifiestamente inferior al del conjunto de países que forman la Unión Europea (28%). El incremento del desempleo, la pérdida de poder adquisitivo de las rentas del trabajo y las insuficientes coberturas sociales para los colectivos desfavorecidos, la casi inexistencia de construcción de vivienda protegida por parte de las diferentes administraciones completan el cuadro del análisis del sistema neoliberal español.
Mientras que los trabajadores y los ciudadanos sufren los efectos de esta crisis, el Gobierno del PSOE, con el apoyo parlamentario del Partido Popular y de la derecha nacionalista, ha aprobado un enorme plan de rescate para salvar precisamente a aquellos que han provocado la crisis entre los que se encuentran la banca y el gran capital. Además por si esto fuera poco, los Presupuestos Generales del Estado para 2009, aprobados la semana pasada por el Congreso, recogen un aumento de las subvenciones a los partidos políticos del 4,2%. Es decir, casi 1,5 puntos por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) que prevé actualmente el Gobierno para el próximo año tras la caída del petróleo.
El Gobierno se negó también a detallar los sueldos de los ministros, a pesar de estar vigente una Ley de incompatibilidades que obliga al Gobierno a explicar minuciosamente estas partidas presupuestarias. ¿Qué tiene que esconder el PSOE?
Con estas vergonzantes e indecentes medidas los burócratas del social-liberalismo pretenden blindar sus privilegios. Que se aprieten el cinturón otros, debe ser el lema inconfesado en la calle Ferraz.
El PP por su parte sigue tambaleándose, sin discurso alternativo atractivo que ofrecer. Lógico, el PSOE le ha robado el programa político y económico. Siguen huérfanos de liderazgo y de discurso propio.
Ante estas realidades, la izquierda política y social, organizada en el seno de Izquierda Unida, viene proponiendo una serie de medidas concretas entre las que sobresale la propuesta de un modelo económico y de desarrollo social que cuestione el neoliberalismo con la introducción de la planificación democrática de la economía. Ha quedado demostrado, por enésima vez, que el mercado no regula ni produce la igualdad ni los medios necesarios para la subsistencia de la mayoría de la población, por ello es de justicia una planificación que establezca los mecanismos en los que estén cubiertas las necesidades básicas de alimentación, salud, educación y trabajo de la mayoría del país.
También deviene urgente el establecimiento de sectores públicos estratégicos que garanticen el funcionamiento de los servicios a los ciudadanos desde condiciones asequibles y objetivas, tomando como prioridad el bienestar social y no la tasa de beneficio, entre los que destacamos el sector de transportes y comunicaciones, la planificación del suelo, la educación, sanidad y alimentación; el establecimiento de la jornada laboral de las 35 horas sin reducción salarial; la estabilidad y la seguridad en el trabajo con los mismos derechos para todos los trabajadores y trabajadoras. Esto se traduce en servir a la mayoría social, tomar partido por la mayoría de la población española, y no por una parte ínfima de la misma. Para afrontar estos retos, apostamos por una propuesta federal y solidaria sobre la financiación de las instituciones, dando prioridad a los ayuntamientos, terminando con la centralización en las comunidades autónomas avanzando progresivamente hacia la segunda descentralización en beneficio del poder local.
Todas estas propuestas están ausentes en los planteamientos de los diferentes gobiernos (central, autonómicos o entes locales) mientras que la ciudadanía asiste con incredulidad al fracaso generalizado del moderno capitalismo salvaje, hijo predilecto del nuevo orden mundial de Washington.
Por ello sigue plenamente vigente el programa de transformación que dio lugar al nacimiento de Izquierda Unida, y por ello sigue siendo tan importante la existencia y fortalecimiento de un espacio político sin el que no hay esperanza ni futuro posible para cambiar de mundo desde la izquierda.
* César Vilar es Coordinador local de Esquerra Unida del País Valenciá-Izquierda Unida de Sant Joan d´Alacant.
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