Conceden el primer premio Cortes de Cádiz a la libertad a Álvaro Uribe, presidente de un gobierno vinculado al narcotráfico, el paramilitarismo y el t

inSurGente (Y.C.).- Ha sido por unanimidad de todos los miembros del Jurado, entre quienes estaban la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río. El Premio “pretende homenajear a las personas o Instituciones públicas o privadas que se hayan caracterizado por la profundización, difusión y extensión de la Libertad en el ámbito iberoamericano”. Este es el motivo por el cual han elegido al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, como la persona apropiada para ser distinguida con este premio. Es el presidente de un país donde cada año son asesinados miles de campesinos, indígenas, sindicalistas y activistas de derechos humanos y sociales, con total impunidad y participación activa de parte de las estructuras políticas y militares del Estado. Desde el año 1991 y para que sirva como una pequeña muestra de lo que sucede en Colombia, se han documentado 2.245 asesinatos, 3.400 amenazas de muerte y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas.


Es, además, el presidente de un Gobierno que está siendo investigado por sus nexos evidentes con el paramilitarismo y con crímenes de lesa humanidad. Sirva también como un botón que la Corte Suprema de Justicia de Colombia tiene enjuiciado a un amplísimo número de senadores vinculados a la coalición del gobierno y a miembros destacados de organismos del Estado por representar, haber recibido financiación y colaborar expresamente con la actividad criminal de los paramilitares.

Documentos divulgados en la página de internet de National Security Archive, una organización independiente perteneciente a la Universidad de George Washington, constatan que las fuerzas de seguridad de Colombia cooperaban desde 1994 con grupos de paramilitares, realizando ejecuciones extrajudiciales y ayudándoles en acciones de narcotráfico. Producto de la política de Uribe son también los desplazamientos masivos de poblaciones enteras con el fin de expropiarles las tierras para dedicarlas al cultivo de los biocombustibles o entregarlas a la expoliación de multinacionales extranjeras, entre ellas algunas españolas.

Los miembros del Jurado, entre los que destacan también el Catedrático de Derecho Constitucional, José Luis García Ruiz, y el Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Miguel González Saucedo, han tomado esta decisión obviando igualmente las innumerables condenas nacionales e internaciones que se llevan a cabo por parte de asociaciones y organizaciones de derechos humanos –incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, colectivos sociales e intelectuales contra el gobierno de Álvaro Uribe así como han pasado por alto el dolor y las denuncias de las miles de víctimas existentes.

Parece que el hecho de que todos los poderes institucionales y empresariales hayan estado representados entre los que conceden el premio, evidencia la oficialidad de la coincidencia política, ideológica y económica que tiene España con el gobierno paramilitar de Álvaro Uribe.